El pasado 6 de julio los diputados hidalguenses aprobaron la reforma a la Ley Orgánica Municipal de Hidalgo que confirma a los municipios como paraísos para la corrupción.

 A diferencia de lo aprobado a nivel federal y estatal, en los municipios el combate a la corrupción estará a cargo de una única Contraloría Municipal que ya existe y forma parte de la propia administración pública.

 La única novedad incorporada consiste en que en los próximos dos meses el nombramiento lo harán los integrantes de los Ayuntamientos mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, lo que contraviene a la Constitución local porque esta establece que es facultad libre de los Presidentes Municipales hacerlo.

A pesar de la evidente inconstitucionalidad de la reforma, lo cierto es que las administraciones municipales negociarán la decisión y excluirán a los ciudadanos de toda injerencia. Es más, ni siquiera se pensó en establecer como requisito indispensable que él o la aspirante no sea militante de algún partido político para ciudadanizar el cargo.

Por cierto, la negociación que se lleve a cabo no le "costará" mucho al Presidente Municipal y partido político que encabece el Ayuntamiento porque están constituidos de tal manera que basta con convencer a uno o dos de los regidores de oposición y asegurar el voto de los suyos para nombrar a quien se les antoje.

 Por ejemplo, en los municipios donde hay un síndico y 9 regidores, se requieren 8 votos, es decir, el voto del síndico, de los 5 regidores que ganaron la elección municipal, el del Presidente Municipal y un voto de la oposición.

En los Ayuntamientos donde hay dos síndicos y 19 regidores, solo un síndico y 8 regidores son de oposición y se requieren 15 votos para ratificar el nombramiento, es decir, el de un síndico, el de los 11 regidores del mismo partido político, el del Presidente Municipal y solo 2 de la oposición.

El Ayuntamiento Municipal de Cuautepec de Hinojosa podría ser ejemplo de cómo la voluntad de la Presidenta Municipal, Haydeé García Acosta, está por encima de los intereses de la sociedad. En lo que va de su administración, a través de la página de facebook "Observatorio Ciudadano de Cuautepec de Hinojosa" se han dado a conocer irregularidades como la realización de un "Parque Lineal" cuya diminuta fuente tuvo un costo de 203 mil pesos (por mencionar sólo uno de sus elementos); la impresión y colocación de dos lonas de vinil adhesivo que costaron más de 25 mil pesos cuando su costo real se estima en 7 mil o hasta 12 mil pesos; múltiples relaciones de parentesco entre servidores públicos, así como la firma de contratos temporales de trabajo que renueva cada cierto tiempo cuando la Ley marca que después de 6 meses los trabajadores adquieren la base, entre otras. Sin embargo, hasta la fecha la Contraloría Municipal a cargo de Sara Nájera González, cuya "cuñada" Jessica Torres Gayosso también trabaja en la administración municipal, ha sido omisa en investigar estos hechos y aclararlos jurídicamente.

 Por lo tanto, hay elementos suficientes para que los regidores no ratifiquen la designación y para que la propia Presidenta no la proponga nuevamente. Para que se apruebe su propuesta, requiere de 12 votos: el del síndico y los 9 regidores de su partido, el de la propia Presidenta y un voto de oposición.

No obstante, existe una amplia probabilidad de que proponga a la misma persona y de que el voto que requiere de la oposición, lo obtenga de alguno de sus partidos hermanos como el Verde Ecologista, cuya única regiduría está a cargo de Omar Misael Calva Liberato, o de Nueva Alianza, que cuenta con una sindicatura y una regiduría a cargo de María Silvia Muñoz Maldonado y Jaime Ortega Ávila respectivamente, o de cualquiera de los otros regidores del PRD, Morena y el independiente, que hasta el momento no han actuado como contrapeso al interior de este órgano.

Esta situación se podría repetir en los demás municipios, con la salvedad de que las irregularidades como las que se han dado a conocer en Cuautepec de Hinojosa, no se saben y probablemente nunca se sepan. De ahí la urgente necesidad de ciudadanizar el combate a la corrupción en los municipios.