Es sorprendente lo que alrededor del caso de Ayotzinapa está sucediendo al interior de la 4T. Uno pensaría que hoy -a ocho años de los trágicos e indignantes hechos en los que desaparecieron, fueron torturados y probablemente murieron 43 estudiantes-, el Estado mexicano tendría una narrativa clara de lo sucedido y a los perpetradores -intelectuales y materiales- estarían en la cárcel.

Pero todo lo contrario estamos más lejos de la verdad que cuando surgió la “verdad histórica” del entonces procurador Murillo Karam y el actual gobierno federal está más confrontado por este caso, más confrontado de lo que estuvo en su momento el gobierno peñanietista.

Y tan están sintiendo que la esperanza de justicia se aleja, que el movimiento de padres y estudiantes de Ayotzinapa, luego de años de frustración, ha incrementado sus protestas en la Ciudad de México. En orden cronológico: se vandalizó, la embajada de Israel en México (lo que ha generado tensión diplomática internacional); se acometió a la Fiscalía General de la República; y, también el principal cuartel militar del país, el mítico campo Nº 1-A. Y, para hoy, está convocada una manifestación de gran envergadura para recordar a los estudiantes en el 8º aniversario de desaparición. Pero ¿qué esta pasando?

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FGR y Segob contra Sedena y CDMX

Hoy hay una abierta confrontación entre dependencias claves en el gabinete de seguridad federal, de la 4T. Esto a partir de que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, encargado de encontrar la “verdad” por parte del gobierno federal, y el Fiscal de Ayotzinapa, Omar Gómez, decidieron solicitar ordenes de aprehensión contra 20 militares. Las pruebas contra los militares son vagas y dichas por delincuentes que buscan un trato preferencial. Tan es así que los cuatro militares que se han entregado al ejercito -no a la FGR- sólo están acusados de “delincuencia organizada”, no de homicidio, ni de desaparecer a los estudiantes. Esto a pesar de que el Subsecretario Encinas mediáticamente ha señalado a los mandos militares de ordenar la muerte de seis estudiantes.

El acusar con pruebas endebles y enderezar señalamientos mediáticos contra todo un destacamento militar no ha gustado en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se ve como una maniobra política. De hecho, ha generado tanta molestia el caso que a través de la columna del periodista Darío Celis, nos enteramos de que los abogados de los militares detenidos están vinculados a Julio Scherer, exconsejero Jurídico del Presidente López Obrador. El columnista reveló que el mismo secretario de la Defensa encargó la defensa legal de sus elementos a los “litigantes Alejandro Robledo y César González”. Este último fue incluso acusado por la FGR de formar parte de una de red de extorsión que trabaja para Julio Scherer. Acusaciones que no validó el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo.

Pero lo relevante es que la Sedena recurre al grupo de abogados más odiado por la FGR para defender a sus elementos. Se trata, sí de tener a abogados que le han ganado a la FGR, pero también de mandar un mensaje de que en la SDN se siente tan agredidos que se alían con los rivales de la FGR. Abogados defensores que, por cierto, han filtrado, harán una defensa “pro-bono” (gratuita) de los militares.

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También, el cabildeo de la Sedena logró que la FGR, por conducto de un fiscal distinto, se desistirá de las ordenes de aprehensión contra 16 militares. Información que se dio a conocer el pasado sábado. Así que de los 20 militares señalados por Encinas y la FGR - sobre los que ya había ordenes de aprehensión-, ahora sólo quedan cuatro. Lo que tendría molesto a Alejandro Encinas y desde luego ha confundido a las familias de las víctimas se filtre una información y luego se desistan de las acciones penales sin mayor información.

Finalmente, no hay que olvidar que, en la audiencia de imputación a los militares arriba señalados, pero sin estar en el expediente, los fiscales de la FGR deslizaron en el juicio, como coparticipe de actos irregulares, al jefe de la policía de la CDMX, Omar García Harfuch. Lo que generó gran molestia en la jefatura de gobierno. Por lo que, si bien en lo legal no creció el ataque contra Garcia Harfuch, si se percibió un ataque político, lo que hizo la jefa de gobierno se enemistara con Encinas.

Segob y SSPC contra el PJF

El pasado viernes, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) denunciaron penalmente al juez federal, con sede en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien lleva el caso Ayotzinapa. Se le acusó de “la probable comisión de delitos contra la administración de justicia”. Esto por dejar en libertad a varios de los imputados, por la extinta PGR, en el caso de Ayotzinapa. Ojo, de la extinta PGR del sexenio pasado, no de la actual FGR.

