Sin distingo de personas o intereses, ningún crimen, ninguno, debiera jamás concluir en impunidad; pero nadie debería impedir en conciencia la averiguación, condena y castigo de los culpables.

En los últimos años hemos conocido en México tragedias que revelan tristemente la ignominia criminal que siembra dolor inimaginable en familias y sociedad: la espantosa muerte de 49 bebés y 109 heridos en una guardería de Hermosillo; la masacre en que murieron quemadas y asfixiadas 52 personas inocentes en un casino en Monterrey; el asesinato masivo en San Fernando de 72 personas que solo buscaban un futuro mejor y la impune desaparición masiva de personas en todo el país. En su casi absoluta mayoría, casos sumidos en la dolorosa impunidad que a su vez promueve la continuación del crimen.

Pero sobre todas estas tragedias criminales, ninguna ha merecido tantas páginas, recursos y posturas como el caso de la desaparición y muerte de estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Expertos, peritos de la autoridad, ministerios públicos, procuradores, coadyuvantes independientes internacionales de derechos humanos en su papel de auditores. Lo mismo científicos enfrentados, que periodistas y ?bienpensantes? quienes comentan y señalan -con objetividad o sin ella- enfatizando en la mayoría de los casos lo que pueda concluir en la descalificación del Estado. Algunos de estos cínicamente aceptan qué ?es lo que vende?. También políticos lanzando o sacudiéndose culpas e inventando nuevas comisiones y fiscalías para continuar usufructuando políticamente del caso criminal.

Una gran parte de la sociedad se amalgama y solidariza demandando justicia ante la muerte de estudiantes, doliéndose por sus padres. Como nunca antes en otra tragedia, ha habido en la descalificación masiva una oportunidad tan prolífica para incrementar el desprecio social a cuanto actuar -se supone- procede directamente del Ejecutivo. Sin el más mínimo distingo de niveles de autoridad o de intereses mezclados, la sociedad procede a idealizar una realidad en extremo parcial y contradictoria, que por un lado exige justicia y por otro ignora y valida prácticamente cualquier ?acto de reivindicación?, así sea un acto de vandalismo o una conducta criminal.

Al parecer, en el ideario nacional el ser estudiante o periodista otorga o les confiere una categoría de exigencia de justicia pronta y expedita superior a la que puedan aspirar otros ciudadanos víctimas del crimen, así se trate de bebés. El país entero guarda en la memoria colectiva, escasamente vivencial, lo sucedido en el México del 68 y no alcanza a distinguir agendas e intereses que han inspirado a cada movimiento social o estudiantil, diferencias que, por supuesto, jamás exonerarán un crimen, pero que resultan importantes al tratar de explicarnos porqué estamos siendo testigos de un caso que intencionalmente no conocerá conclusión, estén o no los culpables en la cárcel.

+Milenio Diario, 21 de septiembre 2015, 10:45 hrs: ?Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa irrumpieron en la Fiscalía General del Estado de Guerrero en reclamo por los mínimos resultados de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala. Con cadenas, los estudiantes encapuchados destrozaron cristales, equipo de cómputo y material de oficina. A bordo de seis camiones, los estudiantes salieron de la normal a las 8.30 hs. hacia Chilpancingo.... los trabajadores trataron de impedir el paso a los normalistas, pero éstos los superaron en número e ingresaron a la fiscalía. Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, aclaró que ?la acción se llevaba a cabo en reproche al trabajo realizado por la fiscalía que hasta la fecha no ha logrado ningún avance importante en torno a los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014?. Cabe destacar en este relato que esta vez no se trató de los ya muy frecuentes ?infiltrados?.

Hoy 22 de septiembre 9:30 hs. la radio reporta enfrentamientos y quema de un tráiler en las cercanías de Chilpancingo.

Acciones como las reportadas en el párrafo anterior no son privativas del caso Iguala y se vienen repitiendo durante varios años en Guerrero. En 2014, éstas se agudizaron en el momento en que se visualizó la inminente aprobación de la Reforma Educativa.

Hemos visto a los mismos protagonistas quemar el Congreso, destruir las sedes de todos los partidos y del INE, el sindicato de maestros, los palacios de Justicia y de Gobierno y la quema y el vandalismo de una cantidad indeterminada de autobuses y camiones de reparto de mercancías. Se ha impedido, por lo menos en el municipio de Tixtla en donde se asienta la normal de Ayotzinapa, cualquier acto civil, desde elecciones hasta la celebración del 15 de septiembre.

