En materia económica, dos frases han desatado una fuerte polémica en los medios de comunicación: "la economía mexicana va bien" y "no se trata de crecer por crecer". Trataremos de darle contexto a estas afirmaciones para descubrir si resisten un análisis objetivo. En primer lugar, el desempeño de las economías nacionales se mide siempre con una escala de razón; es decir, relativamente a otro tiempo, a otro país, o a las propias estimaciones futuristas que en algún momento formulan los expertos. 

Empecemos por estas últimas. Las prospectivas que para 2019 tenían tanto el Banco Mundial como la oficina de análisis económico de la ONU, no eran alentadoras. Ambas entidades coincidieron, desde 2018, en que el mundo enfrentaba graves y variados riesgos económicos, y una tendencia a la desaceleración que se acentuaría en 2019; de hecho, preveían que el crecimiento en las economías desarrolladas caería 2%, que el crecimiento de las economías en desarrollo no sería suficiente para disminuir la brecha de ingreso per cápita con los países ricos, y que los factores que han mantenido baja la inflación comenzaban a tambalearse. Para América Latina, las perspectivas eran aún más sombrías. El informe completo puede consultarse aquí: https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/01/08/darkening-prospects-global-economy-to-slow-to-29-percent-in-2019-as-trade-investment-weaken

Así, las tasas de crecimiento cuentan una historia interesante pero deben verse siempre a la luz de otros escenarios posibles, otros países y otros tiempos. Lo más importante en las recomendaciones del Banco Mundial es que los gobiernos deben diseñar nuevas políticas fiscales y sociales que permitan reducir la desigualdad y equilibren la carga entre el sector formal e informal (este último representa el 30% del PIB mundial pero el 70% del empleo). ¿Cómo va México en esos esfuerzos?

Según los últimos sondeos de opinión, la tercera preocupación de los mexicanos es la economía. Las dos primeras, inseguridad y corrupción. Es interesante que estas categorías, en la realidad política, estén entrelazadas, puesto que para que la economía florezca en una sociedad, el Estado tiene que proveer un mínimo de seguridad, y su confianza en las instituciones públicas, en su integridad, es parte importante de esa seguridad en sentido amplio. De hecho, uno de los retos que tiene la cultura política en la actualidad es el de permear en la sociedad la idea de interdependencia de los bienes jurídicos tutelados por los derechos humanos. En este caso, lo primero que viene a la mente cuando se piensa en el combate a la inseguridad es la dimensión policial del problema, la de los delitos violentos que amenazan de forma más inmediata la vida, integridad física o el patrimonio tangible de las personas en los lugares públicos (homicidios, secuestros, robo a mano armada, etc.). Sin embargo, la seguridad, entendida como uno de los componentes del desarrollo económico, es más amplia, y muchas de sus aristas son de acciones positivas de marco legal y de política pública. Como mínimo, para que un plan de desarrollo económico tenga sentido, debemos hablar de seguridad energética, de agua, de salud, ambiental y alimentaria. 

Las relaciones que se establecen entre esos ejes dan lugar, cada una, a ricas líneas de investigación y decisiones políticas de optimización de recursos públicos. En el caso de la energía, para no ir más lejos, los estudios llevados a cabo en la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado de Morelos, hallaron que en el sector agroindustrial se invierte solamente el 10% del recurso energético total, y sin embargo ahí se encuentran el 60% de los beneficiarios potenciales. En otras palabras, desde un punto de vista de uso de la energía, la agroindustria no solamente es una actividad económica estratégica (la suficiencia alimentaria fortalece al país que la posee) sino que es altamente eficiente, por lo que es una ventana de oportunidad muy atractiva para los inversionistas de energías limpias y renovables.

Por otra parte, los incentivos legales y de política pública para regularizar la economía informal y reconocer a quien contribuye a la hacienda pública, son un campo fértil en el que, al menos en México, casi nada está dicho. Son los esfuerzos de todos los órdenes jurídicos y de gobierno, articulados con las empresas y los trabajadores, los que se requieren para dar lugar a un nuevo pacto social de naturaleza fiscal. No es sencillo.

Respecto de las políticas sociales, no puede negarse que México avanza en la dirección correcta. No es un secreto que las últimas décadas vieron una enorme concentración de la riqueza en el país y en el mundo, y si bien los instrumentos son debatibles, la intención redistributiva de los ingresos nacionales no puede contrariarse por nadie que tenga un mínimo sentido de la ética y de la solidaridad. He aquí donde adquiere sentido la segunda frase: crecer por crecer, o crecer sin incluir; más categóricamente: crecer discriminando a los más pobres y excluyendo a los más débiles, no puede ser una misión legítima de ningún gobierno, sin importar lo atractivas que puedan resultar las cifras en abstracto. 

En suma, dentro del complejo escenario que vive el mundo, con tensiones comerciales, recesión cíclica global e incertidumbre, México está haciendo uso de sus recursos para transitar de la mejor manera hacia mejores tiempos; las políticas sociales deben complementarse con fuerte planes de desarrollo a nivel estatal, y de un rediseño fiscal total, aunque este último se antoja lejano. El país no va mal. Y pues, crecer por crecer, no. Creando miseria a la misma velocidad con la que se crea riqueza, no.