Algunas precisiones convenientes sobre la resolución del TEPJF

Desde el propio Andrés Manuel hasta los simpatizantes de la izquierda más diversos hemos usado el término pueblo de forma no conveniente, sino convenenciera. Pero esto sólo ha llevado a confusiones severas, porque ahora

1.- La mayoría de la gente confunde el reconocer como válido un procedimiento jurídico que da lugar a una resolución, independientemente de su resultado, con apoyar a un determinado candidato. Eso es poco inteligente, por decir lo menos. Y es una conducta que opera en ambos sentidos: los inconformes con el fallo lanzan toda clase de “lindezas” a los que reconocen una sentencia institucional y aquellos que están con el beneficiado aprovechan para restregar en la cara de sus contrarios adjetivos igualmente insultantes. Ambas son imbecilidades. Los procesos judiciales justos se construyen a partir de los elementos que las partes brindan y se llega a un resultado que sólo se conoce hasta que los jueces valoran los elementos técnicos y probatorios. Los procesos judiciales injustos son aquellos que se construyen a partir de un resultado determinado previamente, valorando de forma prejuiciosa las pruebas y los razonamientos jurídicos para que se ajusten a dicho resultado. Eso es lo que pretendió hacer la coalición Movimiento Progresista: acordar un resultado previo a la valoración de pruebas y argumentos, mediante amenazas de un estallido social, y buscar que el Tribunal Electoral le hiciera el trabajo. Pero el Tribunal tiene estatura institucional y desarrolló un proceso judicial justo.

2.- Muchas personas descontentas con el fallo emitido ayer por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han estado argumentando que era obligación de dicho órgano el realizar una investigación exhaustiva de las pruebas que pudieran invalidar la elección presidencial. Esta argumentación se apoya en hacer una asimilación errónea del proceso electoral al proceso penal, alegando que ahí es una autoridad la que hace las investigaciones: el Ministerio Público. Hay que destacar tres cosas: la primera es que el proceso penal está sujeto a reglas totalmente distintas a las del resto de los procesos que puedan existir, pues protege la vida y libertad de las personas de forma directa; la segunda es que el Ministerio Público es una autoridad administrativa que tiene el dominio de la acción penal y es parte en el juicio, por ello se encarga de recabar las pruebas que presenta en contra de los procesados, cosa que jamás hace la autoridad judicial, pues no puede ser juez y parte; la tercera es que los partidos políticos son las organizaciones idóneas para ser parte en los juicios de naturaleza electoral y son ellos quienes tienen la obligación de aportar todos los elementos probatorios a las autoridades judiciales electorales. Si la coalición Movimiento Progresista estuvo esperanzada en que el Tribunal le corrigiera la plana, fue una esperanza infundada e irresponsable.

3.- Se ha alegado en diversos medios que, efectivamente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral prevé que el Tribunal Electoral está facultado para suplir deficiencias en los agravios, ordenar el desahogo de determinadas pruebas y requerir documentación a su criterio. Sin embargo, para haber podido ejercer estas facultades el Tribunal debió fundar y motivar su actuación a partir de lo planteado en el propio procedimiento desde su inicio. De lo ocurrido en el juicio ha quedado demostrado que la demanda fue presentada extemporáneamente, así que la suplencia en las deficiencias de la misma se ha dado de la manera más amplia: se admitió a trámite un juicio que ya estaba fuera del plazo legal para hacerlo. Por lo demás, el ordenar pruebas diversas a las ofrecidas por las partes y recabar más testimonios y documentales sólo podría haberse dado en un escenario en el que la autoridad tuviera problemas para valorar los elementos ya ofrecidos en el juicio, es decir, en el que las pruebas presentadas por las partes resultaran razonablemente válidas pero que dejaran algún asomo de duda entre los juzgadores. Con pruebas mal presentadas o inexistentes, como las ofrecidas por Movimiento Progresista en el juicio de inconformidad para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de estas facultades era imposible, pues habría tornado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en juez y parte. No son facultades que, como algunos académicos oportunistas que pretenden revestirse de abogados hábiles alegan, se ejerzan así nomás, sin mayor consideración.

4.- Desde el propio Andrés Manuel hasta los simpatizantes de la izquierda más diversos hemos usado el término pueblo de forma no conveniente, sino convenenciera. Pero esto sólo ha llevado a confusiones severas, porque ahora se alega que el pueblo está inconforme, que ha sido vejado y que se va a lanzar a la desobediencia civil. Lo malo es que no se sabe quién es el pueblo ni por qué el pueblo es el pueblo. En estos términos, pareciera que el electorado que no votó por Andrés Manuel no es pueblo. También pareciera que pueblo es la entidad que se define a sí misma sólo porque sufre. Pero sociológica, política y jurídicamente pueblo tiene otras acepciones, más o menos concordantes en que es el elemento humano de un país, nación o estado sujeto a un mismo orden jurídico. Desde este punto de vista es muy difícil comprobar que el pueblo –lo que ello signifique- está inconforme con la elección.

5.- Hoy por la mañana, Andrés Manuel ha llamado a la desobediencia civil. Vale la pena hacer notar que la desobediencia civil es, en gran medida, la precursora de la anarquía. Al menos así lo han planteado mentes brillantes como Bakunin o Thoreau en su momento. Igualmente, la desobediencia civil no es algo que admita cumplimientos parciales: es desobedecer al Estado en su totalidad. Es momento de que aquellos que van a acompañar a Andrés Manuel en este camino, como Ricardo Monreal, razonen si serán congruentes en sus acciones con su discurso: ¿se atreverán a rechazar los puestos que han ganado a través del marco jurídico e institucional que ahora pretenden desobedecer? ¿Los partidos que integran la coalición Movimiento Progresista rechazarán los recursos públicos que les corresponderían? Está por verse si, efectivamente, habrá desobediencia civil en forma o sólo uno de los berrinches apocados a los que ya nos estamos acostumbrando.

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