De los objetivos de gobierno que ha establecido el presidente López Obrador, es innegable que su prioridad por los pobres es inobjetable, pero frágil.
Dentro de unas semanas su empeño ya no se podrá limitar en los 22 millones de mexicanos que actualmente documentan sus discursos porque forman parte de los programas asistenciales del régimen y que van desde los adultos mayores, pasando por los jóvenes estudiantes y “aprendices con salario mínimo”, algunos microempresarios y unos cuantos agricultores pobres para mostrar la diversidad de su proyecto social.
Una vez que se levante la cuarentena impuesta por la pandemia del COVID – 19, esa cifra se habrá incrementado y tendrá que ver por más de los 52. 4 millones de pobres que se registraron el año pasado y que el CONEVAL consideró que representaban al 42 por ciento de la población total del país.
Habrá más, muchos más, pero los recursos presupuestales disponibles en el país serán escasos para cubrir las necesidades esenciales de la administración pública para lo que resta del año y, cuando menos, de 2021 y 2022.
A partir de julio será evidente la insuficiencia del programa de rescate económico basado en inversión en obras públicas faraónicas, utilización de los ahorros del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios junto con los recursos de los fideicomisos, honestidad y austeridad republicana.
El problema se agravará porque, junto con la pobreza, aumentará la economía informal ya que muchos ciudadanos enfrentarán la pérdida de sus empleos; de tal manera que los ingresos presupuestales no alcanzarán para satisfacer los beneficios que, por ahora, se destinan a las dos quintas partes de la población mexicana.
Para dimensionar la profundidad y dimensión del problema económico que viene, basta decir que entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346 mil 878 empleos, una cantidad más amplia de todas las fuentes de trabajo que se generaron a lo largo de 2019.
Si se considera que al término de la emergencia la comunidad internacional será un respaldo la reactivación económica, es un gran error. Estados Unidos y Canadá, nuestros socios en el T-MEC buscarán solucionar sus problemas internos antes que restablecer los flujos comerciales; sobre todo cuando en Washington ven con preocupación que el desempleo crece a tasas aceleradas y en América Latina la desocupación supera los 130 millones, de acuerdo con la OIT.
En el supuesto de que el plan emergente del presidente López Obrador lograra contener los principales efectos de la paralización económica, hay evidencia de que muchos mexicanos -alrededor del 20 por ciento de los que salen del mercado formal- preferirán la informalidad porque ahí no pagan impuestos, reciben beneficios públicos y sus ingresos son más elevados, aunque carezcan de prestaciones o jornadas regulares.
Los ingresos presupuestales, en consecuencia, contarán con menos recursos y se afectará el modelo de desarrollo nacional y, aunque no sea el objetivo, se cerrarán las expectativas para el progreso social, en un ambiente cada vez más inseguro para la inversión y la convivencia.
En consecuencia, no habrá dinero suficiente para todos los pobres
Y si la práctica política de ofrecer bienestar a los pobres se amplía para subsidiar también a los informales, la insuficiencia de recursos será un problema adicional de difícil solución.
Hasta ahora, no tenemos una hoja de ruta que muestre cómo se enfrentará lo que viene después de la contingencia sanitaria y que, muy probablemente, no dejará margen para apoyar a los pobres ni para los demás mexicanos que lamentablemente se sumarán al desamparo.
@lusacevedop
