Tema fundamental del México resuelto hacia la vida democrática ha sido el de la competencia política; sin ella la expresión de la voluntad popular se disolvía en la carencia de alternativas y se agotaba en la ficción de la democracia de fachada.

Un pensador icónico como Giovani Sartori hizo de ese concepto el punto nodal para vislumbrar los sistemas de partidos, dividiéndolos, así, entre competitivos y no competitivos; de hecho, se refirió al caso de nuestro país estableciendo que teníamos un sistema no competitivo y, dentro de él, uno de carácter hegemónico -desde luego en referencia al PRI-.

Esa perspectiva fue clave para entender que el dominio de una fuerza política no era simple predominancia. En efecto, distintos factores brindaban seguridad de permanencia en el poder, por la razón de no existir competitividad efectiva y, entonces, un sistema débil de partidos y una carencia casi absoluta de alternancia.

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¿De dónde venían las condiciones no competitivas?

De una ecuación cuyos ingredientes principales eran un gobierno que beneficiaba a su partido, que instrumentaba muchas de sus políticas públicas a través de la estructura de éste y que organizaba directamente las elecciones; a su vez de un partido que se alineaba a las directrices gubernamentales, que fortalecía su organización interna mediante ese alineamiento, logrando gran disciplina, cohesión y amplia capacidad de movilización; de un sistema de calificación electoral de carácter político a través de los colegios electorales y del peso que los partidos -y sus intereses- , tenían en ellos.

Por ende, el paso hacia una situación de competencia política supuso construir nuevas condiciones: la conformación de un órgano electoral constitucionalmente autónomo e independiente del gobierno; un nuevo sistema de calificación de las elecciones, ahora de carácter jurisdiccional; neutralidad del gobierno en la fase de las campañas; equidad en el financiamiento público y en el acceso de los partidos a los medios electrónicos de comunicación; regulación de los gastos de campaña y tipificación de delitos electorales, entre otras cosas.

El traslado de la fase no competitiva a la de plena competencia política, se hizo en ese trance y con las instituciones que así lo han hecho posible; de ahí que la defensa, por ejemplo, del Instituto nacional electoral, INE, o del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, TEPJF, no sean meros actos declarativos; más bien expresión de una causa que sintetiza el esfuerzo de varias generaciones y de diversas corrientes políticas para pavimentar el camino democrático.

Distintos partidos entendieron que la lucha democrática – electoral, pasaba por la edificación de las normas y de las instituciones que lo hicieran posible; hubo en ello coincidencia, incluido el partido que perdería las viejas ventajas que le permitieron prevalecer.

¿Existen fallas? ¿Es posible contravenir decisiones y resoluciones?

La respuesta es sí, afirmativamente sí; pero es necesario emplear los medios y recursos que se han diseñado para ello, de otra forma iremos a la fase de resolver la lucha por el poder, desde el poder; implicaría una vía del voluntarismo y no de la institucionalidad; un arreglo surgido del buen caudillo y no de la democracia constitucional.

Tener una competencia política a la carta o al gusto particular de cada contendiente no es posible; menos aún hacerla a la preferencia de quien detenta mayor poder, o más respaldo tiene; tampoco resolverla en la aceptación de una moralidad o eticidad superior, hospedada en uno de los poderes o instancias, menos todavía en la que dice ostentar un personaje en específico.

La democracia electoral debe desfogar en una democracia plural y deliberativa que ordene la vida pública; pero si se trata, que una voz sea la única de la causa justa y verdadera, que ella califique y decida, que ella determine por sí el menú y haga una competencia a la carta, deberá tenerse en cuenta que, cuando así sucedió, terminamos en la vía de un sistema de partido hegemónico y sin competencia. Entonces estuvimos en el riesgo de arrumbarnos en el totalitarismo y en el partido de Estado.

La idea de una competencia a la carta puede llevar a que el gobierno gobierne las elecciones, a que otros organismos u organizaciones -incluso delincuenciales -, lo hagan o pretendan hacerlo. La carta de la competencia política debe surgir sin tutorías particulares, provenir del acuerdo y del consenso, de la crítica que documenta fallas y deficiencias y que se compromete en propuestas para superar errores.

Las lecciones de las elecciones han planteado una vía cierta para las reformas electorales; no en valde las de 1989-90, la de 1996 y la de 2007, respectivamente, revisaron los sucesos electivos de 1988, 1994 y 2006, postulando la superación de los problemas detectados; es evidente que un ejercicio parecido tendrá que realizarse después de junio de 2021. Pero una cosa es clave, será necesario formular una visión de competencia política que no sea la carta específica de nadie, para que sea la carta de todos.

La no competencia es prohijada cuando una sola visión pretende dominar, cuando un interés busca prevalecer, cuando alguien se ostenta con un proyecto que está por encima de los demás; por el contrario, la competencia política tiene asiento en la pluralidad y en la alternancia, en los consensos y en el respeto a los disenso.