General pide la baja tras haberse reintegrado por orden de un juez en Colombia

Bogotá, 27 jul (EFE).- El general colombiano Jorge Pineda Carvajal, quien había sido separado en 2003 por un presunto uso irregular de gastos reservados en los servicios de inteligencia del Ejército Nacional, pidió hoy la baja del servicio activo tras haber sido reintegrado en esa fuerza por un mandato judicial.

"Procedo hoy a pasar mi solicitud de retiro con la cabeza en alto", expresó el oficial durante una breve comparecencia ante la prensa en Bogotá, a la que recibió en la sede militar.

Pineda formalizó la petición luego de asumir como titular de la Dirección de Planeación del Ejército, confirmó la misma fuerza al informar que el militar se hizo presente en compañía de su esposa e hija.

"Quiero darles gracias a Dios y al Ejército de la República porque se hizo justicia" ante "las falsas acusaciones", dijo Pineda, quien vestía el uniforme de general, con sus insignias y condecoraciones.

En un comunicado previo, el Comando del Ejército indicó que el reintegro del oficial había sido ordenado por el presidente del país, Juan Manuel Santos, mediante un decreto fechado el pasado 19 de julio.

La decisión del Ejecutivo se derivó de un fallo proferido el 20 de octubre de 2009 por el Juzgado Único Administrativo de Mocoa, la capital del Putumayo, departamento de la frontera sur con Ecuador y Perú en la que Pineda ejercía por la época en la que fue llamado a retiro forzoso, en octubre de 2003.

El general ocupaba entonces el cargo de comandante de la Vigésima Séptima Brigada, con sede en Mocoa, y fue llamado a "calificar servicios" por el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

La decisión fue informada el 17 de noviembre de 2003 mediante una nota oficial en la que este Ejecutivo explicó que la separación de Pineda tenía como fundamento "el mal uso de gastos reservados (...) cuando se desempeñaba como director de Inteligencia del Ejército".

La sede gubernamental nunca precisó las irregularidades que pudo cometer este oficial, quien demandó su separación ante la justicia contencioso administrativa de Mocoa.

El monto de la indemnización que debió pagar el Estado a Pineda por efecto del fallo judicial no fue informado.

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