Monterrey, Nuevo León.- José Humberto Márquez Compeán se llamaba el joven de sudadera con letra B que el periodista Francisco Javier Cantú fotografió cuando era subido a un helicóptero de la Marina y que al día siguiente, el mismo reportero, encontró muerto en un paraje solitario ubicado a un kilómetro de una improvisada base naval del área metropolitana de Monterrey.

Este crimen extrajudicial cometido en marzo de 2010 sigue impune y fue narrado en la anterior entrega de esta serie Tierra de impunidad. La organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, (CADHAC), dirigida por la Hermana Consuelo Morales, tomó el caso y a siete años de distancia tiene esperanza de que los militares involucrados sean castigados.

El día de los sucesos, Márquez Compeán se encontraba en una parada del municipio de Santa Catarina esperando un camión para regresar a Monterrey, cuando un convoy con tres camionetas de la policía de Santa Catarina se detuvo. Algunos policías bajaron y lo inspeccionaron. Al ver que su credencial de elector identificaba su domicilio en Sierra Ventana, uno de los barrios populares del área metropolitana, lo acusaron de ser un halcón y lo subieron al convoy, donde ya iba otro joven detenido.

Unos kilómetros más adelante, el convoy, en el que viajaban el secretario de seguridad pública, y los directores de policía y tránsito junto con sus escoltas, fue atacado por un grupo de Zetas. Tras repeler la agresión, el convoy volvió a la comandancia municipal. Ahí aterrizó un helicóptero de la Marina que trasladó a los policías heridos, así como a Márquez Compeán y al otro joven detenido al Hospital Universitario. Del Hospital Universitario salió nuevamente la aeronave con destino a la base naval ubicada en el municipio de San Nicolás. Unas horas después, el cuerpo de Márquez Compeán aparecería cerca de ahí víctima de tortura. Tras conocerse la noticia gracias al trabajo del periodista Paco Cantú, la Marina liberó al otro joven detenido, al que también habían torturado.

El abogado Carlos Treviño es quien llevó el caso en CADHAC. No tiene duda de que se trata de un caso de tortura y ejecución extrajudicial.

- ¿José Humberto Márquez Compeán tenía antecedentes penales o alguna relación abierta o acreditada con la delincuencia organizada?

- Ninguna. No hay acreditación en el expediente de José Humberto Márquez Compeán de un involucramiento con la delincuencia organizada. A lo mucho hay versiones de algunas personas diciendo que era consumidor de drogas y que iba a comprar en ese momento.

- Según la Marina, en un comunicado que emite, después de que el reportero Paco Cantú se da cuenta de que es la misma persona que él había retratado antes, dice que ella había entregado a José Humberto a la policía de Santa Catarina y que no sabía qué había ocurrido con él. En el expediente o en el juicio, ¿qué ha dicho la Marina al respecto?

- Básicamente eso. Él comunicado, que es público, que se puede consultar totalmente, que consta en el expediente y es la versión oficial, dice que ellos sólo estaban dando apoyo a la policía municipal. Esto es que el municipio de Santa Catarina solicitó a la Marina el apoyo en el resguardo de dos personas detenidas y ella sólo estaba resguardando el perímetro y acompañando a la policía municipal. Esa es la versión oficial de la Marina.

- ¿Qué fue en realidad lo que hizo la Marina, de acuerdo con la investigación que han hecho?

- La Marina hace funciones que no están en sus facultades. Por ejemplo, está acreditado que fue un marino quien recibió el oficio del juez calificador municipal de la puesta a disposición. ¿Qué significa esto? Que el juez calificador dice: “a esta persona la vamos a remitir a una instancia federal que es la Procuraduría General de la República”. Eso se hace mediante un oficio donde el juez de la autoridad municipal remite a dos detenidos a la autoridad federal. Ese oficio fue recibido por un marino. Entonces está plenamente acreditado que no solamente estaban brindando seguridad y apoyando a la autoridad municipal sino que estaban haciendo funciones activas de seguridad pública que no les corresponde.

