El presidente de Honduras reestructura la Policía tras asesinato de estudiantes

Tegucigalpa, 31 oct (EFE).- El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, reestructuró hoy los altos mandos de la Policía tras la implicación de agentes de la institución en el asesinato de dos estudiantes universitarios el pasado día 22.

Los cambios en la Policía coinciden con la denuncia del extravío de unos 300 fusiles y unos 300.000 proyectiles del cuerpo especial "Cobras", de la misma Policía, algo que al parecer se viene dando desde 2009, según dijo a periodistas el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Silvio Inestroza.

Los cambios en la cúpula policial fueron anunciados en rueda de prensa por el secretario (ministro) de Seguridad, Pompeyo Bonilla, tras una reunión de urgencia convocada por Lobo, en la que además participaron el titular del Parlamento, Juan Orlando Hernández, y el fiscal general del Estado, Luis Rubí.

Bonilla indicó que Lobo también nombró como viceministra de Seguridad a la comisionada Coralia Rivera, quien ejerció antes como directora de la Policía Nacional e inspectora general de esa misma institución.

El ministro también oficializó la destitución del director nacional de la Policía, José Luis Muñoz, quien está en visita oficial en Taiwán y será sustituido por el comisionado Ricardo Ramírez del Cid.

En la Dirección Nacional de la Policía Preventiva fue nombrado el comisionado Joaquín Mejía Alvarenga, en sustitución de Manuel Fuentes Aguilar.

Como director de Servicios Especiales de Investigación, responsable de la Policía de Fronteras, se nombró al comisionado Héctor Suazo, en reemplazo de Félix Villanueva.

El nuevo director nacional de Tránsito será Randolfo Paguada, quien sustituirá a José Oliva, mientras que Félix Villanueva sustituye a Marco Tulio Palma en la titularidad de la Dirección Nacional de Investigación Criminal.

En la estructura de la oficialidad de la Policía se mantienen en sus cargos el director nacional de Servicios Especiales Preventivos que administra los centros penales, Danilo Orellana; el inspector general, César Augusto Somoza, y el titular de Asuntos Internos, Santos Simeón Flores.

Bonilla aseguró que con estos cambios se dará una respuesta a la inseguridad que vive la población y que se trabajará fuerte para esclarecer el crimen de los dos jóvenes universitarios, Rafael Alejandro Vargas, hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma, Julieta Castellanos, y su amigo Carlos Pineda.

Los estudiantes fueron asesinados tras una persecución policial, al parecer porque los jóvenes no acataron un requerimiento en un retén policial, según versiones extraoficiales.

En el doble crimen han sido implicados ocho miembros de la Policía, de los que cuatro, a quienes se les dio permiso de salir de su unidad desde el viernes pasado, no regresaron el domingo como estaba previsto, por lo que han sido declarados prófugos.

Otros cuatro policías, de los que no se sabía que también estaban implicados, fueron capturados hoy por requerimiento del Ministerio Público y presentados a los tribunales de justicia.

El asesinato de los universitarios ha provocado la reacción de diversos sectores que exigen la depuración de la Policía, entre ellos el Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, y la rectora de la Universidad Nacional Autónoma.

Los cuatro policías prófugos, entre los que figura un suboficial, fueron incriminados desde la semana pasada, cuando también se comprobó que la sangre hallada en una de las patrullas policiales requeridas era de Rafael Alejandro Vargas, según informó a Efe la rectora Castellanos.

El Comisionado de los Derechos Humanos dijo a Efe que el extravío de fusiles y municiones de la Policía "es algo grave porque no ha habido un informe" al respecto por parte de la misma autoridad.

"Eso implica que el alto mando policial le encubre a cualquier secretario de Seguridad las cosas, y como no hay una autoridad civil que los pueda doblegar como el Consejo Nacional de Seguridad Interior, ahora el secretario de Seguridad está en manos de una logia de la Policía", agregó.

En opinión de Custodio, en Honduras "la Policía es un aparato de poder que puede matar, torturar, asesinar y dirigir el tráfico de avionetas de narcotraficantes sin problemas".

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