Dada la importancia del tema que nos ocupa, me gustaría empezar esta reflexión con las siguientes premisas: ¿Qué consecuencias tiene para el sistema político mexicano el uso clientelar de los recursos públicos? y más aún ¿qué efectos sociales generan las prácticas ilegales e informales para la estabilidad de un sistema democrático como el nuestro?

La semana pasada nos enteramos a través de los medios de comunicación de un caso comprobado de utilización de recursos e infraestructura pública y su uso clientelar, con el fin de ganar una ventaja electoral antes del inicio de las campañas políticas que arrancan este mes de abril. 

Al respecto, considero que tendría que resultar ofensivo para cualquier ciudadano, además de las implicaciones legales que deberían proceder de esta acción, saber que para recibir despensas de la autoridad delegacional, vecinos de la Cuauhtémoc tuvieron que entregar una copia de su credencial de elector y firmar el padrón de beneficiarios, siempre y cuando estuvieran inscritos a la acción institucional ?Seguridad Alimentaria?. 

No cabe duda de que ésta es una maniobra de las autoridades delegacionales, y de sus grupos de poder, para aprovecharse de las necesidades de la gente e imponer su visión política a través de prácticas indignas e injustas. Lo cual, por cierto, tiene nombre y apellido, se trata de una política clientelar, cuya tradición de manipulación y abuso atenta contra la política democrática, basada en el respeto a los derechos de las personas.

Pero ¿cuáles son los rasgos de una política clientelar? Me parece importante identificar que se trata de un aspecto doblemente grave: por un lado, significa un abuso de autoridad y un dispendio de recursos públicos y, por el otro, una estrategia que considera a las personas, dada su situación económica, susceptibles de intercambiar ?favores? o ?cosas?. De tal manera que el voto puede ser equivalente a un kilo de arroz.

Asimismo, las políticas clientelares que persiguen apoyo electoral, tienen las siguientes características:

a) Son  arbitrarias e improvisadas, pues no se trata de programas planeados y ejecutados conforme a indicadores de impacto o beneficio que disminuyan las graves desigualdades sociales.

b) Carecen de metodología adecuada, ya que no identifican cuál es la población que realmente necesita del apoyo, ni proponen estrategias para erradicar causas graves de pobreza.

c) No se sabe por qué se aplican en ciertas zonas y no en otras, ni tampoco cuál es el costo real del programa, sus fases o tiempos de ejecución. Además de injustas, puesto que no se utiliza un criterio singular de aplicación de la ayuda; esto es: pueden entregarse tanto a personas con un nivel de vida estable o a personas que viven en condiciones de marginación graves; o bien, no entregarse, sin que haya consecuencias.

El caso de la Delegación Cuauhtémoc es un claro ejemplo de lo anterior, pues en dicha demarcación se descubrió un operativo de entrega de despensas resguardadas en un deportivo social, lo que trascendió en una denuncia por allanamiento de propiedad privada a los periodistas que dieron la noticia, quienes fueron consignados a la autoridad correspondiente.

Por su parte, las autoridades delegacionales no supieron cómo responder a la situación, lo cual se aclaró cuando salió a la luz pública que la Directora de Desarrollo Social es la esposa del candidato a un cargo de elección popular en la misma delegación.

Ante los hechos, sobra decir que no se trata de confabulaciones o de ataques políticos insidiosos, sino de una clara muestra de una noción corrupta de la política.

En resumen: Las políticas clientelares, los abusos de autoridades, las mentiras de campaña, las promesas incumplidas y el uso discrecional y patrimonialista de los recursos públicos, son formas concretas de corrupción grave y de afectación de la vida y el interés público.

Por ello, un verdadero compromiso para cambiar la vida política de nuestro país es crear las condiciones y normas para eliminar los casos de política clientelar, porque como ya vimos, ésta representa un gasto superfluo y patrimonialista que termina beneficiando a una persona o grupo; a alguien que se vuelve -más que representante popular-, dirigente de una mafia que se burla de las personas y busca permanecer en el poder usando las peores prácticas.

Insisto, en un sistema clientelar las decisiones de la autoridad se utilizan para obtener beneficio privado, y es una forma de poner obstáculos a la participación ciudadana genuina y democrática.

En mi perspectiva, considero que los compromisos de los candidatos a los cargos de elección popular deben estar ajustados a crear legislación y prácticas formales, así como normas y un sistema de sanciones para eliminar dichas políticas clientelares, ya que éstas son el peor de los cánceres para la construcción de ciudadanía.

Es fundamental, además, proteger y auditar el presupuesto público, evitar las transferencias ?extraordinarias, discrecionales, específicas, personalizadas y opacas.

El compromiso de un candidato debe estar respaldado por decisiones para eliminar de forma real y cuantificable la desigualdad y la pobreza; no para ?comprar favores?. 

Los políticos no deben abusar de la confianza de los ciudadanos, deben ser honestos y profesionales al ejercer sus responsabilidades, de otro modo no podremos cambiar la situación difícil que ahora vive nuestra sociedad.

*Dunia Ludlow se desempeña actualmente como Secretaria General del Instituto de Capacitación y Desarrollo, A.C. (ICADEP) del Partido Revolucionario Institucional. Es Maestra en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, España.