Indígenas que “secuestraron” a AFI’s exigen reparación del daño

Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio solicitaron a la Procuraduría General de la República la reparación económica y pecuniaria por el injusto encarcelamiento del que fueron

Ciudad de México.- Las mujeres indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) la reparación económica y pecuniaria por el “injusto encarcelamiento” de que fueron víctimas, luego de que fueron acusadas de secuestrar a agentes federales de investigación.

En conferencia de prensa el presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Luis Arriaga Valenzuela, explicó que los años que pasaron en la cárcel representaron para las mujeres indígenas daños económicos, morales, familiares y comunitarios.

En este caso, se explicó que los recursos de reparación de daños presentados por las mujeres fueron entregados por separado a la PGR, y en el caso de Alberta se estipula una indemnización de 179 mil 420 pesos.

Mientras para Teresa González se calculó en 67 mil pesos, además de una reparación por daño moral de 20 mil salarios mínimos vigentes para cada una, y el pago de costas judiciales.

Arraiga Valenzuela destacó que Prodh, las mujeres y sus familiares decidieron impugnar los actos administrativos que las mantuvieron presas.

Estos actos administrativos, dijo, fueron la irregular integración de la averiguación previa, su consignación y la validación de todos sus elementos por el Ministerio Público Federal, sin que las probanzas tuvieran coherencia, objetividad y veracidad.

Asimismo el recurso de reclamación fue interpuesto porque pese a las evidentes contradicciones y la carencia de pruebas la PGR se negó a reconocer la inocencia de las dos mujeres en las diferentes etapas del proceso, y mantuvo su acusación hasta el último momento.

Por último, el presidente del Prodh destacó que con esta demanda se pretende que hechos como el que mantuvieron en la cárcel a las dos mujeres durante casi cuatro años no se repitan y que el derecho al acceso a la justicia en el país sea efectivo, especialmente para los grupos excluidos y discriminados.

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