Luego de que el pasado 16 de junio se anunció que habrá una nueva licitación para 48 verificentros en Puebla, vienen a la memoria los 17 centros de verificación, en funcionamiento hasta marzo de 2020, y que pertenecen al empresario Jorge Kahwagi.

Entre 2014 y 2015, el entonces gobernador Rafael Moreno Valle, decidió desmantelar el sistema de verificación vehicular. Además de atropellar los derechos de los concesionarios, redujo el total de centros, que era de más de 80.

Desde 2019, el Colectivo de Verificentros en Puebla ha documentado que la cultura de verificación que se había generado entre los poblanos se fue perdiendo debido a una carencia de lugares donde podría realizarse dicho requisito vial.

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Aún con los centros de verificación de Kahwagi en funcionamiento, el Consejo de Participación Ciudadana del ayuntamiento de Puebla afirmó que los automóviles particulares emitían para 2019 el 42.8 por ciento de contaminantes en la entidad.

Al ser anunciada la nueva licitación por el gobernador Miguel Barbosa, ha trascendido la posibilidad de que el empresario, primo del exsecretario de Administración y de Infraestructura, José Cabalán Macari, pueda participar, directa o indirectamente, en la licitación de los 48 nuevos centros.

Está claro que un retorno de Kahwagi al poderío irregular de los centros de verificación, afectaría en menor o mayor medida al Programa de Verificación Obligatoria, que en esencia busca reducir la cantidad de contaminantes que emiten los vehículos.