En 2011, numerosos ciudadanos denunciaron el hecho de que un tramo de la Supervía Poniente atravesaría el Área de Valor Ambiental de la barranca de Tarango, causando graves daños al derecho a un medio ambiente saludable en la capital del país. Sin embargo, la doctora Yasmín Esquivel Mossa, magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, congeló el expediente del mencionado juicio de nulidad durante dieciocho meses en beneficio de su esposo, José María Rioboó, quien presentó recientemente el Proyecto Alterno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México en compañía de Andrés Manuel López Obrador; adicionalmente, Rioboó fungió como proyectista destacado durante el desarrollo de los segundos pisos construidos a partir de la administración de López Obrador como jefe de gobierno capitalino, incluyendo la Supervía Poniente.
Con este antecedente de la Supervía Poniente, el día de ayer numerosos ciudadanos de siete delegaciones (Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Coyoacan y Tlalpan) organizaron una rueda de prensa pare denunciar nuevamente a la magistrada Yasmín Esquivel Mossa por reincidir en el congelamiento irregular de expedientes y beneficiar discrecionalmente a diversas compañías inmobiliarias, grupos hoteleros y restauranteros, así como vendedores ambulantes.
Dentro de las exigencias que dichos ciudadanos enunciaron en la rueda de prensa en cuestión, destacan las siguientes:
1. La acción pública del Sistema de Actuación por Cooperación en Álvaro Obregón, que acabaría con el último bosque vivo de la zona poniente de la capital del país con 268 hectáreas y cuyo juicio ha sido detenido por la magistrada Esquivel Mossa.
2. La construcción del Cinema Coyoacán, misma que fue catalogada como irregular por instancias federales de justicia y que, sin embargo, ha sido imposible ejecutar la sentencia correspondiente en virtud de que la magistrada lo ha impedido.
3. Diversos predios en Paseo de las Palmas encargados a la constructora ASJUFI; a pesar de que estas construcciones rebasan la cantidad de niveles permitidos por uso de suelo en la zona, las obras continúan hasta la fecha en virtud de que la magistrada alarga deliberadamente los procesos judiciales, otorgando a las constructoras tiempo suficiente para concluir sus proyectos.
En resumen, desde 2011 hasta la fecha, la magistrada ha demostrado un comportamiento parcial, alejado del derecho e incluso cercano al conflicto de interés; por ello, los vecinos de diferentes delegaciones exigimos justicia pronta y expedita, que la autoridad asuma un papel neutral y deje de beneficiar al cártel inmobiliario que tanto ha dañado a la Ciudad de México en temas ambientales, de movilidad, de planeación urbana y, por supuesto, en materia de corrupción; si no es posible para la magistrada presidente Yasmín Esquivel Mossa comportarse a la altura del digno cargo que ostenta, será mejor que renuncie.