El ciclo de gobierno inició su segunda y definitiva fase con la integración de la LXV legislatura de la Cámara de Diputados, que se inaugura este 1 de septiembre de 2021.

Los acomodos que miran a esa fase de término del sexenio se han puesto en marcha y así lo denota el cambio ocurrido en la Secretaría de Gobernación para dar paso al ingreso del ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, en sustitución de Olga Sánchez Cordero, que tomó su espacio como Senadora de la República y para presidir la mesa directiva en esa Cámara.

El ajuste se refiere a la cartera encargada de la política interior, que implica un propósito de afinar las estrategias de interlocución con las fuerzas políticas, grupos sociales y gobiernos locales, en un contexto en donde el presidente decidió anticipar el proceso sucesorio, en términos de anunciar a un grupo de posibles candidaturas de su partido para ser postulados para contender por la titularidad del poder ejecutivo.

La sucesión presidencial se ha anticipado y no deja de ser una determinación sorpresiva y polémica; sorpresiva porque rompe las pautas de los tiempos acostumbrados para el lanzamiento del candidato o candidata del partido en el poder, que tradicionalmente se ubicaron después de la presentación del quinto informe de gobierno; es decir, entre los meses de septiembre y noviembre del año anterior al de la elección presidencial. Polémica, porque genera una situación discutible, relativa a que los nominados ocupan cargos públicos, por lo que su condición de funcionarios y, al mismo tiempo, posibles candidatos, genera controversia y hasta incompatibilidad entre ambas condiciones,

La costumbre de esperar hasta el quinto informe de gobierno, para la designación sucesoria de la candidatura presidencial del partido en el poder, se derivó de un largo aprendizaje para ubicar dicho momento. Lázaro Cárdenas tuvo que enfrentar la situación de un activismo precoz desplegado por Juan Andreu Almazán y que fue correspondido por Manuel Ávila Camacho, para mostrarse como candidatos, con una anticipación mayor de un año a la fecha de la elección, lo que impactó las condiciones de cierre de su administración.

Se puede decir que tal hecho figuró como una especie de acortamiento del período de gobierno. Cabe recordar que entonces las previsiones constitucionales respecto del tiempo necesario para la separación de los cargos públicos de secretarios o de carácter militar, a fin de estar en condiciones de asumir una candidatura presidencial, era de un año; pero como se comentó, los candidatos a la sucesión cardenista presentaron su separación de los cargos públicos que ostentaban, con una anticipación aún mayor.

Resulta evidente que se consideró esa práctica de forma negativa, de modo que el presidente Ávila Camacho modificó la regla constitucional; así en vez del año previo al día de las elecciones, fue de seis meses el tiempo establecido como requisito para que los aspirantes se separan de los cargos públicos correspondientes. Tal disposición permanece hasta la fecha.

Por lo que respecta ya no a la parte jurídica, sino a la regla o práctica política de la sucesión, la costumbre fue que el presidente de la República se abstuviera de hablar sobre la existencia de posibles candidatos, si bien alguien lo hacía con su consentimiento y, por su parte, los medios de comunicación dedicaban comentarios y análisis al respecto. Se trató de un hábito que evitó la abierta complacencia y promoción presidencial a la existencia y protagonismo de funcionarios- candidatos.

En ese sentido, llama a atención la intervención directa del presidente para identificar las personas que lo pueden suceder dentro de su partido, y que lo haga con una anticipación de casi tres años al día de la elección. Ello implica, sin rubor alguno, la conducción que asume el gobierno respecto de su partido y, al tiempo que exhibe su intención de asegurar el éxito electoral de quien sea su candidato o candidata.

El nuevo secretario de Gobernación operará en ese contexto inédito de sucesión y en el marco de un congreso que redujo la presencia del partido en el gobierno. La ecuación es compleja y el atrevimiento de plantear la sucesión anticipada también lo es; no está claro si sea la mejor forma de mirar la etapa final de la administración, y ni siquiera si lo que se postula tenga viabilidad jurídica, pues con candidatos- funcionarios, siempre existirá la presunción de servirse de responsabilidades y presupuesto público para la promoción personal.

Desde ahora se dibuja un cierre fragoroso del sexenio y una determinación del gobierno por ganar las elecciones antes de las elecciones.