El reciente informe de Oxfam, sumado a los múltiples estudios elaborados por la OCDE y otros organismos, indica que, de acuerdo al coeficiente de Gini, los niveles de desigualdad se encuentran en los niveles históricos más altos. Ello deriva de un buen número de razones, entre ellas, la ausencia de una política fiscal progresiva que haga posible que los más acaudalados contribuyan más proporcionalmente a las arcas del Estado.

El caso de México es especialmente acuciante. De acuerdo con las cifras, México apenas recauda el 17 por ciento del PIB. Este dato refleja una problemática estructural que trasluce la razón por la cual nuestro país no ha sido capaz de superar sus principales obstáculos para el desarrollo.

A manera de comparación, miremos rápidamente lo que sucede en otras regiones del mundo. Mientras América Latina y el Caribe recaudan el 21 por ciento del PIB, el promedio de los países miembros del OCDE (México es miembro de esta organización internacional) asciende al 31 por ciento. Mismo los Estados Unidos, cuyos niveles de desigualdad se ubican en los más alto dentro del mundo desarrollado, supera a México en términos de la recaudación y del gasto público.

Algunos asocian la propuesta del establecimiento de una tasa fiscal progresiva a políticas de izquierda. Se equivocan. Si bien los gobiernos llamados “progresistas” utilizan el discurso de la desigualdad como narrativa para ganar voluntades, la realidad es que un buen número de gobiernos latinoamericanos han hecho caso omiso a las recomendaciones. Quizá derivado de la ausencia de voluntad política, o simplemente derivado de sus agendas, el problema alarmante de la desigualdad ha quedado en letra muerta en boca de los líderes populistas.

El combate contra la desigualdad no tiene colores políticos, ni de derecha ni de izquierdas. Existe un consenso global en torno a las soluciones. En primer lugar, como he señalado, los gobiernos deben promover una tasa fiscal progresiva (riqueza e ingresos) que impacte sobre los más ricos, seguido de una baja en la tasa corporativa para incentivar la inversión y la creación de empleos. Y luego, los Estados, en un intento de superar sus reticencias nacionalistas, deben poner en marcha un mecanismo de coordinación internacional en materia fiscal que haga posible limitar las transferencias de dinero a paraísos fiscales.

México sufre de niveles de desigualdad alarmantes. La pandemia lo ha recrudecido. AMLO, por su parte, en vez de buscar dar solución a la problemática, ha dejado todo a la palabrería y a los discursos, con su objetivo perenne de presentarse como el adalid de los pobres. El combate contra la desigualdad no debe tener colores partidistas. Es una crisis acuciante que inhibe el desarrollo.