Vivimos tiempos caracterizados por la desconfianza, donde casi cualquier cosa lanzada a los medios y a las redes sociales, abona a ese nivel de descreimiento social de que podemos ser un país distinto, realmente democrático, transparente, moderno y sobre todo, honesto.
A lo largo de los últimos años, hemos conocido casos y argumentos sólidos, que contribuyen a este ánimo colectivo de creer que “todo está podrido en Dinamarca”; una visión catastrófica de nosotros mismos, que reportan todas las encuestas.
Pero también hay mucha basura digital, mucho oportunismo y sobre todo, mucho espacio copado por la política y los intereses de grupo, empeñados en socavar el nivel de confianza en la sociedad para beneficio propio.
Un ejemplo de la existencia de grupos interesados en hacer crecer los niveles de desconfianza para satisfacer agendas particulares, es la de aquellos personajes, activistas y medios de comunicación que registran puntualmente todos los casos en los que el gobierno o el PRI queda bajo sospecha, pero guardan un sospechoso silencio cuando la duda cae en ellos, o en sus aliados.
El caso más emblemático es sin duda la nota del periódico británico The Guardian sobre el departamento de Angélica Rivera en Miami. El asunto, que el propio medio terminó reconociendo como un yerro, ocupó amplios espacios y sirvió a estos grupos de interés anti priistas, para desprestigiar. Pero la investigación de otro medio internacional, el Wall Street Journal divulgando que López Obrador no había registrado la compra de dos departamentos en su declaración “3 de 3”, no mereció ni una línea y ningún comentario en esos medios.
Uno y otro casos son insidiosos, y corresponden a un manejo poco profesional de la información pública. Pero el tratamiento es diferenciado: si sirve para crear más percepción negativa contra Peña Nieto y su gobierno, es válido propalar falsedades; si afecta al movimiento o a la causa, lo mejor es el silencio.
Que los medios tengan una agenda propia no es extraño. Ahí están por ejemplo esa franja de comunicadores y sus admiradores en las redes sociales, que luchan denodadamente contra el duopolio televisivo y sin embargo, hacen la mirada de lado cuando se trata de hablar de la concentración de la telefonía fija y móvil, así como del pésimo servicio de Telmex y Telcel.
Algo bastante parecido ocurre con Infraiber, una empresa que desde 2015 a la fecha ha adquirido notoriedad mediática por sus desplantes y señalamientos en contra de la corrupción de otra empresa, en este caso la española OHL; compañía que ha denunciado ante la PGR ser víctima de extorsión por parte de la mexicana.
Varios medios de comunicación, de esos especializados en la denuncia de corrupción contra el gobierno federal, han dedicado muy amplios espacios al vocero de Infraiber, Paulo Diez Gargari, otorgándole veracidad a sus dichos, sin siquiera ponerlos en duda con preguntas elementales, que tienen que ver un dolor de cabeza para la credibilidad de la prensa desde siempre: la existencia de lo que se conoce como “fuentes interesadas”.
Las historias más atractivas que llegan a las redacciones de los medios, pueden traer por dentro un veneno que la fuente emisora va a tratar de ocultar para protegerse y proteger sus intereses. Eso es lo que ha hecho Paulo Diez, que recibe en algunos sectores mediáticos trato de héroe, cuando en realidad se trata de un beneficiario de la misma corrupción que se la ha pasado denunciando en el último año.
Así por ejemplo, este personaje no sólo acusa de corrupto a funcionarios y ex funcionarios como el gobernador Eruviel Avila, el secretario Gerardo Ruiz Esparza y Luis Videgaray, sino que desde el falso pedestal donde lo han colocado sus impulsores mediáticos, se atreve incluso a cuestionar, como aquel que es la gran autoridad moral, al dirigente priista Enrique Ochoa Reza.
Diez Gargari es socio y abogado del dueño de Infraiber, Pedro Topete Vargas, un personaje al que se investiga en la PGR por defraudación fiscal y lavado de dinero. Pero esa información no “fluye” en los medios donde ambos se la pasan hablando de la corrupción gubernamental.
Como tampoco se informa que Infraiber es una empresa que se creó en diciembre de 2010 sólo para recibir, por asignación directa, tres meses después, un contrato valuado en 4 mil millones de pesos en el Estado de México. Desde que perdieron ese jugoso negocio, Topete y Paulo Diez se han convertido en críticos de la corrupción de quienes eran sus beneficiarios, pero la honestidad no es algo que se logre de la noche a la mañana ni que se adquiera por aval.
El caso Infraiber es un ejemplo de la existencia de estos grupos dispuestos a jalar agua para su molino. Aunque lamentablemente, hay motivos fundados para diagnosticar que la corrupción es un mal arraigado profundamente, y que erradicarla o al menos acotarla, será un proceso largo que requerirá no sólo de leyes sino de disposición y voluntad colectiva, empezar por desenmascarar a quienes se benefician del río revuelto de la sospecha y la desconfianza, sería un buen principio. ¿Lo entenderán las autoridades?