México necesita, exige, le urge una profunda re culturalización para contener y revertir la corrupción imperante en todas las esferas de la vida nacional. Por décadas la corrupción fue impregnando las estructuras de gobierno, invadiendo no sólo a los políticos sino penetrando también en los cuerpos policiacos, extendiéndose en los organismos intermedios de la sociedad, en el sector privado que en mucho depende de las decisiones, compras y apoyos del sector público. Los constructores, los jerarcas eclesiásticos, los empresarios y todos aquellos encumbrados en el poder, atraviesan una fuerte crisis moral que involucra a decenas de millones de mexicanos que coexistimos y requerimos revalorizar la honestidad, castigar los abusos, los excesos y los dispendios.
El impacto del debilitamiento de la cultura moral y las tentaciones fueron degenerando a nuestra sociedad poco a poco, incubándose por debajo de la mesa, hasta que ahora aparecen visibles y conocemos modus operandi perturbadores, que preocupan, que indignan, que requieren reversa, contención, castigo y prevención para que dejen de ocurrir y den paso a una transformación cultural que impulsaría sin duda al país a mejores condiciones de vida, más justas, llenas de oportunidades limpias, para crecer, para lograr el desarrollo.
Los primeros días de gobierno deberán ser claros y contundentes en lanzar directrices y fijar nuevas reglas del juego, para que desde el gobierno se inicie la reconversión ética, el cambio radical de conductas y se acote las malas prácticas que la ciudadanía ha llegado a repudiar exigiendo que ya no ocurran. Y es que la corrupción en el sector gubernamental es la forma más intolerable de inmoralidad social. Aunque sería insuficiente que solamente el gobierno actué y cambie, se debe gobernar con el ejemplo, con el compromiso de actuar diferente, sin traicionar al pueblo.
La reconversión ética debe ser un compromiso de todos y cada uno de los mexicanos. Debemos contribuir todos para revertir a la corrupción y a la ilegalidad. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, dejar de evadir impuestos, evitar la mentira como ingrediente básico de nuestras conversaciones, al engaño como actividad cotidiana; evitar aprovecharse de los más desprotegidos, o sacar ventajas abusivas, que dañan la reputación personal, la honra familiar e incluso a nuestra imagen nacional.
Como ciudadanos debemos modificar conductas y comportamientos. No ofrecer “mordidas” ni pretender “favores” ilegales. Respetar, criticar, vigilar; también elogiar, reconocer las buenas acciones; volvernos más crudos e intolerantes en contra de las conductas inmorales o corruptas, vengan de quien venga. No podemos creer que “es normal”, “no pasa nada”, “todos lo hacen”. No debemos cerrar los ojos y pensar que ese cáncer no existe.
Tenemos que exigir una conducta intachable en todos nuestros gobernantes. Si bien muchas veces los fenómenos de corrupción se producen a escalones intermedios o inferiores, no cabe duda que muchas veces sea producto del mal ejemplo que se da en los escalones superiores de la administración pública, ya sea federal, local o municipal.
Hay que prohibir efectivamente que los funcionarios responsables aprovechen su posición para promover, directa o indirectamente, a través de funcionarios, de amigos o de parientes, negocios en obras públicas, compras o aprovechamiento de plusvalías de obras públicas o acciones de gobierno. Se debe prohibir realmente que se adjudiquen obras o compras al funcionario que decide, a sus parientes cercanos, ya sea que actúen directamente o por interpósita persona.
No es compatible servir puestos públicos y simultáneamente operar negocios cuya actividad se funde en relaciones económicas con el gobierno. O se gobierna o se hacen negocios. Hay que valorar el riesgo de reducir sustancialmente el nivel de ingresos que deben tener los funcionarios públicos. No queremos en el sector público el desecho del sector privado por falta de competitividad o por una demagogia austera en la retribución justa de los funcionarios públicos.
Debemos recuperar principios, valores, credibilidad y confianza. El Estado mexicano necesita contar con los mejores mexicanos en los puestos de responsabilidad y en los puestos técnicos. Los funcionarios y servidores públicos deben perder privilegios que nos cuestan y nos ofende a la mayoría de los mexicanos: bonos, gastos de representación indiscriminados, viáticos inflados, personal de apoyo, guardia y custodia, choferes, combustibles, pago de telefonía celular y todo lo que es suntuoso e innecesario para que realicen su función pública. No podemos permitir que nunca más se haga propaganda y promoción política personal de los funcionarios con fondos públicos, con dinero del pueblo. Debemos impedir que los puestos públicos sean botín, recompensa o patrimonio personal de nadie.
Es tiempo de detener la lucha por las alternativas en el poder, de aplicar políticas públicas de austeridad en el gobierno, pero de fomento y promoción económica en beneficio del pueblo, de la sociedad, de la colectividad. Los mexicanos estamos anhelantes de tener un gobierno que nos represente, que nos de satisfacción, que nos devuelva la confianza y genere interés en participar otra vez en los temas de la comunidad. La caída del sistema político tradicional debe reflejarse en los hechos. Democratizar a México tiene que servir para empoderar al pueblo. La transición democrática y el previsto cambio de régimen que se avecina deben servir para cumplir con el deber social. No basta con no hacer cosas malas. Es imperativo revertir, corregir y reconducir al gobierno para reconciliarse con la sociedad.
Aspiramos a que el golpe de timón propicie estabilidad política o gobernabilidad para realizar políticas que satisfagan las necesidades de la ciudadanía. Es deseable aspirar a la gobernanza como estructura de toma de decisiones a través de redes multinivel de actores gubernamentales y no gubernamentales. La legitimidad electoral de Andrés Manuel López Obrador deberá migrar e inculcarse para producir legitimidad de las instituciones políticas fundamentada en la eficiencia de un gobierno sobre todo para el pueblo más que por o desde el pueblo.
Vale la pena recordar que nuestra sociedad mexicana, de manera incipiente, ha logrado incidir en las políticas públicas desde afuera, sin gobernar pero influyendo en la opinión pública, argumentando demandas validas que han debido tomarse en cuenta por los gobiernos actuales. La voz popular ha cobrado capacidad de cambio y el grito de reclamo ha sido puesto en pausa, esperando resultados inmediatos, soluciones diferentes, un nuevo modelo de conducción política y la transformación de lo público.
El reto es sumar y reforzarse entre gobierno y sociedad. La corrupción debe combatirse desde adentro, desde afuera, todos juntos, uno por uno, cada uno de los mexicanos. El cambio de convencionalismos, de costumbres, de cultura, de prácticas sociales es necesario para crecer y desarrollarnos como país. El gobierno debe ponernos el ejemplo. Fijar símbolos, ejemplificar conductas, promover el diálogo efectivo con la sociedad implican administrar una gobernabilidad efectiva, lo cual conlleva a un estado social de derecho sólido y la existencia de una administración pública eficiente en la que la sociedad civil participa activamente y nos acerque a la gobernanza, promoviendo la participación ciudadana directa en los asuntos públicos, la conducción democrática por los consensos deliberativos no jerarquizados, para lograr un desarrollo económico, social e institucional duradero.
En este contexto, veremos el pleno ejercicio de los derechos que la democracia otorga a los ciudadanos en aras de participar en la gestión del gobierno para que éste cumpla con la función de proveer bienes y servicios al conjunto de la sociedad. Sólo así el cambio electoral rendirá buenos frutos.