Tendrá lugar el próximo domingo la renovación de gobiernos en 6 entidades federativas, lo que sin duda confiere importancia relevante a dicha jornada electiva, pues impactará a casi una quinta parte de las entidades federativas del país, en todas las coordenadas geográficas que componen el territorio nacional, en el norte, centro y el sur de la República.

Por otra parte, el evento electoral en cuestión tendrá verificativo cuando ha transcurrido más de la mitad del sexenio que marca el encargo del gobierno federal, lo que significa un período suficiente como para identificar las tendencias y comportamiento de la administración frente a los procesos electorales. De hecho, se medirá la pauta de los hábitos gubernamentales en una materia tan delicada como la referente a los comicios.

Buena parte del debate democrático de México ha estado históricamente relacionado a la actitud del gobierno de cara a las elecciones. La etapa más restrictiva e incluso autoritaria del régimen político mexicano se relaciona con aquella en donde el gobierno participaba en la organización de los comicios y evidentemente actuaba para beneficiar a su partido, lo que se correspondía con resultados electorales que beneficiaban, invariablemente, al partido en el poder.

Buena parte de la lucha democrática del país y del esfuerzo de los partidos, incluidos personajes y corrientes de la fuerza política que hoy está en el poder, fue en el sentido de restringir la intervención gubernamental y de sus funcionarios en los procesos electivos, por considerar que las políticas públicas y la tarea de los funcionarios del gobierno, no tienen o no deben tener signo partidista, pues su financiamiento corresponde al presupuesto que se financia con los recursos de todos los mexicanos y su determinación corresponde a la discusión que se tiene sobre la aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación y expresan la voluntad del conjunto de las fuerzas políticas.

La iniciativa anual para el ejercicio del Presupuesto corresponde al gobierno, pero su aprobación la realiza la Cámara de Diputados en su calidad de órgano legislativo y de manifestación de la voluntad del pueblo. En ese sentido, si bien inspirada en una visión específica de gobierno y de su partido, se traduce en una política pública de carácter general e institucional, no partidista. Un signo de los viejos tiempos, que hablaba de una etapa referente a un sistema hegemónico de partido, fue el de la apropiación de los programas de gobierno por parte del partido en el poder; pero para bien, se combatió esa visión, a fin de que el gobierno se abstuviera de participar en los comicios y que su intervención, directa o indirecta, dejara de ser motivo de inconformidad y de iniquidad.

Mucho se logró cuando fue posible cancelar el papel, velado o abierto, del gobierno como agencia electoral o en el activismo partidista; sin embargo, ahora se lucen los encargos de los funcionarios públicos para asistir a distintos actos de campaña de su partido, mostrando con ello su evidente protagonismo político partidista; una postura facciosa, un interés por ser factor en los triunfos de su partido y un desempeño que altera la competencia política democrática.

La lección que deja el despliegue de los funcionarios federales en los actos de campaña es que el gobierno de la República está dispuesto a trastocar prácticas y disposiciones con tal de obtener triunfos; desnuda así su idea de ganar el poder mediante el poder, retenerlo y desencadenar una visión autoritaria. Enseña que sus programas sociales persiguen el clientelismo, la relación prendaria con los beneficiarios de los subsidios, que su estructura es la del gobierno y que temen a la auténtica competencia política.

Se placean los funcionarios federales de gobierno en las campañas políticas de su partido, irrumpen en ellas como protagonistas y activistas, realizan lo peor de las peores prácticas de antaño; ciertamente no son iguales, son una mala reproducción, una copia defectuosa de equívocos cometidos en otros tiempos, y que se supone estaban superados; repetir ahora esas pautas significa caer en una actitud deliberada para revertir caminos, para desdibujar un paso que llevó del autoritarismo a la democracia, para ir ahora por la ruta inversa, de la democracia al autoritarismo.

De forma descarada el gobierno ha devenido en agencia electoral.