Concierto Político

EXHIBEN A SENADORA. La denuncia de un diputado federal en contra del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco Mayorga Castañeda, por la posible comisión de algunos delitos, salpicó a la senadora panista Martha Leticia Sosa Govea, quien de inmediato acudió a presentar una demanda ¡por calumnias!

La denuncia fue presentada por el diputado federal Miguel Pompa Corella el día 11 del presente mes ante la PGR, en base a investigaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero también a información de primera mano entregada por ciudadanos. Estos son los hechos:

El 13 de agosto de 2008 celebró la Sagarpa un convenio de concertación con la asociación civil Ciudadanos por Colima, dentro del Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural (Organízate), para la profesionalización, equipamiento, difusión y gastos operativos de la organización social del sector rural. Conforma al convenio, la Sagarpa aportó a Ciudadanos por Colima 500 mil pesos, en una sola ministración, para la ejecución de su plan de trabajo.

De nueva cuenta, el 23 de abril del 2009, la Sagarpa celebró convenio de concertación con Ciudadanos por Colima, dentro del mismo programa denominado Organízate, para la profesionalización, equipamiento, difusión y gastos operativos de la organización social del sector rural. Para la ejecución de su plan de trabajo se entregó a la asociación civil la cantidad de un millón 700 mil pesos.

El 24 de febrero del 2012, bajo la clave CLUNI: CCO0012140601E, relativa al Programa de Fomento al Desarrollo Agrario, se establece que Ciudadanos por Colima recibió de la Sagarpa 900 mil pesos como apoyo otorgado a las organizaciones de la sociedad civil con capacidad para fortalecer, instrumentar y planear el desarrollo del capital social en el medio rural.

A este respecto, se aclara que el 29 de marzo del 2007 quedó protocolizada ante el notario Raúl Gordillo Lozano la asociación civil Ciudadanos por Colima, donde quedó como su presidenta, para un periodo que va del primero de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2009, Martha Leticia Sosa Govea, quien es militante panista, senadora de la República y actualmente candidata a diputada federal por el primer distrito.

Auditorías practicadas por la ASF detectaron un daño patrimonial a la hacienda pública relacionado con las aportaciones a la asociación que presidió dos años la senadora Sosa Govea, cuando ésta no pudo mostrar los documentos que sustentaran la compraventa de los bienes consumibles y servicios que se vendieron o se prestaron a Ciudadanos por Colima.

Al no poder entregar ningún documento la panista Sosa Govea se presume un probable daño o perjuicio –o ambos— a la hacienda pública federal por un monto de 2 millones 295 mil 29 pesos por no comprobar recursos del Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural del ejercicio de 2009, cuyos conceptos no corresponden a lo autorizado en las reglas de operación de los programas de la Sagarpa.

De igual manera, como resultado de la auditoría realizada a Ciudadanos por Colima, se determinó que, con la revisión de la documentación que obra en los expedientes legal y técnico de la Sagarpa, la dependencia federal le otorgó un monto de 3 millones 400 mil pesos del programa Organízate 2010.

Así, pues, se comprobó que Ciudadanos por Colima presentó 73 facturas irregulares o presuntamente apócrifas por concepto de eventos de profesionalización y difusión, papelería, equipo de cómputo, mobiliario, servicios administrativos, hospedaje, alimentación, servicios de transporte y consumibles por 3 millones 403 mil 900 pesos.

La presunción de malos manejos se deriva de los hallazgos y de la información relativa a la cuenta bancaria específica donde la Sagarpa transfirió los recursos mencionados, pues se constató  que fue abierta de manera irregular: con dos actos jurídicos simulados y maquinación deliberada para el depósito, desvío y cobro de las millonarias sumas, para lo cual se contó con la complicidad de una funcionaria de una sucursal bancaria domiciliada en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

De manera, pues, que se comprobó que con cargo a esa cuenta bancaria, mediante operaciones irregulares, se emitieron diez cheques por un total de 3 millones 404 mil 600 pesos. Se presume un probable daño o perjuicio –o ambos—  a la hacienda pública federal por 3 millones 400 mil pesos por autorizar y transferir recursos a Ciudadanos por Colima a una cuenta bancaria que se abrió de manera irregular.

Además, se comprobó el ejercicio de los recursos con 73 facturas irregulares o falsas, lo que evidencia que los servidores públicos de la Sagarpa, responsables del programa Organízate del ejercicio del 2010, no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran validar la legalidad y veracidad de la información y documentación presentadas por la organización social, lo que trajo como consecuencia el presunto desvío de los recursos.

La denuncia presentada por el diputado federal Miguel Pompa ante la PGR es en contra del titular de la Sagarpa o de quien resulte responsable, aunque hace notar el sesgo político que el gobierno federal da a los recursos públicos destinados a los programas federales de las diversas secretarías, por lo que es posible que la denuncia sea ampliada.

Por otro lado, al dar a conocer originalmente la denuncia en contra del titular de la Sagarpa, que puso al descubierto las prácticas corruptas de la panista Sosa Govea, ésta se presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, rauda y veloz, para demandar a Miguel Pompa por calumnias, delito que ya no procede en Colima (y que fue desterrado a nivel federal), lo que pone de manifiesto la ignorancia de la senadora en asuntos legales en la propia entidad que ella dice “representar”.

Lo anterior motivó que el diputado federal ampliara su demanda en contra de la senadora Sosa Govea, quien incurrió en lo que se denomina tráfico de influencia, lo que la envolvió en una estela de corrupción de la que ahora se pretende zafar con su ridícula demanda por calumnias presentada ante la PGJE.

Independientemente de que Sosa Govea sea aún senadora de la República y de que actualmente ande en busca de una diputación federal (lo que le aseguraría fuero  por otros tres años más), esperemos que el asunto no duerma el sueño de los justos en la PGR, y quiera tomarlo como simple acto electorero del que nadie se vuelva a acordar cuando pasen los comicios de julio próximo.

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