Por el motivo que haya sido que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tuvo que recular cuando antes había intentado monopolizar la compra y distribución de vacunas contra la covid en México, es una noticia alentadora su cambio de postura en torno a que no sea el sector público la única vía para que los mexicanos tengan acceso a los antivirales, toda vez que se abre la posibilidad de que mayor número de personas puedan ser inoculadas en menor tiempo. Sin embargo, habrá que recordar, existen ciertos procedimientos y trámites que de momento complicarían el arribo de las vacunas al sector privado para su venta y distribución. De tal suerte que se puede advertir desde ahora que estarán a prueba las destrezas, capacidades, y pericia de quienes serían, -en este caso la iniciativa privada y los gobiernos estatales-, los encargados de tal proeza.
El pasado 9 de diciembre, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el rostro del gobierno Federal frente a la pandemia, fue categórico al advertir que no habría manera de que los antígenos llegasen por la vía privada.
“No. Este es un asunto de interés público general, un asunto de estado. Muy probablemente estará enmarcado en un contexto de seguridad nacional, en México y en muchos países del mundo. Entonces no podemos tener en esta situación un mercado privado abierto. Tampoco las entidades federativas pueden conseguir vacunas o comprar vacunas”, dijo el funcionario en entrevista para W Radio México, en el programa Así las cosas.
“La vacunación siempre ha sido universal y gratuita, con la vacuna del COVID-19 no tendría porqué haber excepción, la vacuna es para todos”, agregó el funcionario, y remató; “Si hiciéramos eso se dispersaría el esfuerzo de lo que necesita ser un operativo estratégico y se estaría privilegiando únicamente las dinámicas de un mercado abierto en el que los individuos decidieran quién se vacuna”, concluyó el funcionario.
Una semana después, el mismo López-Gatell, insistió: “el gobierno de México no permitirá que particulares puedan vender la vacuna contra el Covid-19, a diferencia de Estados Unidos, donde se anunció la posibilidad de masificar su alcance a la población mediante su venta en cadenas de supermercados. ‘Otra duda que ha surgido es si en el sector privado se venderá la vacuna. La respuesta clara, precisa y contundente es: !No, no, no! La vacuna será sólo administrada por parte del gobierno’, dijo López-Gatell durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional para hablar sobre la evolución de la epidemia de Covid-19”.(El Economista18/12/20).
Esa fue la posición que en primera instancia había asumido el Gobierno Federal; es decir, de rechazo a la posibilidad de que los Estados y empresas privadas compraran vacunas en el extranjero para comercializarlas en México, pero el domingo, el presidente López Obrador abrió la puerta a la alternativa de que esto pueda ser viable, al abordar el tema en su ya acostumbrado video que los fines de semana gusta de compartir en sus redes sociales.
Andrés Manuel precisó que no existe algún impedimento para que particulares adquieran la vacuna en el extranjero y la traigan a nuestro país.
“Se ha dicho que por qué no se permite que se venda en las farmacias, claro que si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento para que se venda la vacuna, que se compre afuera. Lo que estamos haciendo es comprar toda la vacuna que se necesita para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita”, detalló.
Ahora bien, es preciso mencionar que así como algunas voces de personajes de la Cuarta Transformación se pronunciaron en el sentido de que se impidiera una ruta diferente para la llegada de la vacuna a México que no fuera la del gobierno federal, también es de señalar que de haber procedido en esa forma se habría incurrido en una ilegalidad, ya que ninguna ley prohíbe comprar sus propias vacunas, tal como lo confirmó el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, a la periodista Surya Palacios, quien en la publicación para Alto Nivel del 24 de diciembre aborda el tema que me permito compartir:
“Ante la llegada a México del primer cargamento de 3,000 vacunas contra el Covid-19 del laboratorio Pfizer, y el inicio de su aplicación, nuestro país tiene ante sí un importante reto logístico que podría enfrentar varias dificultades, considerando que el gobierno federal prohibió -al menos verbalmente- que los estados exploren la posibilidad de comprar sus propias vacunas, a pesar de que ninguna ley lo impide.
