Este martes apareció en el diario El Financiero una columna de Carlos Mota donde se narra un encuentro reciente entre Enrique Peña Nieto y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), en el que los algunos de los empresarios más influyentes del país le habrían expresado al presidente su preocupación por los buenos números que mantiene Andrés Manuel López Obrador rumbo a la elección presidencial del año que entra. 

De acuerdo con esta versión, el CMN pidió la implementación de mecanismos (el autor recalca que dichos mecanismos serían “legales, por supuesto”) para evitar la llegada a Los Pinos del dos veces candidato presidencial, quien es también el político más popular de este siglo y posiblemente el más atacado por las instituciones desde la Revolución Mexicana.

Si resulta cierta la reunión EPN-CMN, una vez quedará expuesta la realidad de la democracia mexicana, donde existimos los electores y existen los grandes electores, con línea directa al presidente y con el poder económico suficiente para subyugar a los intereses de la política nacional, tal como hicieron hace once años cuando los tribunales electorales los encontraron culpables pero no punibles de romper la equidad en las campañas.

Vale recordar que el empresariado divulgó en aquel 2006 un spot cargadísimo de ideología neoliberal donde se veía a un niño con un billete de 20 pesos, dinero que había ganado por hacer 20 mandados, y una voz le plantea: “¿Y si te digo que hubo una devaluación y que tus 20 pesos ya sólo valen 10?”, pregunta que el niño no logra entender no por su edad, sino porque nació en un México sin devaluaciones. Ese niño, ahora un hombre en edad de acudir a la universidad, puede constatar en 2017 la realidad económica emanada de ese continuismo en las políticas económicas, donde el peso perdió más de la mitad de su valor en cuatro años y ahora apenas logra recuperar un poco del terreno perdido. Ironías de la vida y de la publicidad engañosa. 

Ahora bien, el mecanismo “legal, por supuesto” mencionado en la columna parece alejado de la legalidad o, en todo caso, terriblemente falto de ética. Según Mota, los asistentes sugirieron que se debe corregir la metodología con que se mide el crecimiento del Producto Interno Bruto para, pues, inflar el dato. 

El CMN no entiende cómo puede registrarse una generación histórica de empleo y un consumo interno vigoroso sin que esto se refleje en un incremento del PIB. Por supuesto, ignoran o quieren ignorar que la gran mayoría de los empleos generados son precarios, con un salario de entre uno y tres salario mínimos, y que el consumo interno mantiene su dinamismo gracias a las remesas enviadas desde Estados Unidos, por lo que dichos fenómenos no parecen impactar el crecimiento del PIB en la medida que ellos esperan.

Pero, más allá de eso, cambiar la metodología o de plano cucharear los estudios para mostrar una realidad distorsionada, en la que los sexenios de Calderón y Peña Nieto han arrojado buenos resultados en materia económica, raya en lo ilegal. Ya sabemos que hacen sus encuestas electorales a modo para inflar a ciertos candidatos, pero ¿no es una desvergüenza inflar también datos que luego se presentarán ante organismos internacionales? ¿A ese extremo llega el empresariado mexicano?

Una pregunta más: si se atreven a plantearle al presidente, así tan chabacanos, esta alteración tan flagrante, ¿también alteran sus datos ante la BMV o ante el SAT para sacar provecho? La pregunta está llena de retórica, pero la respuesta parece más que obvia.

La opinión pública debe exigir al Consejo Mexicano de Negocios y al presidente Enrique Peña Nieto (con la misma energía con la que Enrique Ochoa pide renuncias a diestra y siniestra, apunta con un poco de mala leche el que esto escribe) que aclaren si existió tal reunión y, más importante, si el Ejecutivo planea variar la medición del PIB, lo que pondría en riesgo el prestigio de la economía mexicana.