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- ¿Qué otras evidencias existen además de las fotografías de Paco Cantú?

- Falta también hacer todo ese análisis de las fotografías para que conste realmente en el expediente.

- ¿Para la autoridad esas fotografías no son una prueba?

- No. No se han analizado, a profundidad, no. Hay ahorita testimoniales de la otra persona detenida que dice: “a mí me bajan en el Hospital Universitario y a la otra persona, que es José Humberto Márquez Compeán, se lo llevan en el helicóptero”.

- ¿Se lo llevan a la base naval improvisada en la Unidad Deportiva Oriente?

- Él otro detenido sigue vivo y refiere cómo se lo llevan a la base, lo someten a tortura y después lo dejan en la madrugada, libre.

- ¿Cuál es la situación jurídica del otro joven detenido junto con Márquez Compeán?

- Oficialmente él no está procesado. Oficialmente lo que dice el municipio de Santa Catarina es que él estaba solamente como testigo: “Compeán tenía droga y a él lo detuvimos únicamente como testigo”. Su declaración así está. Él dice:

- ¿Él permanece en la base naval? ¿eso aparece en el expediente?

- Sí, y estaba siendo torturado.

- El lugar del crimen es un monte baldío, muy cerca de la base naval que ahora no podría ser inspeccionada, no sólo por este crimen sino también por otros. ¿Podrías explicarnos un poco esto?

- Sí. La evidencia se borra porque desde el principio no hicieron bien las cosas. Fue hasta tiempo después, cuando la familia comienza a exigir, y nosotros como organización, que se hiciera una investigación de verdad, cuando se empiezan a mover las cosas. Si no sería uno de los tantos casos que se quedan en el olvido: “Hay un cuerpo que se lo achacan a delincuencia organizada y no pasa nada”. Cuando empezamos a analizar, por ejemplo, que las víctimas no tenían ninguna relación con delincuencia organizada, no está establecido en el expediente ni hay ningún vínculo con ellos, ni había antecedentes penales, vemos que tenemos que hacer algo para que este tipo de casos no se queden en la impunidad. Y, sí, efectivamente se borran las evidencias. Eso genera problemas que seguimos enfrentando hoy en día y por eso el caso sigue estancado después de cinco años.

- ¿Tú crees que sea un modus operandi: dejar cuerpos, enterrarlos en lugares donde se sabía que se estaba construyendo? Porque ese lugar ya estaba en construcción y cinco o seis años después iba a ser imposible checar con las decenas de casas.

- No tenemos evidencia para establecer eso. Nosotros decimos que este caso en particular fue de azar: lo dejaron donde primero vieron. Pero sí hay otros casos donde vemos un patrón. Por ejemplo donde los militares ponen las armas a los cuerpos, incluso las hacen dispara para que den positivo en el uso de armas y disparos, y así vincularlos con la delincuencia organizada. Normalmente así se acaba la investigación: el cuerpo formaba parte de la delincuencia organizada y así lo dejamos.

QUE EL CASO PASE A UN JUEZ YA

- El ataque al convoy donde va Márquez Compeán y la otra persona detenida, ¿está acreditado que fue un rescate de ellos como lo ha querido manejar la autoridad?

- No. No hay ningún vínculo de ellos con la delincuencia organizada. Lo cierto es que incluso está robustecido por la declaración de un policía que fue capturado por los agresores. Este policía dice que el mensaje que le dieron fue “vamos por las autoridades de policía de Santa Catarina”. O sea, el ataque va dirigido a las autoridades de Santa Catarina y no para rescatar a los detenidos.

- Y a Márquez Compeán le toca ir, circunstancialmente, en ese convoy.

- Exacto.

- Ahora, del testimonio del otro detenido, ¿podrías referir un poco más sobre lo que dice de los días que estuvo secuestrado, detenido?

