La democracia es mucho más que un gobierno de la mayoría. Es también defender los derechos de las minorías, los del individuo y limitar el poder.

En Venezuela no hay democracia. Sin observar el estado de derecho la simple mayoría no hace democracia. Sin estado de derecho la persecución de las minorías y el aplastamiento del individuo se imponen ante el ejercicio de un poder sin límites.

El más reciente ataque a la democracia y los derechos humanos propinado por el régimen Chavista que encabeza Nicolás Maduro y sus gerifaltes, es el que ha constituido en completo desapego a la constitución, una Asamblea Nacional Constituyente con la finalidad clara de anular la Asamblea nacional (legislativo) mayoritariamente opositor elegida apenas en 2015. Y este mismo año, el régimen intentó desconocer sin éxito, anular al legislativo por medio de una resolución insostenible en derecho, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. Tribunal que ni de lejos supone división de poderes al estar totalmente sometido al ejecutivo. Prueba de dicho sometimiento es que, ante las críticas internacionales por la descarada intentona de un autogolpe vía el tribunal, este se desistió por instrucciones de Nicolás Maduro. Un poder independiente obviamente habría procurado sustentar su resolución, pero no, se plegó sin chistar a la orden del ejecutivo disfrazada de sugerencia.

La obviedad del autogolpe aquel, fue sustituida con una ilegal convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que fue maquillada de legalidad el pasado 31 de julio con una inconstitucional elección.

Dicha elección es ilegal de origen contraviniendo en todo lo establecido por el Título IX Capítulo II De la Reforma Constitucional en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El artículo 347 de la CRBV deja bien claro que el único facultado para convocar una Asamblea Nacional Constituyente es “el pueblo de Venezuela”. Así mismo, el sucesivo artículo 348 reconoce que el presidente podrá tomar la “iniciativa de convocatoria”, esto es, el presidente no puede convocar sin que los venezolanos con derecho a voto den el visto bueno. Para ello, como se enseña incluso a los chicos de primaria en Venezuela, se hacía necesario un referendo abierto al electorado en general.

De esa votación se determinaría si se daba el paso siguiente que consistía en elegir a los integrantes de la ANC.

Ese requisito fue ignorado por el ejecutivo que con el aval del Tribunal Supremo de Justicia, lo consideró innecesario dando una clara muestra de subordinación.

Esto es, el pasado 31 de Julio, no se debieron elegir constituyentes, sino que, en todo caso, se debió consultar al electorado para que manifestara si estaba de acuerdo con la integración de una ANC.

Además de tratarse de una elección de constituyentes viciada de origen e inconstitucional, la misma se realizó de acuerdo al decreto de Maduro de forma “sectorial y territorial” lo que contraviene el requisito de elección universal establecido en la constitución actualmente vigente.

Lo anterior por sí mismo basta para declarar ilegal a la ANC, sume usted los señalamientos de SMARTMATIC, la empresa a cargo del sistema de votación empleado en Venezuela de que los resultados fueron manipulados para mostrar una participación mayor a la real.

Las opiniones filo-chavistas han echado mano de infinidad de falacias lógicas para justificar la ilegalidad de la elección del 31 de julio tales como señalar de ilegal el referéndum opositor del 17 de julio. Dicho ejercicio desde el principio se planteó como no vinculante y como un mero acto de protesta. De cualquier modo, argumentar legalidad de la elección de la ANC porque la consulta opositora no es legal es un claro argumento Non sequitur y/o Tu quoque; una falacia lógica como ya se mencionaba antes que por ningún motivo representa un argumento legal que demuestre u otorgue carácter constitucional a lo que de origen no lo tiene.

Para empeorar las cosas, otra ilegalidad del régimen por vía de la ANC consiste en que ha destituido a la fiscal general, Luisa Ortega. Dicha destitución sería igualmente ilegal suponiendo sin conceder que la ANC fuese legítima. No es una de sus atribuciones designar o destituir a la fiscal. Esa es una prerrogativa exclusiva de la Asamblea Nacional, esa elegida en 2015 y que se ha intentado anular.

De pilón: Actores políticos que en años pasados durante el auge de commodities alababan y ponían como ejemplo a Venezuela, hoy pretenden que nadie con opiniones negativas sobre el régimen y la actual situación del país las exprese en redes u artículos de opinión. En realidad, sea con su apoyo abierto o con su silencio, apoyan por afinidad a un régimen que no tiene argumentos para decir que gobierna con el respaldo de la ley, y ni siquiera para demostrar que representante de la voluntad mayoritaria.

Arturo Salinas Guerrero