Pero los fallos que ha dado este juez, en su mayoría se derivan de la sentencia que el 4 de junio del 2018 dictó el 1er Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, también en Tamaulipas, al resolver los amparos 203/2017 y 206/2017, en los que se ordenó reponer las investigaciones del caso Ayotzinapa dada la gravedad de irregularidades encontradas (torturas). También, en la mismas decisión, los magistrados ordenaron la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso de Iguala. Esta decisión fue aplaudida desde el primer momento por el entonces activista Alejandro Encinas.

Esta sentencia fue tan importante para la 4T que, a los dos días de que Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia -y Alejandro Encinas llegó como subsecretario de Derechos Humanos en la SG-, con base en ella se hizo un magno evento en Palacio Nacional y se expidió un Decreto Presidencial para la creación de una Comisión para accesar a la verdad en el caso de Ayotzinapa. Justo en concordancia con lo que habían ordenado los magistrados de Tamaulipas.

Pero también, el fallo judicial que tanto celebró Encinas – en el que se dice que las declaraciones hechas bajo tortura no son válidas- es el fundamento por lo que el juez Samuel Ventura Ramos ha dejado en libertad a varios de los señalados.

Así, Encinas celebró una decisión judicial durante cuatro años, decisión judicial que le permitió incluso crear la Comisión en la que basa su trabajo en la Segob. Pero, cuando el juez Ventura Ramos hace caso, a la misma sentencia, algo que esta obligado a hacer, ya no le gusta al subsecretario Encinas y pide sea enviado a la cárcel.

O sea, Encinas festinó que se declarase judicialmente que en la PGR habían torturado a varias imputados en el caso Ayotzinapa. Pero luego, quiere que esos mismos torturados permanezcan en prisión, en lugar de obtener su libertad. Es francamente inexplicable lo que está defendiendo la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Justo por ello, los abogados del Centro Pro de Derechos Humanos, que son los abogados de las víctimas y familiares de Ayotzinapa y quienes mejor conocen el expediente, en un boletín del sábado pasado, señalaron que: “No acompañan la pretensión de denunciar penalmente a jueces por las recientes absoluciones. Fiscales y ministerios públicos son quienes deben de rendir cuentas pues por sus acciones y omisiones se llegó a ese extremo”.

Así la Segob y la SSPC están entrando en un absurdo litigio contra el Poder Judicial Federal (PJF). Tan absurdo que ni los abogados de las víctimas los quieren acompañar en un camino lleno de falsedades y un uso político del caso. Lo que re victimiza a las familias y pone aún más dudas en la justicia en México.

¿A 8 años de un hecho injustificable que sigue?

La 4T se está golpeando internamente y cobrándose entre ellos facturas. También, se esta usando el dolor de cientos de familias y estudiantes para avanzar carreras políticas y para denostar a instituciones y funcionarios públicos. Lo que menos parece importar es dar justicia a las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa. Ten es así que el fin de semana se filtró información que debía de estar bajo resguardo de la Segob y de la FGR.

El caso Ayotzinapa se le ha salido de control al gobierno federal. Me parece que el presidente de la República, quien legítimamente buscaba dar justicia, largamente negada a las familias de Ayotzinapa, tendrá que darse cuenta de que algunos de sus funcionarios le fallaron y con ello lo traicionaron a él y a las familias de las víctimas.

A la par, crearon una crisis institucional innecesaria al interior del gobierno, pero también crearon un conflicto injustificado contra los jueces federales del país. El único que puede poner orden en el corto plazo y rectificar lo sucedido es el presidente de la República. Si no lo hace él, lo harán -a su tiempo- los jueces federales, pero se perderá tiempo importante para encontrar la verdad. Y, sobre todo, las familias habrán perdido tiempo importante en la búsqueda de justicia. Un fracaso por donde se vea a donde la 4T ha llevado el caso de Ayotzinapa. Ojalá puedan retomar el tema de una manera más profesional y menos politizada.

Por lo pronto, espero varios marchemos hoy con las familias de Ayotzinapa para recordar a sus 43 desaparecidos y junto con ellos a las más de cien mil personas que están desaparecidas en nuestro país. Todos ellos merecen justicia. Justicia que se les está negando.