En ese tenor, José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es enfático: “Si la vacuna está autorizada por Cofepris, que es la autoridad que en el ámbito nacional determina las posibilidades de utilización de todos los fármacos, medicamentos, vacunas, etcétera, en el país, a mi modo de ver basta con que se satisfagan los requisitos de importación de los medicamentos o de los insumos que son considerados lícitos, para que los particulares, las entidades federativas o quien quiera las pueda comprar”.
Al menos 10 estados que integran la Alianza Federalista han manifestado su disposición para importar vacunas, pagándolas con su propio presupuesto, a fin de acelerar el proceso de inmunización”.
Prohibición sin fundamento
Hace unas semanas, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, argumentó que los estados tenían prohibido comprar sus propias vacunas contra el Covid-19, de acuerdo con los artículos 135 y 144 de la Ley General de Salud. Sin embargo, esos numerales no prohíben de ninguna forma que las entidades compren en el extranjero este tipo de productos.
En entrevista con ALTO NIVEL, el ministro en retiro apunta que “el doctor López-Gatell me parece que lo que está pensando es que debe haber un programa nacional de vacunación en materia de Covid, y me parece que ha confundido argumentos técnicos con argumentos económicos, e inclusive con argumentos ideológicos”, pues la Ley General de Salud en ninguno de sus artículos prohíbe la importación de vacunas, siempre que estas ya hayan sido autorizadas por Cofepris.
“Si yo quisiera comprar, yo como particular, una vacuna, y yo satisfago los requisitos que la Secretaría de Hacienda me establece para la importación, ¿De verdad se me impediría la adquisición de esta vacuna?, pues creo que no habría ningún argumento”. Lo mismo sucede con las entidades federativas o con los hospitales particulares, enfatiza el jurista.
Si los estados del país “quieren hacer una compra, la medicina está o el medicamento o la vacuna están en el comercio, y satisfago los requisitos de importación que me establece la Secretaría de Hacienda, yo creo que la Secretaría de Salud en modo alguno me podría prohibir la incorporación de este medicamento permitido y autorizado en mi país”, asevera José Ramón Cossío.
Por otro lado, si esa prohibición, que hasta ahora solo es verbal, se llegara a presentar oficialmente, las entidades federativas pueden interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a decir de Cossío, sería difícil que no les dieran la razón.
En el caso de los particulares ocurriría lo mismo, pero acudiendo al juicio de amparo. Si un hospital privado quiere importar vacunas contra el Covid-19, y estas se encuentran disponibles por los laboratorios que las fabrican, en caso de que se les prohibiera su introducción al país, los particulares tienen a su alcance promover un juicio de amparo ante los juzgados federales de México.
“La probabilidad de que las autoridades me tengan que autorizar, las autoridades judiciales, esa importación, es altísima, porque no habría una razón jurídica para que me prohibieran esta importación”, concluye José Ramón Cossío”.
Desconocemos los motivos por los que el presidente haya cambiado su parecer sobre el tema; pero podemos elucubrar que quizá alguien le dio luz de la ilegalidad en que se incurriría en caso de prohibirlo, -como lo detalla la publicación de Surya Palacios-, quizá hizo números y se dio cuenta del enorme ahorro que le generaría a las arcas hacendarias que se involucren la iniciativa privada y los gobiernos estatales, o quizá ya se dio cuenta las limitantes que tiene su gobierno para cumplir en tiempo y forma con la vacunación a los casi 100 millones de mexicanos que se ha planteado inmunizar.
El caso es que “haiga sido como haiga sido”, Felipe Calderón (sic), la puerta a las vacunas se ha abierto y se trata sin duda de un tema esperanzador. Ahora habrá que esperar a ver cuánto tiempo tardarán en cristalizarlo las instancias ya referidas, que a partir de la luz verde que recibieron el domingo han levantado la mano para manifestar su interés y disposición en hacer asequibles los biológicos en beneficio de todos los mexicanos, pues no solo les permitirá cubrir las vacunas para sus empleados, sino que las familias que tengan posibilidades de invertir en los antivirales para protección de su círculo más cercano, también podrán hacerlo.