En Contexto. Ni derechos humanos, ni credibilidad

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En materia de impuestos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó en validar los Derechos Humanos en materia tributaria.

Se impuso la ponencia del ministro Eduardo Medina Mora que comentamos el lunes. De tal manera se decretó otorgar carácter constitucional para que el Ejecutivo Federal, al margen del Poder Legislativo, fijar un tope que puede variar casuísticamente entre 47 y 53 por ciento la deducción de las prestaciones que otorgan las empresas a sus trabajadores.

Esta limitación se impuso en la reforma fiscal de 2013, cuando se determinó que las personas morales quedaban impedidas de deducir la totalidad de las prestaciones que, a su vez, resultaran ingresos exentos para los trabajadores.

Según el ministro Medina Mora, la base de este criterio es que resulta constitucional combatir la evasión y la elusión fiscal.

En octubre de 2015, el Ministro Juan Silva Meza había propuesto al Pleno de 11 ministros declarar inconstitucional el tope a las deducciones, ya que su existencia impide que las empresas tributen de acuerdo a su verdadera capacidad contributiva.

Silva concluía lo contrario de Medina Mora, al afirmar que este argumento no cumplía ninguno de sus objetivos.

No obstante la contundencia argumental, la Segunda Sala avaló con cuatro votos a favor y solamente la ministro Margarita Luna Ramos argumentó en contra, trajo a la memoria los argumentos de Silva Meza y a la dinámica económica, pero sobre todo consideró la vigencia constitucional de los derechos individuales. Su disidencia hizo recordar a Hanna Arendt y “La Condición Humana”.

Sin embargo, las fracciones VI y X del artículo 25, así como I y XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) fueron declaradas constitucionales y por tanto será inatacable demandar el derecho de los humanos a solicitar deducciones impositivas hasta por el 100 por ciento.

Con este criterio del ministro Medina Mora, prácticamente quedarán sin efecto unos 7 mil juicios de amparo promovidos por empresas que buscaban protección para que el fisco les devolviera millones de pesos en impuestos.

A partir de 2014, con la reforma promovida por Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, los hombres del capital podían hacer deducibles la totalidad de las prestaciones para sus trabajadores. Al modificarse esa situación, surgieron los amparos que derivaron en recursos de revisión que fueron a dar hasta la Corte, si bien con un objetivo lucrativo también en defensa de las garantías individuales.

Según el artículo primero de la Declaración de 1789, los derechos humanos son los que se le reconocen al hombre, a la condición humana, independientemente de su condición social.

Y ese fue el espíritu del voto disidente en la Segunda Sala de la Tremenda Corte. Una equidad más cercana a la pluralidad democrática que busque la equidad social y no el afán recaudatorio de los órganos del Estado erigidos como Poder.

Hanna Arendt, consideraba que “el poder, el Estado nacional, no soporta elementos que alteren la cohesión grupal”. Tiene miedo de las diferencias, producidas por el uso de la libertad, y más aún, de las diferencias que no se pueden alterar ni manipular (…). Por eso las combate, remitiéndolas a la vida privada o destruyéndolas.

Con ello, se anula la credibilidad en las instituciones del Estado.

@lusacevedop

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