El día de ayer, el diario Excélsior dio a conocer una carta firmada por el director de la Fundación Teletón, Fernando Landeros, en la que acusa al candidato del PAN al gobierno de Colima, Jorge Luis Preciado, de haber hecho proselitismo durante la transmisión televisiva del Teletón del pasado sábado.

En el arranque del evento, el panista prometió que de ganar las elecciones gestionará la construcción de un centro de Rehabilitación Infantil Teletón, CRIT, en algún lugar de Colima.

Fue la primera vez, en la historia del Teletón, que se usa este programa de TV para promover a un candidato. Inaceptable.

Como ha dicho Landeros, Preciado pronunció un mensaje contrario al código de ética de la institución, ya que se refería a temas electorales, además de que empleó un espacio reservado a otro donador.

Hay en ello al menos un delito electoral grave: la aportación en especie que recibió Preciado de parte de la empresa que tenía contratada una aparición en el programa del Teletón.

Evidentemente, se trata de una aportación valiosísima –estamos hablando de tiempo de televisión muy caro– que rebasa los límites permitidos por la ley. Pero eso no es lo peor. Lo más lamentable es la utilización con fines electorales de un esfuerzo dirigido a apoyar a niños con problemas de salud.

Los rivales políticos de Preciado seguramente denunciarán al aspirante a gobernador que claramente ha cometido un delito. Y, sin duda, las autoridades electorales sancionarán a los responsables, que son el candidato que se benefició de la vulgar trampa y el empresario que le cedió su tiempo en el Teletón.

Pero, ni hablar, inclusive en el caso de que se haga justicia –no tengo la menor duda de que Preciado recibirá un castigo ejemplar–, el PAN pagará un elevadísimo costo.

Así las cosas, para disminuir el efecto negativo de lo que ha hecho Jorge Luis Preciado, el partido presidido por Ricardo Anaya tendrá que quitarle la candidatura antes de que las autoridades lo hagan.

Preciado es ahora mismo el mayor lastre para el PAN. Anaya tiene que deshacerse de él lo más rápido que pueda. Y, por su parte, el sistema electoral debe enviar al abusivo político a la cárcel por la forma en que se ha burlado de las leyes que regulan las elecciones en México.