“La arbitrariedad no siempre llega gritando. A veces llega en papel membretado, con sello oficial y una aclaración posterior”.
Judith Shklar
La escena de este sábado fue casi pedagógica. De esas que explican el funcionamiento real del obradorismo mejor que cien mañaneras y doscientas conferencias institucionales:
Primero apareció el citatorio a Maru Campos. La gobernadora de Chihuahua confirmó públicamente que la Fiscalía General de la República la había llamado a declarar por el caso de los agentes estadounidenses muertos en la Sierra Tarahumara. Dio la cara. Recibió el citatorio. Y lanzó la pregunta que en cuestión de minutos incendió las redes: ¿y Rubén Rocha?
Y ahí vino lo extraordinario. No por inesperado, sino precisamente por predecible. Esto es, horas después apareció el segundo acto: también Rubén Rocha fue citado. Y funcionarios de Sinaloa. Y Enrique Inzunza. Todos citados. Todos “como testigos”. Todos dentro del mismo gran acto institucional de equilibrio de justicia repentino.
Demasiada sincronía. Demasiada precisión quirúrgica. Demasiada oportunidad política.
Como si la FGR hubiera descubierto la importancia de la imparcialidad exactamente cuando el costo público empezó a crecer. Como si la ley hubiera necesitado revisar X antes de terminar de integrarse.
Y luego vino la cereza del pastel burocrático: la Secretaría de Gobernación —esa que llega tarde a reuniones importantes, montada en una Vespa— salió a aclarar. No a gobernar. No a guardar distancia institucional. No a respetar la autonomía constitucional de la Fiscalía. A aclarar.
A explicar que en realidad no había nada político detrás del llamado a Campos, la gobernadora de Chihuahua por el PAN.
A precisar que todos los citados, –todos sin excepción– acudirían “en calidad de testigos”.
A interpretar el citatorio para que la opinión pública entendiera lo que —al parecer— el oficio original no logró transmitir.
Hay que reconocerle una consistencia impecable al régimen: cuando algo se les descompone, siempre aparece el boletín del “lo que quisieron decir”.
En otras palabras: la realidad se enreda. El mensaje sale mal. La narrativa prende fuego. Y entonces aparece la traducción oficial.
“No ocurrió lo que usted vio”.
“No significa lo que usted entendió”.
“No se preocupe”.
“Aquí venimos a explicarle lo que quiso decir el Estado mexicano”.
Es un clásico de la casa. La FGR gira el documento. Gobernación lo interpreta. Palacio mide la reacción. Y entre todos producen esa ficción cada vez más agotada llamada “autonomía de la Fiscalía”.
Autónoma, sí. Claaaaaaaro. Tan, pero tan autónoma que, en cuanto surge un problema político por ellos creado, entra el gobierno federal a contextualizarla.
Tan independiente la procuración de justicia que el Ejecutivo sale a amortiguar el golpe narrativo. Tan separada la Fiscalía del poder político que su actuación requiere inmediatamente una explicación política.
Estimados lectores: ni siquiera hace falta que yo le imprima ironía a la descripción. La escena se escribió solita.
Y aquí viene lo importante; presten atención. Porque esto no va solamente de Maru Campos. Ni siquiera de Rubén Rocha. Va del reflejo institucional que vimos en tiempo real.
Cuando la gobernadora panista fue citada, la imagen pública era clarísima: oposición bajo reflector federal. Cuando las redes empezaron a preguntar por qué a unos sí y a otros no, el tablero cambió. Entonces apareció el equilibrio. Entonces llegaron los demás nombres. Entonces se activó la maquinaria de precisión semántica. Entonces la imparcialidad cayó del cielo.
Y esa secuencia importa. Importa muchísimo. Revela el criterio real de la 4T: no la ley como punto de partida, sino el costo político como factor de calibración. No expediente y luego comunicación. Primero reacción pública; después narrativa institucional.
Primero el golpe; luego el acomodo. Primero el incendio; después los cubetazos.
Primero el golpe; luego el acomodo. Primero el incendio; después los cubetazos.
Primero el golpe; luego el acomodo. Primero el incendio; después los cubetazos.
La ciencia política —¡si lo sabré yo!— tiene nombre para eso: accountability selectiva. Instituciones que simulan actuar y, encima de eso, el ritmo y el énfasis dependen del cálculo político.
No es inexistencia de controles; eso sería poco sofisticado. Es algo más corrosivo: controles que aparecen distinto según el apellido, el partido o el tamaño del escándalo.
Se ha roto la confianza.
Nadie discute que la Fiscalía cite. Eso le toca. Lo que ya ha destruido la credibilidad por completo es la sensación —cada vez menos sensación y más patrón— de que la vara cambia de longitud dependiendo de quién esté parado enfrente. Y a partir de ahí empieza la parte verdaderamente incómoda.
De hecho, el siguiente movimiento del tablero ya empezó a discutirse en voz baja.
En Chihuahua la pregunta ya circula. En Sinaloa también. ¿Esto escala? ¿O queda en el desfile testimonial? ¿Se trata de un expediente de fondo? ¿O de una operación de contención narrativa? ¿Veremos trato parejo si la investigación se endurece? ¿O el estándar jurídico volverá a mutar según la geografía política? Las respuestas son obvias.
Y la memoria reciente no ayuda.
Rosario Robles llegó a comparecer, ¿recuerdan? Fue. Se presentó. Dio la cara. Y salió derechito y sin escalas rumbo a prisión.
En México ya conocemos esa escena: el citatorio puede ser diligencia o prólogo. Puede ser trámite o advertencia. Puede ser legalidad o mensaje político vestido de legalidad.
Por eso, el país no leyó este episodio como un simple procedimiento ministerial. Lo leyó como un tablero. Y los tableros del poder en México rara vez son casualidad. Más todavía cuando 2027 empieza a asomarse en el horizonte. Más todavía cuando Chihuahua es territorio estratégico. Más todavía cuando Sinaloa lleva meses convertido en una incomodidad nacional demasiado grande para seguir tratándola como ruido periférico.
Y aquí entra el trascendido incómodo: en Morena algunos quisieran vender esto como prueba de imparcialidad. No lo es. Lo que sí es: que la oposición se sienta advertida… mientras los propios perciben que siguen teniendo margen de contención. Y eso, políticamente, es dinamita.
Porque el poder aguanta casi todo. Lo que no aguanta bien es la sospecha de arbitrariedad mal administrada. Eso sí incendia. Eso sí desordena. Eso sí empieza a costar.
Giro de la Perinola
La 4T presume instituciones autónomas igual que presume austeridad republicana: mientras sirve para el discurso. Cuando el cálculo aprieta, la autonomía se vuelve boletín aclaratorio. Cuando la narrativa se complica, aparece Gobernación a explicar. Cuando la conversación digital sube de temperatura, mágicamente todos fueron citados y todos eran testigos desde el principio. ¡Qué eficacia! ¡Qué coordinación! ¡Qué casualidad tan perfectamente sincronizada!
La vieja política usaba el teléfono rojo; la nueva usa el monitoreo de tendencias. Y así estamos: con una Fiscalía que primero apunta, luego mide el incendio y después corrige el encuadre.
Autonomía constitucional… con servicio de interpretación inmediata incluido. Eso ya ni para trapear sirve.
Y lo verdaderamente preocupante es que en Palacio empiezan a tratar esa vergüenza como si fuera rutina.