La Defensoría del Pueblo: una propuesta sobre hielo muy delgado

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Ante transición a Defensoría del Pueblo CNDH dice que se debe garantizar autonomía.CUARTOSCURO

El problema es que el ala más dura del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y el Partido del Trabajo (PT) están promoviendo una iniciativa de alcances desmesurados, que no corregirá sino que precipitará la podredumbre de un verdadero ombudsman para México.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha cometido muchas equivocaciones. Lo que hace falta, empero, es profesionalizarla y hacerla consciente de su responsabilidad política, no desaparecerla en aras de otro instituto populista e improvisado que se integraría por personas dispuestas a ganar muy poco y aplaudir mucho. México es una país con una triste tradición de violencia interna, de los abusos de la gente armada, de brutalidad policíaca y de corrupción en todos los poderes y niveles de gobierno. México es un país donde sólo se necesita un ligero empujón hacia atrás para retroceder décadas y volver a la normalización de la arbitrariedad y la policía privada al servicio del mejor postor. Como en tiempos de López Portillo. México no necesita eso.

Los órganos autónomos constitucionales nunca han sido del agrado de los gobiernos que cuentan con mayoría absoluta y no hay que desarrollar mucho al respecto, pues es obvio que cualquier autoridad que no provenga del mismo voto que le dio a ellos su legitimidad es vista como un estorbo, cuando no como una usurpación de la soberanía popular. Si por los partidos hegemónicos fuera, se votaría hasta por los jueces y fiscales, para evitar contratiempos y que todos pudieran ser del mismo color. Así se avanza más rápido. Pero la CNDH se puso en el radar del gobierno federal, de manera más fehaciente, desde que emitió la recomendación sobre la suspensión de recursos al programa de estancias infantiles. Este programa daba servicio a alrededor de trescientos mil niños. La respuesta del presidente López Obrador fue que la recomendación era una vergüenza, seguida de sus reclamos de siempre sobre el supuesto silencio de la comisión hacia otros casos, a su juicio más graves y urgentes.

El riesgo que se corre al analizar este problema de forma maniquea es que uno acaba confundido e indignado y esa es una combinación poco inteligente. Esta no es una batalla entre la democracia y el Estado de Derecho (representados por la CNDH) y un ansia dictatorial disfrazada (representada por López Obrador). Va más allá: la CNDH ha sido, durante muchos años, un órgano político que se rehúsa a asumir su responsabilidad política. Sus recomendaciones tienen efectos inmediatos y tangibles sobre la operación de dependencias enteras y, contra lo que muchos creen, ni son pulcras técnicamente ni tienen como única finalidad defender los derechos humanos.

Los visitadores y otros funcionarios negocian, acuerdan, “planchan” proyectos de recomendación con sus superiores y con otros funcionarios aliados, para que no salpiquen a quien no deben y se cuide la reputación de otros. Por eso las resoluciones salen en días específicos, se presentan luego de eventos específicos y se apresuran o se marinan dependiendo de si otro organismo internacional de derechos humanos está sobre el mismo asunto o no. Son, en una palabra, políticos. En este sentido, no está de más una sacudida en esa institución que, dicho sea de paso, es un oasis de privilegios salariales, compensatorios y de toda índole. Funcionarios que despachan con placa de ciudadanos impolutos.

El problema es que el ala más dura del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y el Partido del Trabajo (PT) están promoviendo una iniciativa de alcances desmesurados, que no corregirá sino que precipitará la podredumbre de un verdadero ombudsman para México. Aunque el texto legislativo que se analizará y votará en comisiones no es público todavía, las declaraciones de sus impulsores son preocupantes. En pocas palabras, para resolver los problemas de confianza en los funcionarios sólo proponen cambiarlos. Y por los suyos, se entiende. Para que no haya lugar a duda de que se trata de algo nuevo, lo primero que se propone es cambiarle el nombre a Instituto de Defensoría del Pueblo. Pero también pretenden darle una serie de competencias que se yuxtaponen o sobreponen a las de otras autoridades en materia de presentación de denuncias y vuelve vinculantes las recomendaciones, de modo que cualquier autoridad que las incumpla estaría incurriendo en un delito. Seguramente los legisladores nunca han visto una recomendación de la CNDH, donde se piden cosas imposibles de verificar y que se mantienen a perpetuidad, como “garantizar la no repetición del acto”. Cuando se pretenden resolver vicios institucionales con brochazos ideológicos, se salta del comal a la lumbre. Cuidado. 

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