Andrés Manuel López Obrador es el tercer Presidente después de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto que representa la alternancia en la silla presidencial.

Se asume como el mandatario que impulsará la llamada Cuarta Transformación en México, la cual, erradicará la corrupción, fomentará la honestidad, la seguridad y el crecimiento económico en cada rincón del país, respaldado por su amplia legitimidad por los más de 30 millones de votos obtenidos el pasado 1 de julio.

Durante los meses previos a su toma de protesta tuvo como acierto, encomendar a su equipo una transición tersa y sin contratiempos en cada una de las dependencias del gobierno federal, lo que transmitió estabilidad, diálogo y madurez en su naciente mandato.

Pero, en ese mismo lapso de tiempo, tomó e instruyó decisiones que causaron polémica y que le dieron una cara con rasgos centralistas, autoritarios, populistas y unilaterales a la Cuarta Transformación, características de un modelo presidencialista que prometió erradicar de la vida pública de nuestro país.

Por ejemplo:

La cancelación del nuevo Aeropuerto en Texcoco, llamado el “error de octubre”, el cual, sigue manteniendo en incertidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros.

La realización de consultas fuera de lo establecido en la Constitución, consideradas ejercicios democráticos a modo y con poca participación de los ciudadanos. 

La construcción del Tren Maya, que más allá de su viabilidad presupuestal, de la infraestructura turística y la creación de empleos, hay voces que señalan que el impacto ambiental que tendría las zonas del sur del país sería irreversible.   

La aprobación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual, ha sido impugnada a través de una controversia inconstitucional interpuesta por la CNDH que señala inconsistencias en diversos artículos y en el proceso legislativo, y que parece un inminente choque entre los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación, que podría extenderse a futuras reformas.

La creación de la Guardia Nacional, que constitucionalmente puede ser conformada por Civiles, siendo esa su naturaleza jurídica, pero, la propuesta es que sea Militar, situación que ha causado controversia apuntando a una militarización de la seguridad pública en México. 

La llamada “Ley Taibo II”, que es una reforma a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, considerada una modificación dirigida  para que Francisco Ignacio Taibo Mahojo (Paco Ignacio Taibo II) español de nacimiento, pero, naturalizado mexicano, tome las riendas del Fondo de Cultura Económica, lo cual, ya sucedió aun sin haberse aprobado la citada reforma. 

Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la creación de la Ley de la Fiscalía General de la República, fueron cuestionadas por hacer caso omiso a propuestas de modificación de los grupos parlamentarios de oposición, en el caso, de la Ley de la Fiscalía se mantuvo la facultad del Presidente de la República para que él designe y remueva al próximo Fiscal General, lo cual, no genera autonomía y eficiencia para investigar, y perseguir los delitos.

Al respecto, los cambios integrales realizados a la estructura del gobierno federal apuntan a una concentración disfrazada de facultades, algunos ejemplos de ello:

Las Delegaciones de Programas para el Desarrollo o también llamadas los “Súper Delegados”, que dependerán de la Secretaría de Bienestar, pero, serán coordinadas por un Coordinador General que está bajo el mando directo del Presidente de la República.   

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público concentra como área consolidadora los procedimientos de compra de bienes y contratación de servicios, además ejerce el control presupuestario de las contrataciones públicas a través de su Oficialía Mayor.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con las atribuciones que le confiere la ley en materia de seguridad pública, interior, nacional, de protección civil, de inteligencia, de política criminal, entre otras, se considera una súper Secretaría donde el Presidente de la República presidirá el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el de Seguridad Nacional.  

La Oficina de la Presidencia instancia adscrita al Presidente de la República, tendrá las atribuciones de ejecutar las políticas de comunicación social y digital que se generen en las dependencias del gobierno federal, con la misión de hacer más transparente la relación entre el gobierno y los privados relacionados a los medios de comunicación, lo que indica que de cierta manera si habrá una centralización sobre estos temas. 

Lo anterior, ha inquietado a las fuerzas políticas de oposición, al sector empresarial y algunos sectores de la prensa nacional e internacional, señalando que en temas trascendentes para el país se privilegiaron las consultas a modo, el mayoriteo legislativo, la falta de diálogo y de consenso.

Conclusiones

México es una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos, unidos en una federación. Esto quiere decir, que se debe privilegiar el pacto federal a través de mecanismos democráticos que impulsen la autonomía de cada entidad federativa y se garantice la eficiencia del municipio libre. 

Los cambios en la Administración Pública Federal, así como, las decisiones en materia de política pública vislumbran rasgos centralistas en nuestra federación, es decir, la concentración del poder en la asignación de programas sociales, en temas hacendarios y presupuestales, en seguridad, en comunicación social y en la realización de consultas populares.

Recordar que la historia de nuestro país está marcada por hechos, circunstancias y decisiones que concentraron el poder y ocasionaron crisis social, política y económica. Al respecto, se dice que para entender nuestro presente, hay que conocer nuestro pasado, y tenemos que durante primera república centralista 1835 -1841 los estados dejaron de tener autonomía quedando sujetos a lo que mandataba el Poder Central, pasaron a ser departamentos gobernados por “Juntas Departamentales” designadas desde el Poder Central, características similares aunque en tiempos diferentes lo que realizarán los “Súper Delegados”, lo cual, podrían acotar las facultades de los gobernadores.

De concretarse estas prácticas durante el sexenio, estaríamos frente a un retroceso histórico, donde nuestro federalismo sería nuevamente acotado siendo los principales afectados la división de poderes, las entidades federativas y los municipios.

Por ello, ante una nueva oportunidad de impulsar un gobierno eficiente y de resultados, es necesario privilegiar al federalismo, al diálogo, al consenso, al respeto de las minorías y de las oposiciones políticas.

Se debe dejar de lado el discurso de polarización, ya que, la gobernabilidad de nuestro país no se trata de chairos y fifís, no se trata de dividir a la sociedad, sino se trata de construir unidos un México con bienestar, justicia, igualdad y libertad.

Si esto se logra con la configuración administrativa que impulsó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que sea bienvenida, pero, si sólo es simulación para amasar poder, control y traer una nueva versión del hiperpresidencialismo, nuestro país estaría al borde de una crisis social, política y económica sin precedentes.   

Como reflexión final cito lo dicho por Montesquieu “para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”, y no hay poder más genuino que el mismo pueblo y los controles constitucionales.