Es de preverse que el Presidente AMLO conozca ya el Informe de la Dra. Viridiana Ríos de Oxfam-México titulado “La Otra Mafia del Poder”. Corrupción y Desigualdad en México, de septiembre de este año. Un documento emitido por una organización global presente en 67 países abocada a combatir la injusticia social, la pobreza y la desigualdad con las armas del conocimiento y la crítica propositiva. Este análisis tiene el mérito de abordar la problemática de la pobreza y la desigualdad social en México vinculada estructuralmente al tema de la corrupción, al pillaje masivo de recursos públicos en algo que ya cruza cualquier frontera de la inmundicia política, como es robar el dinero destinado en programas sociales de Estados y Municipios para los más pobres de nuestro país. Para cualquier sector social es criminalizable, pero en este caso considero el hecho una macro villanía inaudita. A esto es esencialmente a lo que la autora denomina “La Otra Mafia del Poder”, la que concentra su cleptomanía en 98 municipios de México cuyo 58% de ellos (67) concentra a los más pobres del país.

“De cada diez pesos que se pierden en potenciales actos de corrupción, cinco están destinados a gasto social”, nos dice la autora, lo cual es muy grave porque “se pierde más dinero en los programas con mayor potencial redistributivo, en las regiones más pobres y en las acciones más útiles para combatir la pobreza tales como políticas y servicios de salud, educación y desarrollo”. Cuidado Presidente AMLO porque el inmenso esfuerzo que en tiempos de la pandemia global se está haciendo desde el gobierno de la 4T puede evaporarse porque de los más de 4,000 programas sociales ni el 30% tiene supervisión y auditoria de los recursos entregados. Y no es exagerada la alarma: estamos a las puertas del proceso electoral más grande de la historia contemporánea que es el marco propicio.

No va a haber avances sensibles en materia de efectos de los programas redistributivos del presupuesto público mientras existan incólumes estos inmensos bloqueos político-administrativos, la corrupción institucionalizada y transexenal. Esto conlleva la necesidad de realizar cambios importantes y urgentes en la normatividad para la asignación, uso, técnicas de comprobación contable, fiscalización y auditoría, rendición de cuentas y penalización, en su caso. Además de criterios técnicos para su valuación profesional independiente. Algunos ejemplos: en el período 2008-2016 la pobreza extrema se redujo en 2.9 millones de personas, pero la pobreza en general, aumento casi 4.0 millones de personas (Informe CONEVAL 2018). No sólo expresa esto la fragmentación y falta de una integralidad del combate a la pobreza, sino un aspecto gravemente contradictorio de los recursos destinados al combate a la misma, sino además el pillaje masivo de recursos. ¿Cómo avanzar así sostenidamente? No hay nada peor en la administración pública que el desperdicio de recursos y los bajos resultados en la medida en que se aumentan los volúmenes de ellos aplicados a una problemática social. Aquí aplica negativamente un indicador de eficiencia. Esto es muy serio. Aquí la corrupción y la ineficiencia político-administrativa, afecta la política social en el combate a la pobreza y en la búsqueda de beneficios para los más pobres.

Se agrega en el informe: “Pensar que el problema de corrupción en México se concentra en las grandes obras de infraestructura parece ser un error de percepción. De hecho, según datos de la Auditoría Superior de la Federación solo el 14 % del dinero que no se ha podido aclarar o recuperar está relacionado con gasto en infraestructura: el gasto en desarrollo social representa el 53 %.”. Y por si fuera poco existe: “evidencia de casos de nepotismo, negligencia y violaciones a la normatividad por parte de los administradores públicos en municipios de alta pobreza.” El tema de combate real a la pobreza, extrema pobreza, marginalidad social, universalidad en el acceso a los servicios de salud, educación, protección social, que es una tarea histórica, será imposible sin erradicar toda esta lacra de obstáculos político-administrativos institucionalizados a lo largo y ancho de la administración pública. Un nuevo pacto social conlleva una reforma a la administración pública federal, sin duda.

Si el más brutal de los pillajes de recursos públicos se concentra en los programas sociales que tienen capacidad para ir redistribuyendo gradualmente el gasto público y modificando la estructura de la tremenda desigualdad en México, ello se expresa –nos dice la autora- en: “El 10 % de las partidas y programas más redistributivos concentran el 47 % del dinero que no ha podido ser comprobado ante la auditoría, lo que se traduce en 132 mil millones de pesos perdidos. Esta cantidad podría dar 10 mil pesos al 10 % de la población con menores ingresos en el país, monto que supera seis veces el ingreso mensual promedio de estas personas. Visto de otro modo, este dinero equivale a todos los recursos con los que contó el gobierno del estado de Oaxaca durante 2017. Entre las partidas más redistributivas —como las destinadas a educación básica—, las irregularidades se concentran en los estados con mayor rezago educativo: Michoacán, Veracruz y Oaxaca”.

Dicho de otra manera: se roban el dinero, se atrofia y pervierte la administración, se envilece la política en los municipios en donde están los más pobres de México: “El 16 % del dinero público perdido a nivel municipal se concentra en el 10 % de los municipios más pobres. En otras palabras, hay 4 mil millones de pesos perdidos en los municipios más vulnerables de nuestro país. El dinero público destinado a los más pobres «desaparece» casi tres veces más que el dinero destinado a los más ricos. Es imperativo buscar la concreción de cambios en la normatividad y fiscalización y penalización en materia de gasto social, emitir un Reglamento Nacional de Integración y Operación de tales programas para unificar al máximo posible los criterios normativos, administrativos y políticos sobre los más de 4,000 programas, la mayoría absoluta de ellos “libres” que existen y en donde se concentra hoy la impunidad y el saqueo público. Es una forma de privatizar los recursos públicos al desnaturalizar y burlar su carácter y cometido social, generando con ello una criminal apropiación privada.

De lo contrario no se va a abatir exitosamente la extrema pobreza, la pobreza, la desigualdad, la concentración de la riqueza y la redistribución del ingreso nacional por la vía del gasto público. No es solo un tema de prioridad política ni de más recursos financieros. Vamos a abordar lo cualitativo sin demora.

“Las irregularidades que encontramos en materia de educación equivalen a una tercera parte de todo el presupuesto asignado al ramo de educación pública en 2019, y las de salud suman siete veces los recursos destinados a la prevención y control de enfermedades. La totalidad de las irregularidades encontradas en programas sociales son suficientes para igualar 1.7 veces el presupuesto del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en 2019, una de las políticas insignia del gobierno actual.” Además, y sustantivamente, la expectativa de avanzar en la derrota no militar del crimen transnacional encuentra aquí también una limitante formidable que no augura los avances necesarios para mantener y defender una concepción que tiene como uno de sus ejes la política social.

Muy probablemente sea todo esto una de las razones fundamentales por las que no apreciamos una caída importante de la violencia en ciertos municipios y localidades en que se presume falsamente que se están aplicando recursos cada vez más cuantiosos en los programas sociales. No llegan al objetivo identificado.

Creo que este estudio y su muy diversas implicaciones, ameritan una reflexión profunda si realmente se quiere avanzar y acelerar el paso.