Con una reforma constitucional histórica y transformadora, los legisladores hemos diseñado un nuevo modelo para la viabilidad energética de México en el siglo XXI.

Ahora, a punto de aprobar las leyes secundarias para ponerla en práctica, las preguntas que todo mexicano se hace son:

¿Por qué hemos iniciado este ambicioso proceso de transformación, que habrá de terminar con monopolios estatales en el sector energético?

¿Por qué decidimos establecer nuevas estructuras industriales en materia de petróleo, gas natural y electricidad?

¿Por qué es necesaria la competencia en los mercados de productos finales y por qué alentamos la inversión privada en estas industrias?

¿Qué buscamos con todas esas reformas?

La respuesta es contundente:

Porque —con un gran sentido de responsabilidad— debemos dotar al Poder Ejecutivo de todos los instrumentos a nuestro alcance para incrementar el ritmo de crecimiento económico y elevar la productividad de nuestro país.

Sobre todo, porque eso significa más empleos y mejor calidad de vida para los mexicanos.

Las nuevas leyes plantean el rediseño y la creación de nuevas instituciones; acotan la intervención directa del gobierno federal, sustituyéndola con un marco regulatorio moderno; fortalecen el papel y la autonomía de los entes reguladores; establecen operadores independientes de las redes de transmisión, transporte y distribución; y determinan nuevas estructuras y procesos de gobierno corporativo para Pemex y la CFE.

La entrada de nuevos actores a la industria nos ha exigido decisiones fundamentales, claras, explícitas, consistentes y predecibles.

Que nadie se confunda. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad continuarán siendo actores dominantes, propiedad exclusiva del Estado. Ninguno de sus activos existentes será vendido a particulares.

En un discurso sesgado, mal informado o francamente malicioso, lo que no han querido reconocer nuestros compañeros legisladores de la así llamada “izquierda”, es que el establecimiento de un nuevo régimen petrolero —con sus propias instituciones, actores, reglas de comportamiento y políticas públicas—, así como el desarrollo de un mercado de electricidad, constituyen retos que trascienden el objetivo específico de atraer inversión extranjera al sector.

La transformativa reforma energética, es parte de un conjunto más amplio de iniciativas de reforma sectorial que atinadamente ha impulsado del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

¿Y por qué una reforma energética hoy?

Es muy claro: por la caída sustancial de la producción y de las exportaciones de petróleo crudo, en el contexto del reciente crecimiento de la producción de petróleo y gas natural en el resto de Norteamérica.

La producción de petróleo crudo ha caído de manera sostenida desde 2004, descendiendo en cerca de un millón de barriles diarios a lo largo de los últimos diez años.

Las exportaciones netas alcanzaron su nivel máximo de 1.8 millones de barriles diarios en 2003 y, diez años después, este volumen había descendido a menos de 800 mil barriles diarios.

En México, la producción neta de gas natural ha permanecido estancada. El aumento de las importaciones ha sido insuficiente para hacer frente a una creciente demanda, debido a problemas en la infraestructura logística y a las restricciones en la capacidad de transporte de la red de gasoductos.

Precios, tarifas y costos poco competitivos en materia de electricidad limitan el crecimiento de la industria manufacturera.

Prevalece en el sector energético una condición de crisis constante, debido a problemas de gobernanza y de gestión.

Hay un cambiante contexto energético de Norteamérica, que debe ser analizado y comprendido a cabalidad.

Por ello, debemos subrayar la importancia de la reforma eléctrica para el desarrollo de la industria manufacturera mexicana. La reducción de costos y tarifas en la industria eléctrica, así como la expansión de las redes de transmisión y distribución, tendrán un impacto positivo directo e inmediato sobre la competitividad de la industria mexicana.

En el Grupo Parlamentario del PRI hemos analizado con cuidado las perspectivas previsibles a más largo plazo.

La exploración en aguas profundas y ultra profundas en el Golfo de México, así como el desarrollo de recursos no convencionales en el norte de México y en Chicontepec, podrían revertir las tendencias actuales a la baja de la producción de petróleo crudo y gas natural.

Sin embargo, el ritmo al que la producción aumente dependerá, en gran medida, de los resultados que podamos dar hoy nosotros, los legisladores y legisladoras aquí presentes.

Los mexicanos que atestiguan este debate histórico también se preguntan, con toda razón: ¿Y qué hay para mí en esta reforma?

La respuesta, sin duda, es que incidirá en forma positiva en la vida cotidiana de los mexicanos en, al menos, seis aspectos:

Primero, en la seguridad energética. México estaba en camino de convertirse en un importador neto de energía. Ahora, estaremos en condiciones de garantizar un abasto energético confiable, a precios competitivos y en un horizonte de tiempo mucho más amplio, contribuyendo así a un clima de mayor estabilidad social.

Segundo, en la inversión social. Al establecer las condiciones para generar mayores recursos presupuestales destinados al gasto público, se apoyará el desarrollo del país y el bienestar de la población en áreas esenciales como salud y educación pública. Fortaleceremos el ahorro interno de largo plazo y la inversión estratégica del país.

Tercero, en la generación de empleos.  Por un lado, la inversión privada traerá consigo la generación de miles de nuevos empleos a lo largo de toda la cadena de valor del sector energético. Y, por otro lado, esta misma inversión necesariamente tendrá un efecto multiplicador en el resto de la economía mexicana, al generar una creciente demanda de productos y servicios asociados a dicho sector.

Cuarto, en el aumento de la competitividad industrial y en la creación de aún más empleos. Con la reforma podremos fortalecer la competitividad industrial de México, gracias al suministro de recursos energéticos a precios más bajos. Así podremos generar un número potencialmente aún mayor de empleos en otros sectores industriales y de servicios.

En quinto lugar, en la formación y captación de talento. La reforma energética está directamente vinculada a la economía del conocimiento. Con ella vamos a ampliar el panorama educativo para miles de jóvenes estudiantes mexicanos, quienes ahora tendrán un mayor incentivo para enfocar sus estudios técnicos y universitarios en áreas relacionadas con la industria energética.

Y en sexto lugar, el beneficio será para el campo. Más fertilizantes a un costo menor para apoyar la producción agroalimentaria. La reforma protege a nuestros campesinos, propietarios y poseedores de terrenos al crear mecanismos que protegen sus derechos.

En suma, la reforma energética nos plantea la posibilidad de impulsar un mayor crecimiento económico, que a su vez se deberá traducir en mejores condiciones de vida y en nuevas oportunidades de bienestar para los mexicanos.

Todo este trabajo inicial es sólo el principio de una largo camino que exige estrategias bien diseñadas y —por supuesto— la máxima excelencia en su ejecución.

Las reformas requerirán una estrategia de instrumentación y comunicación cuidadosamente diseñada, un claro sentido de dirección, enfoque, disciplina y responsabilidad, en donde la única constante será el cambio con un rumbo bien definido.

Con la reforma energética, el PRI demuestra su compromiso con el avance de México y con el ideal de justicia social para toda la sociedad mexicana.

En el PRI reconocemos la visión, la valentía política y el incuestionable liderazgo del Presidente Enrique Peña Nieto, para marcar el rumbo que orientará el avance energético de México en las décadas por venir.