Es cierto que el país tiene muchos desafíos. Combatir la pobreza y la corrupción, los niveles tan lacerantes de desigualdad, la asimetría entre el norte y el sur, la falta de representación de las instituciones democráticas, son algunos. 

Sin embargo, eso no puede invisibilizar los avances de los últimos años. Y uno de ellos es, sin duda, que tenemos órganos públicos capaces de medir adecuadamente la labor de los gobiernos y los retos sociales. El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), es un claro ejemplo. 

Para muchos, los datos del Coneval son de referencia necesaria. Durante muchos años el equipo que encabezó, hasta este lunes, Gonzalo Hernández Licona supo innovar en metodologías, nuevas formas de medir la pobreza y darnos una fotografía de las carencias que enfrentan millones de ciudadanas y ciudadanos.     

Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón se molestaron porque las cifras no coincidían con su retórica gubernamental. Mientras ellos decían que el país se desarrollaba, el Coneval nos alertaba del incremento tan dramático de la pobreza en 2010, 2012 y 2014. 

Los gobiernos siempre quieren controlar los datos y la autonomía del INEGI -y la que debería tener el Coneval- sirven para evitar eso. 

Al Presidente de la República no le gusta que lo contradigan. Por ello le tiene tanta aversión a las instituciones autónomas. En apenas siete meses de su mandato,  López Obrador se ha ido contra todas aquellas que ejercen cabalmente su autonomía.    

Primero fue contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego se empeñó en desacreditar al Instituto Nacional Electoral y hasta rechazó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, además, la descalificó. Algo que ni el PRI de Peña se atrevió a hacer.  

Ahora, el atacado es el Coneval. Su titular fue removido por osar ser crítico con la política de austeridad del Gobierno Federal. Es lamentable la intolerancia de quienes se ostentan como portadores de una transformación histórica. 

Hay que estar atentos para impedir que el Presidente siga con esa ruta de debilitar, vulnerar, atacar y en algunos casos desmantelar espacios e instituciones que son muy importantes para la democracia. Hoy es el Coneval, pero mañana pueden ser las universidades, los tribunales o los órganos electorales. 

En esa deriva podemos terminar en un régimen autoritario en donde nos tengamos que tragar los datos oficiales sin debatir. Tanto tiempo que tardamos en quitarle al Gobierno su manipulación de los datos. No vayamos por una ruta que sabemos que acabará mal. 

Todos los que han luchado por fortalecer la democracia en el país deben pugnar por proteger las instituciones que sí funcionan bien, que sirven y se volvieron confiables en menos de dos décadas. Tenemos pocos casos de éxito. El Coneval es una de ellos. 

Sin embargo, ahora, cualquier dato que publique el Coneval podrá tener una lectura política o de lealtad del nuevo director a los designios presidenciales.         

El cambio no se puede hacer en los escombros de lo destruido. Nadie quiere el desastre y el Presidente tiene que garantizar que los órganos autónomos operen con independencia del poder político. Si no, la regresión puede llevarnos a años que pensamos olvidados.