- Él refiere que en la balacera fue herido. Lo atienden en el Hospital Universitario, fue una herida muy superficial. Dice que sube al helicóptero donde le vendan los ojos, lo llevan a la base de la Marina y es víctima de tortura por alrededor de dos o tres días. Él dice que pierde la noción del tiempo porque le vendan los ojos. Refiere que estaba en un cuarto oscuro y de repente le dicen “tú ya cumpliste tu sanción. Ya te vamos a dejar libre”. Lo trasladan al rededor de las 02:30 de la madrugada en un avenida más o menos desolada de San Pedro y no vuelve a saber nada más.

- ¿Refiere qué tipo de tortura recibió?

- No con claridad. Sólo refiere golpes, la venda y el maltrato psicológico por amenazas de muerte.

- ¿En el expediente se señala que el cuerpo de Márquez Compeán tenía droga?

- No. Lo que está acreditado son las lesiones que tenía y que se las hicieron momentos antes de que el cuerpo fuera abandonado donde lo descubrieron.

- ¿Hay un documento donde se señala que el cuerpo tenía bolsas de drogas?

- No, eso no está.

- Bien. Ahora, ¿en qué etapa está el expediente?, ¿qué crees que siga?, ¿cuál es la expectativa de que se haga justicia en este caso en particular?

- Aquí, como en muchos casos, hemos tenido dificultades en la investigación. La investigación la llevan a nivel federal. Se ha cambiado varias veces el ministerio público y eso también dificulta la investigación. Nosotros sabemos que hay elementos para realizar la consignación. Esto es que el caso pase a las manos de un juez para que sea él quien decida la responsabilidad de los marinos involucrados. La etapa es tal cual la investigación, después de cinco años, y seguimos presionando para que pase a un juez y él determine la responsabilidad.

- ¿Y qué expectativas tienes?

- Nosotros creemos que están acreditados varios delitos y que hay elementos para consignar y sancionar por lo menos a cuatro miembros de la Marina.

- ¿Están identificados estos 4 miembros?

- Sí, pero no creo que sea el momento de decirlo.

-¿Son oficiales de alto rango?

- No, de medio rango.

- Ustedes lograron la consignación de militares en uno de los casos que llevaron, ¿conocen si se ha consignado a marinos por este tipo de casos?

- De marinos desconozco. No, de nosotros no. Aquí en Monterrey está el antecedente de dos casos de militares, del Ejército, no sólo consignados sino juzgados, pero de marinos no tengo conocimiento.

- La otra parte que mencionabas era que la recomendación de la CNDH indica a la autoridad, además de brindar justicia, a atender a la familia, a darle una reparación. ¿Ha habido cumplimiento?

- No, no ha habido nada. Es un tema pendiente que vamos a seguir impulsado que es la indemnización y reparación del daño derivado de la recomendación de la CNDH y de la sentencia que se dicte después de la consignación.

- ¿El caso de José Humberto es algo excepcional en Monterrey o es un caso, desgraciadamente, común? ¿En qué contexto se da este caso?

- Nosotros creemos que lo que ocurre en Nuevo León es parte de una política que de entrada nos parece ilegal: la militarización de la seguridad pública, donde el Ejército y la Marina empiezan a hacer funciones que no les corresponden y para las que no están capacitados. El caso de José Humberto Márquez Compeán se presenta dentro de un patrón de violencia exacerbada provocada por la militarización y de un aumento de violación de derechos humanos que ocurrió en Nuevo León y en todo México.

- ¿Cómo es este patrón? ¿Qué hay en común en otros casos?

- Uno de los elementos que nosotros hayamos en diversos casos es el uso indiscriminado de la fuerza. En México no existía un protocolo del uso de la fuerza lo que ocasionaba, por ejemplo, que por no respetar un retén les disparaban a matar. Este uso indiscriminado de la fuerza generaba muertes, heridas de civiles que no están involucrados con la delincuencia organizada. El militar o el marino al darse cuenta de esto, normalmente, en lugar de tratar de enmendar el error acudían a matar a la persona.

