México atraviesa por un escenario complejo. No sólo se aproximan las elecciones del 2018, sino que caminamos entre la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la ausencia en la designación del titular de la Procuraduría General de la República, la falta de armonización de leyes en materia de transparencia y anticorrupción, entre otros hechos relevantes para la ciudadanía.

Poco a poco, el lenguaje público comienza a centrarse en la distribución de culpas y responsabilidades. Lo anterior, sólo resta credibilidad a la política como herramienta para la transformación positiva de las realidades de millones de mexicanos.

Los ciudadanos están a la expectativa de la eliminación de los obstáculos con los que se enfrentan en su día a día. Uno de los más importantes, sin duda, es la corrupción:

“La encuesta nacional de victimización de empresas 2014 realizada por el INEGI reporta que de cada 10 mil habitantes, 365 reportaron haber sido víctimas de corrupción y en 44.9% de los casos estuvieron involucrados con permisos y licencias”[i]

Frente a estos resultados, México ha emprendido la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que parte de la idea de que la corrupción no tiene patentes, colores o dueños, sino un funcionamiento sistemático que “ha logrado constituir mecanismos racionales y metódicos para subsistir”[ii] y “evitar ser observada, para eludir la vigilancia, para burlar la supervisión”[iii]. No obstante, los resultados han sido paulatinos: en Latinoamérica, México lidera en los índices de percepción ciudadana de la corrupción,[iv] manteniéndose en posiciones altas en este tipo de indicadores.

Sin embargo, la necesidad de mantener marcha firme en el combate a la corrupción no se justifica únicamente en la percepción, sino en las externalidades negativas que mantienen desigualdades sociales[v] y falta de crecimiento económico[vi]. La integridad en el servicio público debe destacar para la construcción de un México justo, igualitario y libre.

El primer paso, es detectar la actividad gubernamental más vulnerable frente a hechos de corrupción: las contrataciones públicas, mismas que tienen adjudicadas el 57% de los sobornos a nivel internacional.[vii] Son 170 billones de pesos anuales que se destinan en el Mundo a esta actividad[viii], por lo que los mecanismos preventivos y de transparencia deben enfatizarse.

En México, la situación es particular. En palabras del Maestro Alejandro Faya:

“El número de contratos es colosal. En función del número de procedimientos estamos hablando —únicamente considerando los procedimientos que utilizan CompraNet— de 186 mil 908 durante 2015, cuyo valor ascendió a casi 550 mil millones de pesos. (…) el Tercer Informe de Gobierno de esta administración señala que, en materia de contrataciones, se emitieron resoluciones sancionatorias por 323.5 millones de pesos entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de julio de 2016”[ix]

En este sentido, la semana pasada presenté una Iniciativa que tiene por objeto transparentar las contrataciones que celebre el Gobierno Federal, a partir de la publicación electrónica del total de procedimientos, de proveedores y recursos asignados.[x] En resumen: que la ciudadanía pueda supervisar, de forma permanente y actualizada, el manejo de los recursos públicos y el desarrollo de las relaciones entre el sector público y privado.

De esta forma, he buscado aportar en la solución de uno de los pilares con mayor complejidad del sistema de corrupción, así como atender a las observaciones más destacadas en materia de apertura gubernamental. El CIDE[xi] y el INAI[xii] reportaron que “persisten prácticas de opacidad que obstaculizan el ejercicio del derecho de acceso a la información”[xiii], indispensable para la rendición de cuentas; así como que “la mayoría de los sujetos obligados cuenta con portales de internet, pero éstos no cubren aún las obligaciones de transparencia legales, ni contienen información orientada al ciudadano”[xiv].

Estoy convencido que la corrupción puede disminuirse drásticamente a través de la transparencia, la participación ciudadana y el uso de las nuevas tecnologías de la información. Las contrataciones públicas pueden servir como ejemplo de integridad frente a la ciudadanía, conforme a un mensaje claro: la política está al servicio de la gente y se conduce de forma ética. La ilusión puede recuperarse.

[i] Centro de Investigación y Docencia Económicas, Informe de Resultados de los Foros de Justicia Cotidiana, disponible en: http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/Documento_JusticiaCotidiana_.pdf (Fecha de consulta: 17 de noviembre de 2017).

[ii] David Arellano Gault, Introducción, en David Arellano Gault, coord., ¿Podemos reducir la corrupción en México? Límites y posibilidades de los instrumentos a nuestro alcance, (México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2012), p. 10.

[iii] Op. Cit.

[iv] Transparency International, People and corruption: Latin American and the Caribbean, disponible en: https://www.transparency.org/_view/publication/7983 (Fecha de consulta: 17 de noviembre de 2017).

[v] Me refiero al monto promedio anual del ingreso que los hogares mexicanos destinan a pagar actos de corrupción, desarrollado por María Amparo Casar, Corrupción, disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=30475 (Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2017).

[vi] Me refiero a los datos de la Encuesta de Fraude y Corrupción en México de KPMG, disponibles en María Amparo Casar, Op. Cit.

[vii] Alejandra Lagunes, Contrataciones Abiertas, la transparencia en acción, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/alejandra-lagunes/nacion/2016/06/6/contrataciones-abiertas-la (Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2017).

[viii] Op. Cit.

[ix] Alejandro Faya, La triste realidad en las constrataciones públicas, disponible en: https://nexos.com.mx/?p=30458 (Fecha de consulta: 17 de noviembre de 2017).

[x] Iniciativa disponible en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/11/asun_3618917_20171116_1510772474.pdf (Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2017).

[xi] Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

[xii] Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

[xiii] Centro de Investigación y Docencia Económicas e Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Métrica de Gobierno Abierto 2017, disponible en: http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2017/03/ReportedeResultadosMetricafeb17.pdf (Fecha de consulta: 17 de noviembre de 2017), p. 6.

[xiv] Ibid., p. 10.