<br>“Honor, a quien honor merece” <br>
Principio Universal
Todos los profesionistas, incluyendo a las y los médicos de todos los niveles y de todas las especialidades y a las abogadas y abogados de todos los ámbitos legales existentes, tenemos el derecho humano, civil, y constitucional de cobrar honorarios por los servicios que brindamos, de hecho, por eso se llaman honorarios, por el honor que implica que recibamos dicho pago.
Con esta premisa histórica se ha logrado, sobre todo, que médicos, abogadas y abogados puedan socialmente cobrar los honorarios que ellos consideren pertinentes en base a su trabajo y porcentaje de éxito; por ejemplo, conocí personalmente al Dr. Rafael Espada acá en México por el año 1995 cuando vino a dar una cátedra de excelencia a la Universidad La Salle, cirujano guatemalteco, considerado uno de los más hábiles del siglo XX, por lo que lo llamaron a trabajar en hospitales de Houston, Texas, donde se dio el lujo de cobrar los más altos honorarios médicos por realizar una cirugía vascular de la que fue experto, y de la que era garantía como paciente tener éxito, pero el Dr. Espada podía cobrar los honorarios médicos máximos permitidos dentro de un sistema cerrado existente, en base a los honorarios que cobraban cirujanos con similar trayectoria por la misma cirugía en esos hospitales estadounidenses; sin embargo, en el caso de las abogadas y los abogados, no existe este sistema social cerrado de establecimiento de honorarios en ningún país democrático actual; escuché hace tiempo de un caso legal que desde un inicio se sabía que jurídicamente era improcedente, más sin embargo, para desahogarlo, se necesitaba la participación de abogadas y/o abogados, un grupo inicial de ellas y ellos fijó sus honorarios en un millón y medio de pesos mexicanos, otro grupo en 150,000 pesos, otro en 80,000 pesos, otro en 65,000 pesos y el último en tres mil pesos, igual mexicanos, si se realiza una desviación estándar matemática con estos valores sería muy desequilibrada, por eso valió la pena, desde un punto de vista existencial, que el grupo de abogadas y abogados que participó en la defensa del compañero Sergio Aguayo lo haya hecho sin cobrar honorarios (“Pro bono” como ellas y ellos le llaman), por la crítica que hubiera generado a nivel intelectual haber conocido esa fijación de honorarios de abogadas y abogados de manera personal y arbitraria como se ha hecho hasta la fecha ante un caso de tanta trascendencia jurídica para la Historia de México, pero esa fijación, repito, de honorarios de abogadas y abogados ya debería tener mayor sustento regulatorio social, al igual que los honorarios médicos.
Nota histórica agregada: Después de jubilarse como cirujano en Estados Unidos, el Dr. Rafael Espada se postuló como candidato a Vicepresidente de su natal Guatemala y ganó democráticamente las elecciones.