Esta aseveración escuchada tantas veces en sobremesas, reuniones de trabajo y aun en tertulias familiares, a fuerza de costumbre, y por ser “políticamente correcta”, no tendría nada de particular, a no ser porque era aquel día, expresada por una de las familias de nuevos ricos más beneficiadas de tan reprobable práctica en los últimos 25 años. Es más, recientemente, y a seis meses de aquella plática, esta empresa obtendría nuevamente un contrato multimillonario.   La empresa de que hablo, se ideó a partir de la visión de un trabajador de ingreso medio del sector salud que detectó un nicho de negocio, explotó sus contactos institucionales con una astucia tal que al paso de los años logró adaptarse y reconocer los nuevos modos transexenales de corrupción. Hoy el fruto de tan osado negocio son casas en diferentes ciudades (que hacen ver a la casa blanca como un remedo de lujo), yates y hasta un avión.

Y es que, cuando se habla de corrupción parecería hablarse sólo de actos ilícitos de funcionarios. Sin embargo, las fortunas logradas en México por muchas empresas a través de prácticas corruptas, son muy superiores a las que obtienen los funcionarios públicos que ven esta práctica como “normal”, los funcionarios corren un lejano riesgo de enfrentar la ley, las empresas, hasta hoy no.

 Pero, ¿de qué tamaño podrá ser el negocio de una estas empresas, para que sin empacho estén dispuestas a “pagar” el 10%, 20% y hasta porcentajes superiores al valor de los contratos? Esto amén de comidas, viajes, autos y hasta casas regaladas a cambio de exclusividad en el negocio. Y si, el sobreprecio de la operación siempre lo pagaremos nosotros.

¿Las empresas que se benefician de estas prácticas están molestos o tienen queja? Pues resulta que no, las que de algo se quejan hablan de “extorsión” (a la cual por extraña razón están dispuestas), pero aun perdiendo espacios en el negocio por el arribo de nuevos funcionarios y nuevas empresas beneficiadas, jamás estarán dispuestos a denunciar, por razones obvias.  Incluso hace unos días se supo que empresarios Neoloneses expresaron su extrañamiento ante el proyecto del “Bronco” para acabar con la corrupción en contratos, simplemente no querían cambios en su manera de operar, a la cual están muy acostumbrados.

¿Es mayor la corrupción ahora? La respuesta es claramente sí, pero por razones diferentes a los que ven en Peña Nieto el origen de su exacerbación.   Con el arribo de la alternancia, y por tanto el inicio de nuestra joven democracia, la corrupción sufrió una perversa metamorfosis.  Durante los 70 años que duró el PRI como mono partido en el poder, con la presidencia omnipresente y el resto de los poderes sin contrapeso, su funcionamiento unicéfalo proveía al sistema de mecanismos que ocultaban, controlaban y modulaban la corrupción, había reglas no escritas que, permítaseme decirlo de este modo: “impedían que la corrupción rebasara ciertos límites”, visiblemente “excedidos”. El presidente, poseía el poder de remover o hasta encarcelar Gobernadores, jueces, diputados y senadores, y miembros del ejército y la Marina según conviniera el caso y siempre con un objetivo político.

En democracia, al hacerse efectiva por primera vez en la historia de nuestro país la separación de poderes, la corrupción paradójicamente se desbocó. No habiendo una cabeza que censurara y limitara los niveles de corrupción los casos se hicieron generales, particularmente en estados y municipios que no tuvieron que rendir cuentas ni a sus congresos, y cabildos (que se incorporaron plácidamente a la dinámica de corrupción), y mucho menos a los partidos que los nominaron.  Jueces liberando criminales, diputados pidiendo “moches” obras inconclusas en estados, o incluso Gobernadores guardándose en la bolsa dinero del Fondo de Desastres. Nombren el sector, el poder o el estado, ahí hay.

La buena noticia es que la Cámara de Diputados aprobó esta semana el dictamen que contiene modificaciones constitucionales para formar el Sistema nacional Anticorrupción; aún falta la aprobación del Senado, los Congresos Estatales, así como la elaboración de leyes y reglamentos correspondientes.  Las reformas previstas tienen la enorme virtud, en su diseño, que el legislativo escuchó a expertos juristas y sociedad civil. La presión social ha sido de tal envergadura que a las fuerzas políticas no les ha quedado más remedio que ponerse de acuerdo.

Desde mi punto de vista, la mayor virtud del Sistema Nacional Anticorrupción es que trata por igual a corruptos y corruptores, y prevé leyes y reglamentos proporcionales a funcionarios y particulares; es decir se buscará aplicar la ley a cadenas de corrupción, corruptos y corruptores.  Mala noticia: todos los funcionarios serán sujetos de sanción; todos a excepción del Presidente de la República.

He de ser positiva, pero de nosotros dependerá la vigilancia de la aplicación irrestricta de estas reformas. En nuestro país, poseemos excelentes leyes, clamamos por su aplicación.