El aumento de la población urbana, que se ha dado en los últimos 50 años en México representa desafíos, para dotar a las ciudades del país de una mayor sustentabilidad y competitividad con lo que se estarían asegurando su viabilidad futura y una mejor calidad de vida para sus habitantes.
Actualmente en el país, el 80 por ciento de la población vive en zonas urbanas, en ciudades en la mayoría de los casos poco planeadas y con una consideración menor de los impactos ambientales, lo que ha provocado riesgos del crecimiento económico de largo plazo y al bienestar de millones de ciudadanos que desarrollan sus actividades cotidianas en las principales urbes.
La sustentabilidad y la competitividad de las ciudades mexicanas depende de una planeación urbana de los recursos territoriales, donde es necesario altos estándares en la provisión de infraestructuras, equipamiento y servicios.
Varias instituciones tanto privadas como públicas, se han dado a la tarea el incentivar la planeación urbanas, que genere la sustentabilidad y competitividad de las zonas urbanas en México, que redunde en un mayor bienestar a los habitantes de las ciudades del país.
En el 2013 Banamex, que actualmente es dirigida por Ernesto Torres Cantú, en colaboración con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que preside Juan Pardinas, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), que actualmente tiene como su director general a Abraham Zamora y el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), tuvo la iniciativa de evaluar a las ciudades mexicanas a través de un índice de Ciudades Competitivas y Sustentables; para el 2015 se invitó a esta evaluación a la Secretaría de Desarrollo Agrario , Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría de Energía (SENER), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Consejo Coordinador Empresarial y The Latin América Regional Climate Initiative (LARCI).
El índice de Ciudades Competitivas y Sustentables (ICCS) en México trata de reconocer los gobiernos locales eficientes, así como impulsar prácticas de las ciudades del país para promover las iniciativas, soluciones y proyectos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes y buscar las acciones con oportunidad de mejorar.
Lo que evalúa, el ICCS, son 15 aspectos nueve de competitividad y seis de medio ambiente urbano expandiendo la matriz de indicadores a más de 120. En el subíndice de competitividad que se evalúa, destacan el de mercado laboral, economía estable de la ciudad, innovación en los sectores económicos, entre otros, mientras que los índices que se miden en lo que respecta a los del medio ambiente destacan uso del agua, calidad del aire, movilidad y transporte, etcétera.
El ICCS 2015 evaluó 78 ciudades con más de cien mil habitantes en el país, que se asientan en 379 municipios. Las ciudades fueron clasificadas de acuerdo con el tamaño de población total en tres categorías: ciudades de menos de 500,000 habitantes; ciudades de 500,000 a un millón de habitantes, y ciudades de más de un millón de habitantes.
La Zona Metropolitana del Valle de México es la región que mejor combina la competitividad con el desempeño ambiental en el territorio nacional, según los resultados del Índice de Ciudades Competitivas y Sustentables 2015.
Las ciudades con una población de 500,000 a un millón de habitantes que mejor evaluación de competitividad obtuvieron y su relación con el medio ambiente fueron Saltillo, que tuvo una calificación de 54.56 y Morelia que fue evaluada con un 50.45, mientras las ciudades mejor evaluadas con una población de 100,000 a 500,000 habitantes en el presente año fueron Zacatecas-Guadalupe y Guanajuato.
La importancia del ICCS radica en que es un instrumento de evaluación que incentiva a los gobiernos locales a hacer más competitivas sus ciudades, propone también mejorar el medio ambiente y en la medida en que las ciudades del país se vuelvan más sustentables y competitivas estarán asegurando su viabilidad futura y podrán garantizar una mejor calidad de vida para sus habitantes.
Se necesita en verdad una planeación urbana que a futuro evite en lo posible los conflictos económicos, sociales y ambientales, que afectan la calidad de vida de los habitantes de esas zonas urbanas, mientras que los gobiernos locales, tienen que generar ingresos propios, para dotar de la infraestructura adecuada para que las ciudades sean sustentables y competitivas y sobre todo se tenga viabilidad futura.