Ante la gravísima situación que enfrenta el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador debería de convocar urgente a un Acuerdo Nacional de Unidad ante la Emergencia.

Y, con el concurso de partidos políticos, empresarios, intelectuales, representantes de la sociedad civil, y otros actores sociales, enfrentar la contingencia del coronavirus y la amenaza de crisis económica, y contener la inseguridad y el riesgo de inestabilidad y quebrantamiento del tejido social.

Van – a mi juicio- 20 razones para hacer eso.

Aclaro: a como se ve, luce casi imposible que AMLO promueva a un acuerdo de este tipo.

No ha cedido un centímetro en sus planteamientos de política pública pese al desmoronamiento de la nación.

No lo hizo, cuando -previo a la crisis- lo conminaban a rectificar, para evitar por ejemplo una caída en la actividad económica, que finalmente se dio, por errores en las políticas públicas.

Pero tampoco ahora, cuando a gritos surge el clamor, desde el seno de la sociedad, de tomar acciones urgentes.

La esperanza muere al último.

De no plantarse algo parecido – no lo dude- el abismo está a la vuelta de la esquina.

 

LOS 20 PUNTOS

1.- Ante la inminencia de la peor crisis económica combinada que enfrenta el país, combinada con una gravísima emergencia sanitaria, urge que el presidente Andrés Manuel López Obrador lance una convocatoria para un Acuerdo Nacional de Unidad ante la Emergencia.

2.- En estas horas de difíciles, el presidente debe dejar a un lado el discurso de división y polarización, convocar a la unidad, y con el concurso de la sociedad, buscar soluciones a los enormes desafíos.

3.- El sector salud no está preparado para la pandemia del coronavirus. Urge dotarlo de los recursos urgentes -desviarlos de otros gastos no esenciales, o de un gasto y deuda emergente- para hacer fluir de manera expedita el equipo necesario para hospitales, a fin de frenar la curva de contagio, y su letalidad.

4.- Urge un plan de apoyo económico de emergencia a la planta productiva del país, destinando mínimo 6% del PIB para surtir – temporalmente- de liquidez inmediata a trabajadores y empresas en riesgo, y evitar el desplome de 10% - o más- de la economía mexicana durante el año en curso. Caeríamos 5 o 6% -es inevitable- pero se evitaría que una crisis se convirtiera en un colapso.

5.- La confianza de los empresarios mexicanos está rota. Quebrantada. No invierten. Desde antes de la emergencia sanitaria y económica, venía ya bajando durante varios meses consecutivos. Urge restituirla.

6.- La confianza de los inversionistas extranjeros en el país está severamente quebrantada. México está a unos pasos de perder el grado de inversión y salir de la lista de naciones con acceso a costos competitivos de capital en los mercados internacionales, que llegan en la forma de colocación de bonos, créditos, o arriesgándose en nuevos proyectos generadores de empresas. Sería un golpe duro porque la inversión nacional, y del gobierno, es insuficiente para cubrir las necesidades del crecimiento.

7.- Urge restablecer la relación, fracturada, del gobierno con los organismos del sector empresarial. Por su papel clave en la generación de riqueza, el presidente debe convocar a los representantes del sector productivo, no sólo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sino también de los organismos representativos de las empresas medianas y pequeñas; para explorar – todos juntos y en concordia, dejando a un lado las diferencias- las formas de evitar el mayor desplome económico en la historia moderna de México.

8.- Los países ricos y otros de similar tamaño a México han destinado hasta 15% de su PIB para implementar programas urgentes de apoyos temporales a trabajadores y empresas en riesgo -como en una economía de guerra- gastando y endeudándose más, política recomendada por expertos y hasta premios Nóbel de economía. Como en tiempos de las grandes crisis, o la Gran Depresión en el siglo pasado, estos apoyos extraordinarios serán pagados por la siguiente generación. Dentro del Acuerdo Nacional ante la Emergencia, debe determinarse cuál es el monto de deuda y gasto adicional para el financiamiento adecuado del programa de emergencia económica.

9.- Por cada punto de baja del PIB se pierden 200 mil puestos de trabajo. Un desplome de 10% - si no hay un plan de emergencia económica- dejaría sin empleo a dos millones de mexicanos que laboran ahora en el sector formal.

10.- La crisis económica y sanitaria, que ha vuelto más escasos los recursos, ha conducido a un conflicto entre el gobierno federal con los gobernadores de los estados, sobre todo los del norte, quienes exigen cambios en las fórmulas de reparto fiscal, - o hasta independizarse de la federación- algo no visto en muchos años. Hasta ahora en las crisis anteriores, de menor dimensión que ésta, gobernadores y presidente han resuelto sus diferencias, y buscando juntos solución a la crisis. Hay que disipar estos riesgos y restituir el diálogo.

