Hace dos años se creó en la Constitución Federal el Sistema Nacional Anticorrupción y lo mismo se hizo a nivel estatal el pasado 22 de mayo, día en que se publicó la reforma a la Constitución de Hidalgo que creó el Sistema Estatal Anticorrupción.

En ambos Sistemas, se contempló la creación de un Comité de Participación Ciudadana que lo integrarán cinco ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Este órgano tiene entre sus propósitos ser un vínculo con las organizaciones sociales, lo que supone la posibilidad de que los ciudadanos contemos con una institución que escuchará y atenderá las denuncias de la ciudadanía cuyo hartazgo podría transformarse en el legítimo ejercicio del control social sobre el poder.

A pesar de las recientes denuncias por la aparente selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional bajo un método de “cuotas y cuates”, como se dio a conocer en El Universal, y la posible existencia de conflicto de interés por parte de Juan Pardinas, por ser parte del Comité de Selección de los integrantes de este Comité y haber recibido más de 3 millones de pesos en contratos con la Auditoría Superior de la Federación, este Sistema y su Comité sí podrían contribuir en cierta medida a que el estado actual de connivencia del sistema político y de gobierno, cambie a favor de un sistema basado en principios fundamentales para una sociedad justa, como la igualdad, la honestidad y la solidaridad.

No obstante, nadie parece interesado en que los municipios también cuenten con un sistema que permita mayor vinculación entre un órgano anticorrupción y la sociedad que permita que el ejercicio del poder y la administración pública en los municipios se realice de manera más transparente, con mayor rendición de cuentas y democráticamente, porque para nuestra mala fortuna, aún hay muchos municipios donde el poder se ejerce “caciquilmente”, se concentra en grupos y hasta familias que una vez en el poder actúan para ese mismo grupo compacto y lo que se distribuye entre la ciudadanía en forma de obras y acciones públicas, por lo regular lleva de paso “el moche”, “el diezmo” o simplemente “la transa”.

En el Estado de Hidalgo, los actuales legisladores del Congreso local, se limitaron a establecer en la Constitución del Estado, que los municipios formarán parte del Sistema Estatal Anticorrupción y deberán contar con un órgano interno de control, es decir, no se fijó un piso mínimo para garantizar la independencia y legitimidad de quien o quienes integren este órgano, ni se estableció ningún candado para evitar que quien ocupe esta área, lo haga bajo las órdenes de los Presidentes Municipales o cualquier otro servidor público municipal.

Por cierto, el artículo Sexto Transitorio del decreto de reforma constitucional, ordena que los municipios tienen hasta el 18 de julio para que designen a las instancias municipales que participarán en el Sistema Estatal Anticorrupción… ¿lo sabrán los integrantes de los H. Ayuntamientos?

De acuerdo con medios de comunicación, las reformas y nuevas leyes que en materia anticorrupción se deben aprobar antes del 18 de julio, se están dictaminando en el Congreso local y se sabe que uno de los candados que se están estableciendo es que el contralor municipal sea nombrado por las dos terceras partes de los integrantes de los H. Ayuntamientos, lo que en la práctica no es un verdadero candado porque la mayoría de los regidores no tienen la capacidad para ejercer el cargo o tienen amplia capacidad para “transar” su voto o, cuando se pretende ser el bueno, de plano son silenciados.

Esto significa que de ninguna manera se pensó en la posibilidad de ciudadanizar el sistema anticorrupción en los municipios y que a los Presidentes Municipales se les seguirá permitiendo que actúen con oídos sordos, ojos ciegos y manos muy largas. Si queremos que la corrupción y la impunidad se erradiquen en los municipios, tendremos que hacer el esfuerzo solos y bajo el riesgo de todas las grillerías y artimañas que en las administraciones municipales son capaces de hacer, con tal de mantenerse intocables.

En México hay muchos ciudadanos a quienes sí nos duele la manera en que se ejerce el poder, a quienes nos gustaría que las cosas funcionaran de manera diferente y que quisiéramos ser parte del motor que revolucione primero nuestras mentes y luego nuestros actos, pero la solución no es sencilla porque en un sistema corrupto “el bueno es el malo”.