Y no, no se trata de ?criminalizar a los estudiantes?. Conscientemente, el movimiento magisterial disidente utiliza hace años métodos fuera de la ley para alcanzar sus fines. Esta es su estrategia insignia para conseguir sus demandas y siempre estos actos anteceden a la exigencia de reunirse con autoridades con una agenda específica. Ante la cercana reunión con el Presidente de la República lo ocurrido esta mañana, muestra que se trata no sólo de una exhibición de fuerza; es la amenaza real de lo que podemos esperar de no cumplirse sus demandas: la renuncia del Presidente, a menos que se desconozca todo lo investigado (incluyendo lo analizado por la Universidad de Innsbruck), aceptar como inapelable lo dicho por el GIEI (no solicitar un nuevo peritaje o intervención de expertos) y el nombramiento de un fiscal independiente designado únicamente por los padres de los normalistas.

Seguiremos viendo, sin duda, actos de violencia creciente durante esta semana en preparación a la mencionada reunión.

La historia del actuar de los normalistas de Ayotzinapa y la CETEG (aunque muchos la ignoren en este momento), está suficientemente documentada en diarios y noticieros. Se hizo visible para el país en aquel episodio en la Autopista del Sol en el que murió por disparo de arma de fuego un normalista, y un empleado de una gasolinera murió quemado vivo al tratar de bloquear una toma rota por los normalistas que pretendían robar gasolina para continuar fabricando y arrojando bombas molotov a los policías. ¿Que exigían entonces los normalistas? Plazas de maestro para todos los egresados de normales rurales.

Exigir es un verbo que se repite constantemente en el lenguaje de estas organizaciones, nunca se pide o se negocia. La lógica es simple: mediante la amenaza de violencia real de continuar la destrucción, vandalismo y secuestro, el ?movimiento? demuestra lo que le puede esperar al Estado y a la sociedad de no cumplir sus exigencias. La estrategia de ?tomar? (secuestrar o robar) lo que se necesite o acomode no se reconoce en el movimiento como actos fuera de la ley. Toda acción del Estado para frenar la violencia es catalogada como represión.

Traigo al recuerdo los casos de la CNTE en Oaxaca y de la disidencia Michoacana. Estrategias similares: secuestro de autobuses, robo de camiones transportistas y sus contenidos, quema de automotores, bombas molotov lanzadas directamente a policías, utilización de piedras lanzadas con resorteras que perforan cascos y matan en caso de no portarlo, robo de peaje en casetas, bloqueo de gasolineras y vías de comunicación, golpizas a policías que queden aislados en la revuelta, y en algunos casos secuestro temporal e intimidación de funcionarios de los tres niveles de gobierno que incluyen desde diputados hasta policías. Ni un solo consignado. Cuando alguno es detenido, sale en pocas horas ante la amenaza de más violencia.

En Guerrero hay un agravante: la documentada liga de las normales rurales con la guerrilla y con la policía comunitaria que imprimen a su actuar un ingrediente particularmente violento: la estrategia de ver al Estado quebrado por la violencia hasta hoy ha funcionado.

Desde hace 30 años gobiernos del PRI y del PRD se han sucedido en Guerrero sin que nadie hubiera tenido hasta ahora la intención de detener este estado de las cosas. Acuerdos firmados por gobernadores  -existen y se pueden consultar- en donde no sólo se autorizan plazas automáticas en cada generación de normalistas egresados, sino también el derecho oficializado a heredar o vender plazas. Tal vez el interés mayor era la entrega a la CETEG de casi todo el presupuesto Federal destinado a educación en el Estado, que incluía uniformes, libros, capacitación y mejora y mantenimiento de escuelas. Resultado: un gran número de plazas fantasma y un deplorable estado físico de las escuelas; padres de familia que deben pagar cuotas para mantener en pie los indignos planteles de escuelas, sin olvidar que Guerrero ocupa, después de Oaxaca y Chiapas el peor nivel educativo del país.

Así queda visto que la CETEG y las normales rurales se encontraban ya antes de la tragedia de Iguala, en un momento crítico. La Reforma Educativa ha cerrado las puertas de acceso al dinero, plazas y prebendas logradas en 30 años ?de lucha?. Las normales rurales, por su parte, utilizan gran parte del tiempo de clase en actividades de adoctrinamiento y movilización social, lo que aunado a deficientes programas académicos, les deja en franca desventaja para presentar un examen de oposición para obtener una plaza.

La normal de Ayotzinapa es entonces de forma natural, uno de los brazos violentos de la CETEG. Ambas organizaciones están absolutamente mimetizadas, puesto que las hermanan intereses comunes. No es casualidad que el vocero de los padres de Ayotzinapa sea un conocido líder de la organización magisterial (él no es padre de ningún normalista desaparecido). La CETEG se apresuró a tomar el caso.

