Califican de medieval ley venezolana de precios justos

Por Rodolfo Rivera. Corresponsal

Caracas, 26 Jul (Notimex).- La Ley de Costos y Precios Justos (LCPJ), sancionada la semana pasada por el presidente Hugo Chávez, es medieval y está condenada al fracaso, aseguró hoy el ex director del Instituto de Comercio Exterior (ICE) Maxim Ross.

"Esta ley promueve la desinversión y además acabará con la economía venezolana, pues elimina el libre mercado para sustituirlo por una comisión política-ideológica, que en definitiva será la que determine si el precio es justo no", señaló el analista.

El economista privado dijo a Notimex que la intención de controlar los precios fracasó en todas partes, en el país como Comisión Nacional de Costos Precios y Salarios, que se fue a pique, pues el verdadero precio es acordado por comprador y vendedor.

El presidente Chávez, al sancionar la ley el jueves 14 de julio, afirmó en cadena nacional que con este instrumento se espera abatir la especulación, que según señaló es uno de los factores que más impacta en la conformación de los precios al consumidor.

Ross indicó que la ley elimina el carácter relativamente excepcional que tenía hasta ahora el control de precios para convertirlo en una política general "que sirva para luchar contra la injusticia del capitalismo", según expresó el Jefe de Estado.

Por su parte, Luis Alfonso Herrera, especialista en derecho económico y administrativo, señaló que esta ley implica mucha discrecionalidad, lo cual la convierte en algo muy poco confiable.

"Se establece de manera inconstitucional el marco para el desarrollo de una política general de regulación de precios, donde la regla serán los precios, costos y ganancias fijados a discreción por la planificación centralizada", advirtió el abogado.

Sostuvo que con la Ley de Costos y Precios Justos, el gobierno deroga inconstitucionalmente el sistema de economía social de mercado y el sistema de precios estipulados en la Constitución venezolana en sus artículos 112, 115, 117 y 299.

Indicó que en su lugar se establece un sistema de colectivización de los medios de producción donde la determinación de los precios pasará a ser competencia de la superintendencia del área y no el resultado de la libre interacción y las reglas de la oferta y la demanda.

"Si se aplica profundamente nos vamos a convertir en una suerte de economía de guerra, y cuando eso sucede es imposible medir las variables como la inflación porque el mercado se hace informal cada día más", dijo Herrera.

Añadió que también este instrumento le da al gobierno un poder ilimitado, a través de la superintendencia del sector, para inspeccionar, controlar y sancionar todos los agentes económicos que produzcan, importen o comercialicen bienes y servicios.

NTX/RRV/OS/DAS/

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