Coahuila no tuvo alternancia en el gobierno, pero en el Congreso terminaron casi 90 años de hegemonía priista. Los diputados de la LXI legislatura pueden ser por primera vez protagonistas y no apéndices del gobernador como lo fueron sus predecesores, sobre todo en los sexenios de Humberto y Rubén Moreira. El primero endeudó a Coahuila sin autorización, pero sus diputados legalizaron el atropello. El segundo suplantó al legislativo para imponer leyes y reformas a su arbitrio y embriagarse de poder. Con un Código Electoral manipulado y autoridades comiciales subordinadas, el PRI y los Moreira dominaron por 12 años el Congreso y redujeron al máximo la presencia de las oposiciones reales.
El PRI conservó el gobierno tras unas elecciones impugnadas y una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación controvertida, pero la pérdida del Congreso dio como resultado el primer gobierno dividido en el estado. Miguel Riquelme deberá lidiar con esa situación en los tres próximos años y consensuar su agenda con las oposiciones, pues ninguna de las fuerzas representadas en la legislatura tiene por sí sola mayoría absoluta.
El gobernador sintió desde el 1 de enero el rigor de una legislatura donde su partido tiene 10 diputados y las demás fuerzas suman 15 (nueve el PAN, tres Unidad Democrática de Coahuila, dos Morena y una el PRD). Un mes antes, en el Congreso donde rindió protesta, las bancadas del PRI y sus satélites representaban 20 votos, más de la mayoría calificada para reformar la constitución. El PAN ocupaba cuatro asientos y UDC uno.
La composición de la LXI legislatura refleja el enfado de los coahuilenses por los excesos, el autoritarismo y la concentración del poder de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, así como un deseo de cambio en la conducción política del estado. También recoge el creciente clamor ciudadano para atacar la corrupción y la impunidad; investigar la deuda y castigar a los responsables de su contratación irregular, a quienes se enriquecieron ilícitamente y a los operadores de las empresas fantasma, a las cuales se desviaron 410 millones de pesos, según el informe de la Auditoría Superior del Estado publicado el 28 de diciembre pasado en su página web. El Congreso recibió el documento el 7 de agosto, pero prefirió mantenerlo en secreto para proteger al gobernador.
Los diputados de oposición tienen la oportunidad de hacer efectiva la separación de poderes, propia de la democracia representativa, si convierten al legislativo en contrapeso del ejecutivo. Sin embargo, existe el riesgo de que algunos sean atraídos por el gobierno. Durante la instalación de la nueva legislatura, Marcelo Torres y Emilio de Hoyos, coordinadores de las fracciones parlamentarias del PAN y UDC, ratificaron su alianza. Difícilmente los diputados de Morena se unirán al PRI, pero sí podría hacerlo la representante del PRD; en tal caso, el partido del gobernador solo tendría un voto más, lo cual no modificaría el escenario actual.
Un caso parecido se presentó en 1996, cuando el PRI perdió nueve de las 20 diputaciones de mayoría relativa y obtuvo cuatro de representación proporcional para totalizar 15 de 32 en la LIV legislatura. Sin embargo, en una maniobra demasiado onerosa para el estado, el gobierno captó a los dos diputados del Partido Cardenista para tener mayoría absoluta. Hoy las circunstancias son distintas, pues el PRI solo controla el 40% del Congreso.
Humberto Moreira (HM) no empezó con una legislatura cómoda, a pesar de tener una mayoría del 57%. En 2005, como jefe del PRI y candidato a gobernador, perdió los cuatro distritos de Torreón, además de la presidencia municipal. Lo mismo le sucedería a Miguel Riquelme 12 años después, no obstante haber sido alcalde de la metrópoli lagunera. En su primer informe ante el Congreso, en 2006, HM fue interpelado por la fracción parlamentaria del PAN. El mandatario se ofuscó y en una conferencia de prensa despotricó contra el presidente Felipe Calderón.
Desde entonces dejó de comparecer ante la representación popular. Los cuatro informes posteriores los envió al Congreso por escrito, y por separado montaba “talk shows” a los que solo invitaba a funcionarios, empresarios y aliados del gobierno. En sus “informes de resultados”, HM siempre omitió temas incómodos como el de la deuda, la cual, al final de su gestión, rebasó los 36 mil millones de pesos. Las oposiciones no tenían acceso a esas ceremonias, organizadas para el lucimiento del gobernador. El punto culminante ocurrió en noviembre de 2010, cuando HM tuvo entre sus invitados a Enrique Peña Nieto, quien lo convertiría después en presidente del PRI.
En la LVII legislatura, primera en el sexenio de HM, estuvieron representados seis partidos. De los 35 diputados, 20 eran del PRI, nueve del PAN, dos del PRD, dos de UDC, uno del Partido Verde y otro del Partido del Trabajo. Esa composición y pluralidad redujeron el margen de maniobra del gobernador para manipular al Congreso. Sin embargo, en las elecciones intermedias (2008) el PRI hizo carro completo. Ganó los 20 distritos y obtuvo un diputado de representación proporcional (plurinominal), con lo cual controló el 70% de la legislatura, cuyo número de integrantes se redujo a 31 por una reforma constitucional. El PAN obtuvo siete diputados plurinominales; UDC dos y el PRD uno.