11.- En el marco del Acuerdo Nacional de Unidad, hay que negociar un acuerdo con los bancos para prorrogar las deudas de personas y empresas, no a las tasas de interés convencionales que son muy altas (se caería en la insolvencia al reactivar los pagos) sino a un costo financiero menor. E implementar otras medidas de alivio sugeridas por empresas y trabajadores de parte de estas instituciones financieras.

12.- Ante la emergencia de una severa crisis que dejará sin sustento a millones de familias que viven al día, hay que lanzar una convocatoria para que los mexicanos - sin distingo de condición social- apoyen con lo que puedan para crear un Fondo Nacional de Solidaridad, manejado por el gobierno, empresarios (quienes verían como ayudar ellos o sus negocios), con el concurso de miembros de la sociedad civil.

13.- PEMEX está en virtual colapso. El precio del petróleo se hundió. Perdió el grado de inversión. Las calificadoras clasificaron a la empresa en la lista negra de compañías que tendrán que pagar más por la colocación de bonos en el extranjero y el otorgamiento de créditos, amén de que será casi imposible – en medio de la crisis mundial- que el capital externo se arriesgue a invertir en proyectos como la explotación o exploración en aguas profundas, con la reputación crediticia en el hoyo. Gobierno, empresarios, y expertos, deben encontrar la vía para reorientar a la paraestatal, con el menor costo social para el país y el mayor beneficio.

14.- Es estratégico el abasto seguro y al menor costo posible de las fuentes de energía del país para el crecimiento económico. Con la crisis profunda de Pemex, empresa pilar del desarrollo nacional durante mucho tiempo, México debe estructurar urgentemente un plan para el fomento de fuentes alternas de energía.

15.- La participación de los empresarios, en el marco de este Acuerdo Nacional de Unidad, debe explorar fórmulas para evitar la baja abrupta en la recaudación, mediante acciones como diferir en el tiempo el pago de los impuestos, o extender el cobro de las aportaciones patronales al IMSS, con la condición de no despedir trabajadores. La propuesta de la COPARMEX - de que el gobierno pague temporalmente el 40% de la nómina de quienes ganan menos de 10 mil pesos mensuales y los patrones el restante 60% para no ser despedidos combinada con el compromiso de pagar impuestos mediante facilidades- sería una fórmula excelente para mantener la recaudación, minimizar el desempleo, y atenuar la caída en el crecimiento económico; que es la mejor vía para el sostenimiento de las fuentes de ingreso de las finanzas públicas.

16.- La crisis económica monumental en ciernes abre la puerta al riesgo de que organizaciones criminales impongan su ley, y a que la influencia de los carteles – preocupante ya en algunos estados- se extienda a otras regiones del país. Hay que evitarlo a toda costa.

17.- Ante la ausencia de un plan de emergencia económica del tamaño que amerita la crisis, el desplome de la economía convertirá a México en una fabrica de pobres. Si ahora el gobierno tiene dificultades para financiar los programas sociales a los sectores marginados, esto será imposible con los varios millones que se añadirán si la economía se desploma un 10% o más, en ausencia de un plan de emergencia económica.

18.- Las clases medias son el eslabón perdido de las políticas públicas. Los pobres son prioritarios -y esto es un acierto del gobierno de López Obrador- pero los segmentos medios están siendo golpeados duramente por la crisis económica. Urgen programas adhoc para este grupo social - clave para gerenciar las fuerzas productivas y activar el consumo en ámbitos como tiendas departamentales o restaurantes - como acuerdos con los bancos para facilitar los pagos de los adeudos otorgar facilidades en el pago de las cuotas en los colegios particulares, y desde luego fórmulas para mantener los puestos de trabajo.

19.- Las crisis representan riesgos, pero también ofrecen oportunidades. Con el quebranto de las cadenas productivas de suministro de China a Estados Unidos, agudizado por las tensiones políticas entre los dos países, México puede convertirse en un proveedor sustituto. El gobierno, a través de la secretaría de Economía y otras dependencias afines, conjuntamente con los empresarios deben crear a la brevedad un plan – en el marco de este Acuerdo Nacional para la Unidad- con ese objetivo.

20.- La emergencia económica - que conlleva a una mayor estrechez de recursos no sólo privados, sino públicos- ha ubicado en el centro de la discusión cuál es el mejor uso social del dinero gubernamental y de los recursos destinados a proyectos en marcha. Con esta norma se debe evaluar si los proyectos del Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, y Santa Lucía, son esenciales, o deben cancelarse – o posponerse- destinando estos fondos a otros usos más prioritarios como el sector salud, o apoyos temporales de liquidez para trabajadores y empresas en riesgo.