Un día histórico, el vivido en Chile durante el referéndum constitucional del 25 de octubre. Habían dos preguntas en la hoja. La primera pidió a los ciudadanos que aprobarán o rechazarán una nueva constitución. De ser así, habría que elegir el organismo encargado de redactar la nueva Carta Magna. En el primer caso, una Asamblea Constituyente integrada por 155 ciudadanos, elegidos en las próximas reuniones administrativas del 11 de abril de 2021 en base a criterios de igualdad de género y la participación de delegados que representen los pueblos indígenas. En el segundo, una convención mixta, es decir, el 50% de los parlamentarios nombrados por el Congreso y el otro 50% por ciudadanos elegidos por voto popular, como en el primer caso.

En el momento de redactar este informe y con casi la totalidad de las papeletas escrutadas, el 78,27% de los casi 15 millones que acudieron a las urnas dijeron que sí al cambio de constitución (frente al 21,73%), y eligieron la primera. Opción del 79,4%, frente al 20,96% que prefirió esta última. Resultados similares también en el extranjero, donde votaron unas 60.000 personas del millón de residentes fuera del país.

 

Un resultado que indica la fuerte intención popular de deshacerse de la actual constitución, redactada durante los años de la dictadura militar (que ensangrentó al país desde 1973 a 1999), e impuesta en 1980. Las proporciones del voto también ofrecen una fuerte oportunidad para limitar el fraude, que hasta ahora ha desactivado los intentos previos de cambiar de marcha en el país definitivamente, modificando el marco institucional que lo sustenta, y que han llevado a la abstención a un sector de los movimientos, protagonistas de las protestas de este último año.

 

Para otro lado, los potentados económicos intentarán volver a lograr imponer sus candidatos y sus maniobras gatopardescas (“cambiar todo, para que todo siga igual”), dejando sin resultado la posibilidad de que, por primera vez desde 1833, la constitución sea redactada por una asamblea popular.

 

De hecho, es desde la época del golpe de Estado contra Salvador Allende, cuando el imperialismo estadounidense decidió "gritar" a la economía chilena dando mano libre al neoliberalismo desenfrenado de los "Chicago Boys", que los intereses de las grandes multinacionales determinan las opciones políticas, que sus actores locales se mueven en esta clave.

 

A pesar del fuerte consenso de que goza la derecha en el país, en lo que, como era de esperar, aún hoy día se define como “democradura”, el nivel de abstención en las urnas siempre ha sido alto. En las últimas elecciones presidenciales, solo el 44% de la población acudió a votar. El multimillonario Sebastián Piñera (uno de los hombres más ricos de Chile y del mundo, según la revista Forbes) ganó con el 54,5% de ese porcentaje de votantes, pero los medios hegemónicos siguieron presentando esa victoria como la "más alto alcanzado en Chile en los últimos 8 años ".

 

El fracaso de su modelo y la profunda crisis que enfrenta la democracia oligárquica en Chile explotó aún más con la explosión del Covid-19. Según la Organización Mundial de la Salud, Chile tiene las tasas de infección más altas del mundo (más de 500.000 infectados) y ocupa el sexto lugar en América Latina por número de muertos, más de 18.000 desde el inicio de la pandemia.

 

Esto no ha impedido que la población empobrecida salga a las calles en repetidas ocasiones desde hace un año con el grito de “no al Piñeravirus”, y de desafiar la represión de los carabineros. El saldo fue de 36 muertos y cientos de heridos, incluidos 460 con daño ocular, hasta la ceguera total. El informe presentado a la ONU registró 2.520 violaciones de derechos humanos cometidas por policías y militares.

 

Sin embargo, un aparato bien establecido y apoyado internacionalmente logró desviar la atención de las violaciones reales a los derechos humanos, a la retórica utilizada por las clases dominantes para abstenerse apuntando a un enemigo específico: en este caso, la Venezuela bolivariana, acusada por los así mal llamados "expertos” de una comisión paralela, conformada por partidarios de los golpistas venezolanos, y animada por un gran defensor de Piñera y los ministros de la dictadura pinochetista, el abogado penalista Francisco Cox.

 

También con motivo de este plebiscito, la extrema derecha chilena utilizó como ejemplo qué hay que evitar la revolución bolivariana. En algunos informes noticiosos, que han enumerado muchos de los países que han cambiado sus constituciones, dentro y fuera de América Latina, la Carta Magna Bolivariana, que se centra en un amplio espectro de derechos, se declina en los dos géneros y que entrega la facultad de ser no solo participante, sino también protagonista en todos los procesos de toma de decisiones, fue considerado como un ejemplo "cuestionable, en el contexto de las democracias modernas, desde el punto de vista jurídico".

 

El gran miedo de la burguesía y sus perros guardianes, que actúan en los aparatos de control ideológico, es en realidad la voluntad soberana del pueblo, representada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y no los juegos políticos del aparato, la que también irrumpió en Chile, como sucedió en Venezuela tras la victoria de Hugo Chávez en 1998, y que inspiró las posteriores constituciones en Ecuador de la revolución ciudadana y en Bolivia de la revolución andina.

 

Las experiencias en Venezuela, Ecuador y Bolivia han sido "catastróficas", es lo que pontifican los "expertos" del gran capital internacional. En esos casos, argumentaron, hubo una ruptura institucional total, y la ANC fue "utilizada para favorecer a los gobiernos a su vez".

 

En Chile, las clases dominantes cuentan en cambio con el querer aprovechar la fragmentación existente en la oposición popular, que aún no ha expresado una representación política capaz de dar plena voz al bloque histórico anticapitalista y antiimperialista en sus diversas formas, como ocurrió en las tres experiencias latinoamericanas ya mencionadas, y consideradas por los medios del régimen como ejemplos a evitar.

 

Uno, en particular, el del socialismo bolivariano, resiste desde hace veintitantos años gracias a la conciencia y organización de los sectores populares, que han encontrado voz y representación en el Partido Socialista Unido de Venezuela (el más grande de América Latina) y en las formaciones aliadas en el Gran Polo Patriótico. Y fue la ANC, como máximo órgano plenipotenciario, a devolver la paz al país tras la violencia de la derecha golpista en 2017.

 

Chile tendrá ahora que encontrar su camino, dando lugar a un conflicto que, desde hace al menos diez años, viene diciendo No al legado pinochetista y también a los pactos entre las élites que le siguieron. En los largos maratones electorales organizados sobre todo por los medios alternativos (por ejemplo El Ciudadano, Conaicop, Brics-Psuv y Resumen Latinoamericano), muchas de las análisis han resumido de hecho las innumerables trampas que ha atrapado el sistema político chileno para evitar que el pueblo decida por voto. desde el referéndum de 1988.

 

Luego, ante la crisis abierta de una dictadura que ya no garantizaba a las multinacionales y al imperialismo estadounidense la explotación segura de los recursos del país (principalmente el cobre), se decidió una transición "pactada" para garantizar su continuidad. en un simulacro de democracia. El Sí a Pinochet obtuvo entonces el 43%, el No 54%.

 

La continuidad con ese sistema blindado ha impedido que se cambien las reglas del juego tanto en términos políticos como en materia de defensa de los derechos básicos, en un país que ha privatizado no solo las empresas públicas, no solo la vivienda y la educación, sino también el agua y el mar. La constitución actual, incluso después de algunas reformas superficiales que no han cambiado su naturaleza, permite por ejemplo al Tribunal Constitucional (TC) impugnar cualquier ley, incluso si es aprobada por una abrumadora mayoría.

 

Por tanto, será tarea de la lucha de clases imponer otro camino desde abajo.