Una vez con mayoría calificada, el gobierno tuvo manos libres para endeudarse, pero aun así lo hizo sin la autorización del Congreso. El mayor monto de créditos se contrató entre el cuarto y el quinto año del gobierno de HM, pero no fue registrado ante la Secretaría de Hacienda. En 2008, Coahuila debía mil 831.9 millones de pesos, pero al cierre de 2011 los pasivos se dispararon a 36 mil 509.6 millones, según el Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios que la Auditoría Superior de la Federación presentó en 2012 a la Cámara de Diputados.
El escándalo estalló a mediados de 2011, cuando HM ocupaba ya la presidencia del PRI, el gobernador interino era Jorge Torres López y Rubén Moreira hacía campaña para suceder a su hermano. Al descubrirse que una parte significativa de los créditos se adquirió con documentos falsos y que solo una porción estaba registrada ante Hacienda, la mayoría priista en el Congreso local legalizó y reestructuró la deuda para salvar a su jefe político.
El desequilibrio de poderes —el Judicial también es controlado por el ejecutivo— no solo tiene consecuencias políticas, sino también económicas y sociales. Uno de los mayores lastres del estado y de la administración de Miguel Riquelme es la megadeuda, en proceso de renegociación. Según el gobernador, la reestructura ahorrará hasta 700 millones de pesos anuales, los cuales se destinarán a inversión pública.
Rubén Moreira (RM) entraba al Congreso como a su despacho. Todas sus iniciativas fueron aprobadas, excepto la reforma al Código Penal del Estado que pretendía despenalizar el aborto. El PRI y sus adláteres contaban con los votos suficientes para imponer su mayoría, pero la presión de organizaciones ciudadanas y la opinión del entonces gobernador electo, Miguel Riquelme, impidieron que la propuesta se convirtiera en norma.
RM rindió protesta el 1 de diciembre de 2011 en medio de protestas, dentro y fuera del Congreso, donde las oposiciones ocupaban 10 asientos (siete el PAN, dos Unidad Democrática de Coahuila y uno el PRD), por la deuda de 36 mil millones de pesos y otros escándalos en el gobierno de su hermano Humberto. Un mes después, cuando el gobernador volvió al recinto para la instalación de la LIX legislatura, las cosas habían cambiado: el PRI y sus aliados ocupaban el 87% de las curules (22). La oposición, con solo tres asientos (dos el PAN y uno UDC), fue prácticamente eliminada por un Código Electoral y un Instituto Electoral diseñados para favorecer al gobierno y a su partido.
Para ampliar el dominio del gobernador sobre el Congreso y minimizar el impacto de las fracciones parlamentarias, críticas al entonces incipiente moreirato, la Constitución local fue reformada a partir de 2007 a efectos de: 1) separar las elecciones de diputados de las de alcaldes y hacer menos competitivas las primeras, 2) reducir de 35 a 31 el número de escaños (las cuatro suprimidas fueron de representación proporcional), 3) disminuir de 20 a 16 los distritos electorales y de 11 a nueve las diputaciones plurinominales.
En la LIX legislatura —primera en el sexenio de RM—, líderes priistas como Víctor Zamora, Francisco Dávila y María Guadalupe Rodríguez fueron diputados bajo las siglas de los partidos Verde, Primero Coahuila y Nueva Alianza. El artificio le permitió al PRI, además de hacerse con las 16 diputaciones de mayoría, obtener dos más de representación proporcional. Por esa misma vía, el Verde, Nueva Alianza, Primero Coahuila y el Partido Social Demócrata le sumaron otros cuatro votos.
Con esa aplastante mayoría, RM acudió al Congreso y reformó la constitución cuantas veces quiso, además de guardar la deuda bajo siete llaves. Aun así, el PAN, con solo dos diputados, lo puso en aprietos en más de una ocasión. Durante su tercer informe, cuando Fernando Gutiérrez pidió transparentar el endeudamiento, Moreira propuso una comisión legislativa para revisar el caso. El comité se creó, pero jamás dio resultados.
En las elecciones de 2014, el PRI volvió a hacer carro completo en los 16 distritos, pero una reforma federal le impidió acceder a diputaciones de representación proporcional. El PAN impugnó la distribución de curules bajo ese principio y logró que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le concediera dos asientos más para sumar cuatro en la LX legislatura donde el PRI, con 16 diputados propios y cuatro de partidos satélites, volvió a exceder la mayoría calificada al controlar el 80% del Congreso.
El gobernador Miguel Riquelme rindió protesta el 1 de diciembre pasado ante la misma legislatura, con la ausencia de los diputados del PAN. Un mes después, atestiguó la instalación del primer Congreso de mayoría opositora. En los comicios del 4 de junio pasado, su partido perdió nueve de 16 distritos, seis con el PAN y tres con UDC. El PRI obtuvo tres diputaciones plurinominales, el PAN tres, Morena dos y el PRD una. El Congreso tiene nuevo rostro.