Ante esta amalgama de intereses y organizaciones interactuando y trabajando juntas en un esquema de exigencia violenta de beneficios, la sociedad Guerrerense se siente agobiada y culpa a la autoridad de inacción. No siente empatía alguna hacia el movimiento magisterial y normalista, pero en Guerrero la sociedad con voz protestará públicamente sólo si se afecta a la actividad turística y comercial del municipio que genera más empleos e impuestos, Acapulco, que es -de paso-, el más violento del país. Ahí no se escucha la exigencia de no suspender clases, porque ese ya es un asunto cotidiano y ?sin remedio?.

No soy una de ?tantos especialistas?, ni periodista, ni pienso incorporarme a la defensa de las investigaciones de la PGR, ni a la demanda de justicia de los padres; ni tengo la obligación de ser políticamente correcta evitando utilizar las palabras que corresponden a cada acción; pero al ver a tantos opinar desde la corrección del centro (mea culpa, soy Chilanga), debo decir que he aprendido algo viviendo en Guerrero: que nada es como se aprecia desde el centro. Las reacciones sociales y demandas se manejan y procesan de una manera distinta a la lógica comúnmente aceptada. Gobernantes corruptos y caciquiles, pobreza extrema, ignorancia, guerrilla, intereses de grupo, autoridades mimetizadas con el crimen, policías comunitarias, y si por si algo nos faltara, mucha, muchísima droga y sus criminales consecuencias. Aquí el mundo parece tener una lógica diferente. Pero como tantos se preguntan y reclaman justicia, pienso que hay elementos que posiblemente aclaren mi tesis de que este caso se encamina fatalmente a no concluir frente a la sociedad y la justicia.

Extraña sobremanera el papel que ha jugado el GIEI, grupo que al igual del de los peritos argentinos, el Estado decidió solicitar y financiar. Alrededor de seis meses le llevó a la autoridad una investigación que a pesar de presentar deficiencias, muchos no tardaron en definir como ?sin precedentes? en la historia de la investigación criminal del país. Seis meses llevó a los expertos del GIEI auditar y señalar errores de actuación y desacreditar la tesis principal de la llamada ?verdad histórica? de la PGR y nada tardaron los iniciales ?elogiadores? en desacreditar la actuación del Estado.

Aquí pregunto: ¿Porqué un grupo de investigación en violaciones a derechos humanos se convierte de pronto en auditor inapelable en una investigación criminal? ¿Cuál debiera ser su papel como coadyuvante imparcial en derechos humanos?

Recuerdo la reunión hecha pública del GIEI con la Procuradora Arely Gómez antes de la entrega de su reporte final en que los miembros del GIEI declararon: ?No venimos a desacreditar al gobierno, sino a coadyuvar en la investigación?. Para nadie es ajeno que el reporte presentado no solo desacredita la investigación del estado al dictaminar que la tesis de incineración de cuerpos en el basurero de Cocula no solo no es posible, ni siquiera hay una recomendación de revisión. Se trata de un dictamen que califican como contundente. Otras recomendaciones parecen apuntar a una calificación reprobatoria en cuanto a limpieza y manejo de protocolos en toda la investigación de la PGR, así como líneas de investigación ausentes.

Para documentar aún más mi cuestionamiento acerca de la imparcialidad del GIEI, recurro a la visión de la extraña visita de entrega de reporte de los integrantes a los padres en la normal de Ayotzinapa. Se trató de un evento dónde las flores, abrazos, besos y agradecimientos mutuos fueron la constante, aderezado aquél por la declaración lapidaria a modo de conclusión a los padres: ?La verdad es dura, pero más dura es la mentira?. A ver, a ver, ¿Cómo? ¿Un grupo imparcial, independiente y con intención de coadyuvar a la investigación da la pauta de lo que constituirá en adelante la consigna de los padres y líderes que les acompañan? ?El estado nos miente intencionalmente?.

Otra duda acerca de la actuación del GIEI es ¿por qué no promovió que los padres acudieran ante la autoridad a levantar las denuncias correspondientes a la desaparición de sus hijos? No existe una sola denuncia, con las consecuencias jurídicas que esto podría significar. ¿Una comisión coadyuvante en derechos humanos no podría haber observado esta carencia toral? ¿No hubiera procedido por lo menos una nota a nivel de recomendación? ¿O un comentario a los múltiples abogados que les representan, o a las ONG de derechos humanos que les asesoran? Tal omisión pudiera tener consecuencias que llegarían a la liberación de presuntos asesinos confesos.

