La polémica disputa entre el gobierno de Michoacán y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por recursos económicos colocó en el centro de atención al gobierno federal, bajo el argumento de que el tema está vinculado con la responsabilidad educativa del Estado mexicano.
Esta crisis, que acumula varias semanas no solamente de suspensión de clases sino de afectaciones económicas y sociales debido a que los maestros, para exigir una pronta solución, cerraron el tráfico del ferrocarril que corre del puerto de Lázaro Cárdenas al resto del país si no les pagan 5 mil millones de pesos por diversos adeudos, mayoritariamente por impuestos que se les subvencionaban.
La obstrucción de las vías férreas de Lázaro Cárdenas, Maravatío, Pátzcuaro, Caltzontzin, Nueva Italia, Yurécuaro y La Piedad, no solamente afecta a terceros a través del cierre al abastecimiento de bienes indispensables para la producción automotor de exportación, sino del suministro de alimentos y otras materias primas, cuyo costo en 15 días rebasa los 10 mil millones de pesos y que agudizará la desaceleración económica nacional.
Esta situación se agrava porque también mantienen plantones en 30 ayuntamientos de Michoacán, en las oficinas de rentas y afuera de Palacio de Gobierno de Morelia y un paro indefinido en escuelas de la entidad.
Ya recibieron mil millones de pesos del gobierno federal, que los ha considerado aliados en la revocación de la reforma educativa, pero decidieron mantener sus bloqueos hasta que el gobierno perredista de Michoacán cumpla cada una de las demandas que incorporan día con día.
Así, a la corrupción, la inseguridad, la impunidad, la falta de transparencia y la suma de elementos que confirman el menoscabo acumulado de la gobernabilidad, se suma el chantaje de un organismo que nació con la bandera de la democracia y la educación como proyecto de cambio pero que tiende a desarrollar posturas antiprogresistas y delincuenciales que traicionan al régimen del que se manifestaron aliados.
La coerción ejercida por la CNTE coloca al gobierno en la disyuntiva de avanzar hacia la transformación prometida o amparar las prácticas que colocan a México como una de las naciones más corruptas del mundo.
El cambio está en reconstruir el Estado de Derecho, entendido como un principio de gobernanza en el que todos los individuos, instituciones y entidades están obligadas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos, así como de terceras personas y que se aplica de forma equitativa, justa, y eficiente.
Ahora, más que nunca, el país requiere de hacer valer el Estado de Derecho como el principio rector que vincule a las autoridades y los ciudadanos mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y Iímites legales para vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones comunitarias y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros.
Sin embargo, la CNTE al bloquear y afectar arteramente la vida nacional como mecanismo para mantener privilegios que la sociedad repudió democráticamente el 1 de julio de 2018, y las autoridades, al dejarse chantajear para no aplicar la ley, no abonan en favor del restablecimiento del Estado de Derecho.
No aplicar la ley en este caso, que tiende a contagiar a las agresivas filiales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México, o en cualquier otro asunto que ponga en entredicho el progreso que todos los mexicanos deseamos, pondrá en riesgo cualquier esfuerzo en favor de la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible, la democracia efectiva y la paz.
Especialmente, a partir de este conflicto en México ya no cabe aquel postulado juarista de que “a los amigos, justicia y gracia; a lo enemigos, la ley a secas”.
La señal que hace falta para convencer a los incrédulos de que la Cuarta Transformación va en serio será que la ley se aplique a todos por igual, sean aliados o enemigos.