Ayer fue un día triste para la institución política más importante del país: la Presidencia de la República, la oficina que se encarga de las llevar a cabo las decisiones, acciones y logística del Mandatario. Desde hace algún tiempo se enfrascó en una serie de dimes y diretes con la compañía MVS Comunicaciones, todo a raíz de la declaración e Carmen Aristegui sobre el alcoholismo de Felipe Calderón.
Fue triste para la Presidencia porque fueron mostradas pruebas documentales, verificadas ante Notario Público, de ahí la validez de su existencia. Fueron presentadas por Joaquín Vargas Guajardo, cabeza visible del emporio de comunicaciones MVS. Debido a que la semana pasada le fue retirada la banda de 2.5 gigahertz (Ghtz) del espectro electromagnético que significa un proyecto de negocio bastante avanzado con inversiones hechas con antelación.
La problemática no recae en el famoso “rescate” que pregona el Gobierno Federal, ya no solo la Presidencia sino también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Ni tampoco es de remarcar la situación del costo de la banda 2.5 Ghtz, de la cual dice MVS está dispuesto a pagar, mientras que el Estado dice que cuesta más dinero del que ellos ofrecen. A final de cuentas los dos se comportan como si hiciesen berrinches de infante, pero en el fondo es algo mucho más complejo.
La complejidad radica en la defensa a ultranza de Felipe Calderón, no solo de la señalización que es una persona con problemas serios con la bebida sino proteger los intereses de compañías afines a su persona, a la institución que representa. Es de todos conocido que ha manipulado la ley para apropiarse de elementos fundamentales en el mercado de las telecomunicaciones. Así sucedió con el cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para licitar su red de fibra óptica a empresarios particulares, en los años 2009 y 2010.
Así con la banda de 2.5 Ghtz que seguramente se la entregará a la competencia de MVS Comunicaciones, a la inversión conjunta entre Televisa y TvAzteca en el negocio Total Play, ya que esta no tiene red propia y la puede construir con la utilización de esta banda. Esa es la verdad de los berrinches vistos en el sainete MVS – Presidencia, donde unos se pelean pero los verdaderos ganones están entre la audiencia de la pelea. Tal cual chisme de vecindad.
La única situación a considerar es que Joaquín Vargas Guajardo presentó pruebas selladas por el Notario Público # 22 del Distrito Federal, Lic. Luis Felipe Morales Viesca. Eso significa que las conversaciones que se hicieron desde dispositivos móviles son ciertas, si se efectuaron y se encuentran guardadas en ellos; eso fue lo que certificó el Notario. No solo son pruebas validas sino que le dan curso a los hechos tal y como sucedieron en periodos previos a las acusaciones mutuas.
Por ello cuando Alejandra Sota comparece ante la prensa es evidente por varias formas que miente en sus dichos. No solo porque al comparar lo que mencionó con las pruebas notariadas donde hay una serie de inconsistencias que simplemente no se entienden. Así con su lenguaje corporal durante la conferencia de prensa, incluso el tono de su voz al referirse a esas conversaciones. Su actuar más bien aviva las dudas sobre las verdaderas razones por las que el Gobierno Federal decide retirarle la banda a MVS.
Dice Alejandra Sota que hubo al menos una veintena de reuniones para entre MVS, la SCT y la Cofetel para solucionar el problema pero en las pruebas presentadas se habla a nivel gabinete (por la participación de Jorge Lozano) está claro que las reuniones se cancelaron o se pospusieron por la orden de la Presidencia de la República. Alejandra Sota, Jorge Lozano y otras personas no identificadas (se borraron sus nombres de los documentos) sabían que por la recontratación de Carmen Aristegui hubo amenazas desde el poder ejecutivo.
Aquí otra contradicción de Alejandra Sota: dice “Es Joaquín Vargas quien atenta contra la libertad de expresión y no el Gobierno Federal”, remata diciendo más adelante: “que estén seguros que hay certeza jurídica y no replica de favores”. Sin embargo en las pruebas notariadas está claro que en las conversaciones privadas no solo hay amenazas veladas e inclusive directas sino una explosión emocional en los personajes involucrados al saber y negociar la recontratación de Carmen Aristegui.
Eso es lo triste en la problemática entre MVS y Presidencia, que se pelean como si fuesen personajes de la cultura popular sin apegarse al estado de derecho, mintiendo para ocultar la verdad. Pero el daño está hecho y toda la balanza cae del lado de Televisa, TvAzteca y Total Play, así es el poder racional que emana de la Presidencia de la República.
Exijamos al TEPJF legalidad en la calificación de las elecciones
Digamos un rotundo no a la imposición.