En días pasados se promulgó en Francia una ley contra el acoso sexual. Este delito estaba previsto en una legislación anterior, sin embargo, la emisión de una ley específica responde a condiciones jurídicas y sociales. Respecto a las circunstancias legislativas, destaca el hecho que la legislación previa no definía con precisión el delito de acoso sexual y por lo que hace al contexto social están las cifras de las denuncias y el hecho, insoslayable, del precedente que sentó el caso de Dominique Strauss-Kahn, el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional que perdió cargo y prestigio a causa de la acusación por agresión sexual e intento de violación que presentó contra él una empleada del hotel en que se hospedó en mayo del 2011 en la ciudad de Nueva York.

            Si bien muchos grupos dieron la bienvenida a una ley específica contra este delito también provocó polémica porque antes de que esta ley apareciera se abrogó la norma legislativa anterior contenida en otras leyes, lo cual provocó que los presuntos culpables de los juicios en curso se vieran beneficiados con la desaparición de la norma jurídica que daba sustento a las acusaciones en su contra y la no retroactividad en la aplicación de la nueva ley. Resultado: impunidad para los acusados.

            A pesar de lo anterior, que es una pésima noticia para las víctimas de acoso sexual que ya habían iniciado un juicio, por cuestiones de técnica legislativa, con la nueva ley resulta claro que se quiere enviar el mensaje de que el caso Strauss-Kahn no pasó inadvertido y que hay una enseñanza social. El poder y la fuerza económica no salvaron a Strauss-Kahn de la derrota política.

            Las leyes, en Francia o aquí, no son suficientes ante un delito que tiene una enorme cifra negra, porque si bien es un avance social lograr una definición más precisa, la demostración del delito puede convertirse en una pesadilla, lo cual desanima a muchas mujeres de presentar una denuncia.

            ¿Cuál es entonces la buena noticia de una nueva ley? podrían preguntarse muchos escépticos. Es el ánimo social. El mensaje de que se busca legislar con mayor pertinencia para enfrentar con eficiencia una problemática que viven a diario muchísimas mujeres que desisten de confrontar una querella jurídica cuando el sistema de impartición de justicia da muestras de no creerles, de no cobijarlas y de no atender las denuncias con verdadero ánimo de castigar a los acusados en caso de encontrarlos culpables.

            No se trata solamente de una cuestión jurídica sino de revertir realmente la percepción social sobre este delito. Se trata de lograr una atmósfera social que no tolere este delito para que las mujeres, los hombres, los jóvenes, los niños e incluso los acosadores perciban que el sistema de justicia hará todo lo posible por castigar a los culpables.

            En México, los delitos de acoso y hostigamiento sexual se han ubicado en los códigos penales federal y estatales, y suele estar contenido de manera específica o en la definición de ciertos tipos de violencia de género. Las reformas a los códigos no ha estado exenta de debate en los órganos legislativos, porque la incapacidad para reconocer que el machismo es una tara social que retrasa el avance democrático se hace presente en no pocas ocasiones. La investidura de legislador (sea de hombres o mujeres, aunque es más común en los hombres) no anula la carga social de machismo que ha acompañado el aprendizaje en las formas de relacionarse.

            Las organizaciones de defensa de los derechos femeninos han sido pieza clave en los cambios, porque muchos se resisten a admitir que aquello que antes era una costumbre ahora se convierta en delito. Derribar las creencias populares que subsisten es una tarea social sumamente difícil. Los hábitos de seducción que se convertían en acoso eran parte de los valores considerados “viriles”, ¿cómo puede ser bien recibida una ley que desecha al hombre “cazador”?, ¿cómo eliminar la idea de que es normal que los hombres por naturaleza sean más sexuales que las mujeres?, ¿cómo lograr que quede desterrada la idea popular de que el hombre acosa u hostiga porque la fuerza física es parte de su naturaleza masculina y así es como se expresa? y sobre todo ¿cómo hacer que las mujeres consideren que tienen oportunidad de lograr castigo para los acosadores en altas posiciones de poder?

            Porque, ya no hablemos de un personaje con una posición equivalente a la de Strauss-Kahn; cualquier jefe de oficina o de departamento en cualquier institución federal, estatal o municipal esgrime hasta donde le es posible el puesto para acosar y si llega a ser acusado no duda en poner en juego todas sus relaciones no sólo para ponerse a salvo, sino para dañar a su víctima. Estas maniobras de poder hacen desistir a miles de mujeres de denunciar.

            El caso Strauss-Kahn puede no ser único. La lección debe ser avanzar para eliminar la cifra negra del delito, para lo cual se requiere la participación informada de las mujeres, la capacitación a los integrantes del sistema de impartición de justicia y la difusión de las nuevas normas para evitar el silencio y para que la sociedad perciba que aquello que antes consideraba “normal” aunque incómodo o impropio es un delito que no debe ser tolerado y cuando ocurre, merece castigo.

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