Hasta el pasado 1 de julio, Hidalgo era uno de los últimos bastiones del priismo y tan importante era que el control que ejercían sobre el electorado llevó a muchos a la esfera de la política nacional.

La historia se tornó diametralmente  diferente a partir del efecto Obrador y Morena. En la Cámara de Diputados Federal, 9 de los 10 diputados que representan a Hidalgo son de Morena; en el Senado, 2 de los 3 senadores que nos representan pertenecen a Morena y en el Congreso de Hidalgo, 17 diputados son de Morena frente a 13 de los demás partidos políticos. Un escenario que nadie se esperaba a pesar de que el triunfo de Obrador estaba cantado.

Este resultado lejos de causar preocupación al priísmo, motivó  una serie de reformas fast track a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que los morenistas perdieran poder y se aumentara el de los partidos minoritarios. Morena trató de reaccionar a tiempo, pero el control informativo y la necedad de quienes aún legislaban impidió que tuviera el efecto esperado.

Este martes 4 de septiembre la apresurada reforma ya generó su primer gran conflicto. Los diputados priístas, con la confianza de que su reforma estaba bien elaborada, acudieron a la primera reunión con los integrantes de la Junta de Gobierno; su plan era sencillo: otorgarle al PAN el segundo año de Presidencia a cambio del primero, y conseguir el voto de por lo menos dos coordinadores más (del PRD, PT, PES o Nueva Alianza) para obtener una mayoría simple.

Con lo que no contaban es que la reforma no precisó que la mayoría que necesitaban tenía que ser simple, al contrario, establecieron que los acuerdos en la Junta de Gobierno se deben tomar por mayoría ponderada, es decir, ponderando el grado de representación de cada grupo legislativo, lo que se traduce en que Morena tendría mayoría en la Junta de Gobierno.

Hasta el momento los diputados del PRI, PAN, PRD, PES y PT han simulado que no han advertido este error y han justificado que ellos actuaron conforme a derecho, pretendiendo desconocer esta circunstancia que -dirán- es propia de juristas mas no de diputados. Así podrán justificar que no conocían este “legalismo” y que la ambigüedad los hizo cometer un error.

Lo que no esperaban era que la bancada de Morena suspendiera la sesión del Congreso para que no se formalice en el pleno del Congreso el nombramiento a favor del PRI y del PAN para presidir la Junta de Gobierno en los dos primeros años de ejercicio del cargo, cuando solo cuentan con 7 diputados en total.

La duda ahora es ¿qué es lo que sigue? La respuesta de Morena ha sido solicitar la intervención del Senado de la República para que declare la desaparición de poderes en el Estado, una maniobra que podría tener resultado si los Senadores de Morena la aprueban, pero tendrán que sopesar todos los riesgos políticos y sociales.

A mi juicio, políticamente puede ser una medida efectiva para que los priístas reculen y reconsideren respetar el voto ponderado de Morena. Sin embargo, hasta ahora hemos visto que la disposición del priismo, sobre todo, y de los otros partidos, es llegar hasta las últimas consecuencias ejerciendo un amplio control informativo y aprovechando cualquier error jurídico para hacerlo valer.

En este caso, considero que Morena debe “apechugar” e iniciar una batalla legal mediante la interposición de un juicio de amparo indirecto que procedería porque estamos ante un acto de un órgano de autoridad de naturaleza administrativa del Congreso del Estado que está interpretando indebidamente la Ley, por lo tanto, está tomando una decisión (acto de autoridad) que viola el principio de seguridad jurídica.

En términos prácticos, el problema radicaría en que el amparo tardaría  varios meses en resolverse y durante ese tiempo ¿qué sucedería? ¿No habría Presidencia o se toleraría una a cargo del PRI de naturaleza provisional? Los diputados podrían promover la suspensión del acuerdo hasta en tanto se resuelva la ilegalidad de la decisión, pero, al tratarse de un asunto probablemente nunca antes visto, los jueces podrían optar por no otorgarla bajo el argumento de que el acto se puede reparar si finalmente se reconociera como ilegal.

¿Al final qué sucederá? Nadie lo sabe. Quizá la vía más efectiva para acabar con el problema sea que Morena consiga el voto de 3 diputados de oposición para que obtengan la mayoría calificada del Congreso y puedan así reformar la Ley Orgánica del Congreso para reestablecer el orden y el poder a favor de la mayoría.