Hay un uso indiscriminado de la fuerza, más el re-matar a las personas civiles, más la violación de la escena del crimen. Esto es que el militar en lugar de dar aviso al ministerio público para que se hiciera cargo de las investigaciones, el militar mismo resguardaba de manera ilegal la escena del crimen. Esto permitía que los militares pudieran sembrar armas de alto calibre a los civiles. 

También, nos hemos dado cuenta de cómo se victimiza a las víctimas. Esto es que se les hace pasar como parte de la delincuencia organizada. Tenemos documentados varios casos donde la Marina y el Ejército dicen que las víctimas civiles formaban parte de la delincuencia organizada para tratar de sacarse del problema. Pero el problema de fondo es esta política criminal e ilegal de militarización que ha causado graves efectos en Nuevo León y en todo México.

- Esta política que mencionas, ¿qué tantas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, y actos de tortura ha provocado en Monterrey?

- El dato exacto no lo tengo, pero nosotros hemos visto el aumento en la violación de derecho humanos. Eso ha sido muy claro. Por ejemplo, normalmente en Nuevo León se daban 10 casos de investigación militar al año, y en los años fuertes de la violencia (2009 y 2010) hubo alrededor de 300 investigaciones a nivel de jurisdicción militar por violaciones cometidas a derechos humanos por miembros del Ejército. Esto ha sido un patrón. Hay una relación directa entre el aumento de la militarización y las violaciones a derechos humanos.

- ¿2010 es el año en el que se dispara?

- Así es. Son alrededor de 4 mil y 5 mil militares los que llegaron a Nuevo León sin preparación en seguridad pública y normalmente de regiones lejanas del estado. Llegan aquí, a un contexto totalmente diferente a la de ellos y eso también incide en la violación a derechos humanos.

“HOY HAY UNA APARENTE CALMA”

- Esta política criminal de la que hablas genera números, pero también hay rostros. ¿Estas personas que están aquí son víctimas?

- Sí. Todas estas personas son víctimas de desapariciones en Nuevo León ocurridas en el contexto de eso que llamaron la Guerra contra el narcotráfico y de la convivencia y complicidad de las autoridades junto con la delincuencia organizada. Muchos de estos casos son auténticas desapariciones forzadas donde existe la clara participación de autoridades del estado, desde municipal hasta federal.

- Hay un niño de tres años, un señor de 65 años… O sea, esto fue generalizado

- Sí. Actualmente estamos haciendo un informe de desaparición para analizar el perfil de las víctimas, pero sí, la verdad hay de todo: jóvenes, niños, mujeres...

- O sea, la tortura, las desapariciones, ¿se generalizaron en este periodo?

- Sí. Tal como lo han dicho relatores de Naciones Unidas, la tortura y las desapariciones son generalizadas en México y también lo han sido en Nuevo León.

- ¿Hoy en día cómo está la situación?

- Hoy en día nosotros vemos que aparentemente se aligeró un poco. Sin embargo, estamos teniendo en estos últimos meses algunas señales de alerta donde creemos que la violencia está resurgiendo en niveles como los que tuvimos en 2009 y 2010. Entonces, aparentemente hay una calma…

- Mira, estaba viendo el periódico de hoy: “Desaparecen niñas en Pesquería y la policía se duerme”.

- Sí. En ese caso, por ejemplo, yo hablé con la autoridad encargada de activar la alerta de desapariciones y lo que dicen es que "esa niña de 11 años está muy vivida". O sea, “sí la vamos a buscar, pero no vamos a activar la alerta porque esa niña está muy vivida. Tiene 11 años. Vamos a esperar”. Eso era exactamente lo que veíamos. Desaparecía alguien de una fiesta y la policía decía “Vamos a esperar a que regrese”, en lugar de comenzar una investigación.