Nuevamente, no pretendo ni puedo discutir técnicamente lo afirmado por el GIEI, mi reflexión y cuestionamiento se centra en la actuación y manejo del caso con autoridades y víctimas que debiera ser intachable.

Otro elemento que parece acentuarse y apuntar ya hacia la consigna de no conclusión del caso, son las menciones frecuentes de demanda de derogación de la Reforma Educativa. Dicha demanda se mencionó abiertamente durante la conferencia de prensa de padres después de la entrega del reporte a la opinión pública del GIEI.

Sin lugar a dudas, el punto más delicado es si los padres realmente creen que sus hijos están vivos. En Guerrero todos sabemos que a un mes de desaparecida una persona por la que no se ha pedido rescate, las probabilidades reales de encontrarla viva son desafortunadamente, casi nulas; ¿a un año...? Quién aquí vive lo sabe y se repiten por miles -literal- las historias de familias en silencioso duelo. En este sentido, hay varias situaciones que pudieran indicar que los padres de los normalistas aceptan silenciosamente este destino fatal.

Conocemos la historia de Miguel Ángel Jiménez Blanco, líder fundador de las policías comunitarias, quién encabezó una esmerada búsqueda de los 43 desaparecidos; buscó a pié, fosas en la montaña Guerrerense y visitó los hornos crematorios de la región. La UPOEG también organizó misiones de búsqueda de fosas. Mientras los padres de los normalistas viajaban por el mundo y los normalistas acudían a sus acciones en carreteras y plazas, Miguel Ángel Jiménez era asesinado. Al descubrirse numerosas fosas clandestinas entre la zonas de iguala y Cocula, muchas personas se acercaron y unieron a la búsqueda, personas con algún familiar o amigo desaparecido.

A excepción de los primeros días que siguieron a la desaparición de los 43 normalistas, y a pesar de los miles y miles de personas que apoyaban el movimiento por justicia, en este caso no se supo (a excepción de los intentos de ingresar a los campos militares), de ninguna acción coordinada de búsqueda de los normalistas por parte de sus padres y compañeros. No deja de sorprender que se prefiriera recurrir a la protesta y a la promoción del movimiento a lo largo del país y en el extranjero, que a la búsqueda organizada de los hijos que se afirma están vivos.

Recomiendo ampliamente revisar con atención la entrevista que realizara Carlos Loret de Mola a tres de los padres de los desaparecidos el pasado viernes 12 de septiembre. Hablan indistintamente en pasado y presente de sus hijos, hablan de que el gobierno los tiene en sus celdas, que están vivos, pero a la vez hablan de ?masacre sin piedad?.

En cuanto al abierto rechazo, aún de la primera prueba de identificación positiva de ADN procedente del laboratorio de Innsbuck, argumentan que el Estado los encerró, los torturó y les cortaron pedacitos que enviaron para su reconocimiento de ADN. En la misma entrevista confirman no aceptar un tercer peritaje de expertos, puesto que el del GIEI es el único reporte que les ha dado lo que esperaban y en este grupo confían para exigir al Estado que no les mienta más y que abra nuevas líneas de investigación sugeridas por el GIEI. Exigen además, cárcel para el exprocurador Murillo Karam. Aquí la liga: http://noticieros.televisa.com/programas-primero-noticias/1509/padres-normalistas-desaparecidos-no-quieren-tercer-peritaje/

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es una investigación que tendrá que continuar y el Estado tendrá que aclarar vacíos, vicios e inconsistencias en la investigación.

Recordemos que es atribución única del Estado la investigación legal, el juicio y la determinación del castigo a los culpables. Sin embargo, parece que el involucramiento y posición de los padres no cambiará -?vivos se los llevaron, vivos los queremos?- y no habrá ciencia ni expertos suficientes para desmentir lo ya dicho por los investigadores de dos grupos independientes. El argumento será de hoy en adelante ?el Estado nos miente?.

Los padres ahora enfrentan el hecho de haber, en algunos casos, abandonado ya sus casas y familias y en otros sus cultivos o actividades productivas. Y aunque se ignora como sobreviven sus familias y como financian sus actividades (incluidos viajes al extranjero), es claro que, dado lo invertido en estos meses, hay un gran interés de las organizaciones y el compromiso de los padres en continuar promoviendo que el caso no sea cerrado.

Por ahora, a esperar una reunión plagada de ofensas al Presidente y a los funcionarios cercanos al caso. La agenda de intereses empezará a surgir cuando la violencia por inconformidad y descalificación ante cualquier investigación obligue al Estado a sentarse a escuchar peticiones. Y de otorgarlas, seguirán otras y otras y otras ad infinitum.

Lo veremos.