Una frase que le fue aplicada a Ortega y Gasset para cuestionar su papel de connivencia, aunque de elegante distancia con la dictadura de Primo Rivera en España (1923-1929), y que fue proferida en 1926 por un periodista crítico (Augusto Barcía) para aplicársele al gran filósofo español, viene a cuento: “Corruptio boni pessima”, la corrupción del bueno es la peor. La expresión fue dura y precedió a la renuncia que él presentara en 1928 al ministro de Instrucción Pública para separase de su cátedra en la materia de metafísica, al tiempo que también se alejó de sus colaboraciones en la prensa y se mudó a Argentina, desde donde envió ensayos que integraron su famosa reflexión sobre la rebelión de las masas.

Sí, se vive una crisis que afecta la estructura de legalidad en el país y que tiene clara manifestación en los problemas que enfrenta el fiscal de la República y que provienen de denuncias que se derivan de lo que fue el propio círculo de gobierno; también impacta los sucesos han tenido lugar en la Corte de Justicia de la Nación, construyéndose un panorama que rebasa lo casuístico, pues muestra una problemática que se instala ya en la dimensión sustantiva y no meramente adjetiva o circunstancial.

El hecho es que la impartición y procuración de justicia se encuentran apremiadas, comprometiéndose así la función que se considera como la más esencial del Estado, que es la de asegurar la vigencia de las leyes y de garantizar su justa aplicación. En efecto, las distintas corrientes y escuelas del pensamiento polemizan respecto de las funciones y responsabilidades del Estado; así en algunas de ellas se propone su amplia participación en la vida económica y social, mientras otras se inclinan a lo que se le llamó el Estado mínimo o policía, propio de la visión liberal.

Las columnas más leídas de hoy

Pero el acuerdo básico sobre lo que es la tarea primigenia del Estado no tiene discusión, se refiere a prodigar la justicia que se deriva de las leyes y de su observancia. Lamentablemente eso es lo que parece estar en crisis en este momento, y no sólo se refiere a las instituciones, sino a la actuación de quienes la representan. Por eso el traer a colación lo que en su momento le fue señalado a Ortega y Gasset.

Cierto, los hombres que encabezan las instituciones son los más obligados a una actuación recta, transparente, objetiva y que prestigie al Estado; lo contrario debilita y lleva a que desaparezca o se vulnere el instrumento básico de acuerdo en las sociedades, que está representa a través de las instituciones y las leyes. En ese caso el grave riesgo es el paso de una sociedad que sustenta su convivencia en la cultura de la legalidad, para dar paso a otra que lo haga por medio de la subcultura de la ilegalidad.

Ocurre una severa crisis de legalidad en el país, justo cuando se requiere serenidad y verticalidad para interpretar y aplicar las leyes, justo cuando las pulsiones populistas dominan los ánimos del gobierno, cuando se polariza a la sociedad y se pretende fustigar a quienes disienten y se pretende criminalizar a la oposición; cuando se arremete para disciplinar las distintas instancias del Estado tras la búsqueda de someter a los otros poderes y se dibujan caminos que tienden a poner en predicamento a las instancias autónomas.

También puedes leer

Ocurre el devaneo de personajes claves en el sistema de justicia del país en el momento más importante, cuando su verticalidad y objetividad debieran ser fuente de certeza y de fortalecimientos del Estado. Cuando, para colmo, se visibilizan excesos, posibles actos de corrupción y arbitrariedad del titular de la entidad encargada de procurar justicia, lo que pone en grave predicamento el sistema de jurídico, la legalidad y legitimidad de la autoridad.

Si quienes representan a las instituciones clave de la República en materia de justicia y legalidad, a la vez son los primeros en despertar sospechas respecto de su actuación, poco queda para ordenar la vida colectiva. Así, más allá de una mera polémica sobre la actuación de un órgano, se precipita una crisis de Estado que a todos involucra, que a todos amenaza y que, a buena parte, tiende a arrasar. En efecto, corruptio boni pessima. Si las instituciones han sido desbordadas lo que queda es el viejo autoritarismo, pero revestido como uno nuevo, de última generación que tiende a ser más lesivo que el precedente por las incongruencias que exhibe y por la agenda de pendientes que acumula.