México.- Al concluir el plazo legal para determinar el resultado de las elecciones para diputados y senadores por el principio de representación proporcional, el Tribunal Electoral cumplió su palabra empeñada con la ciudadanía, de hacer respetar su voluntad.

En su mensaje al término de la sesión de este miércoles, en la que el órgano resolvió 85 asuntos, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Alejandro Luna Ramos, refrendó: "protegimos la decisión de los ciudadanos".

Explicó que con los juicios resueltos en esta sesión, el Instituto Federal Electoral (IFE) tiene los elementos para asignar las curules y los escaños de representación proporcional en las cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente, conforme lo establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

La distribución de legisladores debe darse a más tardar el 23 de agosto, de conformidad con los artículos 12 al 18 y el 311 del Código, con lo cual, en el Tribunal "hemos contribuido a la normalidad democrática del país".

Con base en la legislación y en la Constitución se tomo la decisión, aseguró, y reiteró que "los ciudadanos pueden estar seguros de que cumplimos nuestra palabra empeñada de hacer valer la decisión popular".

Esta se manifestó a través del voto universal, libre y secreto, que hemos hecho valer con sustento jurídico y con lo cual concluyó una etapa más del actual proceso electoral, insistió.

Por tanto, dijo Luna Ramos, la ciudadanía puede estar segura de que conocimos, evaluamos y votamos cada uno de los asuntos de manera profesional y con responsabilidad, para honrar los principios de certeza, legalidad y transparencia que rigen a las autoridades electorales.

Tanto la Sala Superior como las salas regionales del Tribunal, "patentizamos que nuestro único compromiso es con la Constitución y nuestra acción se guía por el bien de la República".

Recordó las palabras del presidente Benito Juárez García, quien destacó la importancia de que las decisiones de las autoridades se sujeten siempre a la Constitución, como única guía de su correcto actuar.

Terminada esta etapa, ahora sólo queda pendiente el juicio de nulidad sobre la elección presidencial, mismo que, adelantó, se decidirá con el mismo rigor jurídico, sujeción absoluta a la ley, profesionalismo y garantías de certeza que las demás etapas del proceso.