Padrón público de las empresas de subcontratación

El Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), empresas y sindicatos llegaron esta semana a un acuerdo sobre outsourcing (subcontratación) y reparto de utilidades, lo que significa una magnifica noticia para un gran número de trabajadores que están en ese esquema y son marginados de muchos de sus derechos laborales.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde dijo que los acuerdos alcanzados comprenden: la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica dominante de la empresa contratante, el registro ante la Secretaria del Trabajo y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.

En lo que se refiere al reparto de utilidades se estipularon la creación de dos modalidades para el cálculo de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), para evitar principalmente posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital.

El esquema de terciarización para la contratación de empleados ha sido usado por muchas empresas y en ciertos sectores de la actividad económica, como en el sector bancario y de servicios financieros, y se ha abusado de esta figura en detrimento del bienestar laboral de los trabajadores.

La subcontratación de empleados, conocida outsourcing, se incluyó en la Ley Federal del Trabajo en el 2012. Se trata de un mecanismo que permite la tercerización de servicios con el reclutamiento de personal a través de una empresa ajena a la compañía donde se va a laborar.

Ahora que el Congreso Federal deberá aprobar la iniciativa presidencial referente al outsourcing y que el Gobierno de la 4T está decidido a “poner orden” en esta materia, bien vale que la autoridad revise qué está pasando en el sistema financiero de México, porque se dan casos en que los mayores bancos que operan en el país (nacionales y extranjeros) solo cuentan, oficialmente, con un solo empleado: el director general; el resto es subcontratado.

Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que preside Juan Pablo Graf revela que, al cierre de septiembre del 2020, el 49 por ciento de los empleados de la banca privada laboran por outsourcing, y se trata de un sector que año tras año obtiene grandes utilidades, a las que sin duda contribuye la cancelación de los derechos de sus trabajadores.

Las cifras de la CNBV señalan que, en el noveno mes del año pasado, los 51 bancos que operaban en el país registraron un total de 255 mil 984 empleados, de los cuales 125 mil 437 laboraban bajo el esquema de tercerización y en un año el número de empleados bancarios contratados por outsourcing creció 18.7 por ciento.

La subcontratación ha crecido en el sector bancario de una forma espectacular, en 2005 el informe anual de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportaba que en el caso de Bancomer (ahora BBVA) el 58 por ciento de su personal era de confianza y 42 por ciento estaba sindicalizado (todos en la nómina de la firma financiera), pero 15 años después prácticamente 100 por ciento (salvo el director general) labora vía outsourcing.

Otras instituciones financieras como son Inbursa de Carlos Slim, Scotiabank de origen canadiense, Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego, la totalidad de los empleados se encuentra contratados por terciarización.

Entre Banco Azteca y el banco de origen español BBVA concentran el 62 por ciento del total de los empleados contratados por outsourcing.

Muchas veces los trabajadores reclutados en las instituciones financieras por terciarización firman contratos por once meses con una empresa diferente al banco donde laboran, al vencerse el plazo y les hacen signar otro acuerdo laboral, pero con otra compañía diferente esto con el fin que los empleados no se les liquide y no creen antigüedad.

La banca de desarrollo, es decir, las instituciones financieras del Estado mexicano, que está conformada por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional del Ejército (Banjército), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Sociedad Hipotecaria Federal, Fuerza Aérea y Armada, Banco del Bienestar y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero (FND) no son la excepción al tener empleados reclutados bajo el esquema de subcontratación.

El Banco del Bienestar ha erogado en contratos con empresas de outsourcing, un total de 463 millones de pesos en lo que va del 2020, un incremento de 55 millones con respecto a lo ejercido en este renglón en el 2019.

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, la cual tan sólo en un contrato con vigencia de agosto del 2019 a diciembre de 2020 pagará 670 millones de pesos para la subcontratación de casi mil empleados en todo el país que promueven los programas de financiamiento agrícola del gobierno federal.

Es evidente que el outsourcing, como un modelo de negocio fue prospero en los últimos años. El número de empresas que ofrecen este servicio ronda en 2000, pero podrían ser mucho más por la simulación existente en el mercado (outsourcing ilegal), razón por la que esta cifra no resulta confiable. Para medir su impacto, es mejor recurrir al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y considerar el número de empleados que laboran bajo el esquema de subcontratación, cantidad que para 2019 era de más de 4.6 millones de empleados, 3.3 veces más que en 2004, como se puede observar en la siguiente gráfica:

Outsourcing
Outsourcing (Cortesía)

Datos estadísticos:

2004: 1,399,263

2009: 2,732,247

2014: 3,578,247

2019: 4,685,356

La Ley para regular el outsourcing es una gran noticia para miles de trabajadores que laboran bajo ese injusto esquema que solamente favorece a las grandes empresas.