Avanza reforma para sancionar a religiosos proselitistas

México, 27 Feb (Notimex).- Con reformas a la ley se prevé suspender de cinco a 10 años de sus funciones a los ministros de culto religioso que hagan proselitismo en audiencias públicas, y castigar con penas de hasta seis años de cárcel a quienes en campañas políticas usen recursos de origen ilícito.

Lo anterior, son los principales objetivos de una iniciativa de ley que se discute en la Comisión de Justicia y lleva un avance de 70 por ciento, informó en entrevista el diputado federal del PRI e integrante de dicha comisión, Alfonso Navarrete Prida.

El legislador explicó que son ocho las modificaciones a las leyes electorales que adicionan nuevas conductas que podrán sancionarse, así como el incremento en las penalidades de los delitos, no obstante aclaró que aún se encuentra en proceso de análisis.

Dijo que se requieren imponer sanciones que lleven hasta la cárcel a quienes utilicen en las precampañas, campañas y jornadas electorales la "difamación y la calumnia" para influir en la votación, porque "únicamente afecta a la democracia".

Esto, dijo, se debe realizar antes de que se lleven a cabo los comicios presidenciales de 2012, toda vez que las denominadas "propagandas negras" han sido una divisa que se ha explotado con demasía en las pasadas elecciones.

"Se requiere sancionar, a gente que por conducta de este tipo vaya a la cárcel", declaró el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Explicó que la regulación debe encaminarse en hacer compatible el principio de la libertad de expresión, con su límite, que es el derecho de un tercero.

En ese sentido, aclaró que la discusión ahora se centra en la ampliación del sujeto activo dentro de la tipificación del delito.

Dentro de la propuesta, que signa la diputada del PRD, Dolores de los Angeles Názares Jerónimo, se prevé sancionar a "aquellos concesionarios o personas que permitan la transmisión de spots contratados por partidos, particulares o candidatos que denigren, calumnien o difamen a un tercero en precampaña o campaña".

El proyecto reforma diversos artículos del Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal en materia de delitos electorales, mediante los que impone sanciones que van desde los 50 a los 200 días multa y prisión de uno a cuatro años.

Estas sanciones, explicó, se prevé aplicar a las personas que hagan proselitismo mediante presión a los electores dentro de los tres días previos a la elección o durante la jornada electoral.

De igual forma, se prevé castigo a quien solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las precampañas, campañas o la jornada electoral, añadió.

Además para quien durante ese día organice o lleve a cabo el transporte de votantes, con el propósito de influir en el sentido de su voto.

Detalló que también se aplicará la misma sanción a quien realice, reciba o destine aportaciones en dinero o en especie a favor o en contra de algún candidato o partido en los montos superiores a los establecidos en la legislación federal electoral.

En este tenor, sanciona con dos mil a cinco mil días multa y la suspensión de cinco a 10 años a los ministros de cultos religiosos que, en el desarrollo de actos públicos, induzcan, presionen o coaccionen al electorado a votar en favor o en contra de un candidato.

Para los candidatos que utilicen la "campaña negra" como método de proselitismo, se les impondrá de 200 a 500 días multa, añadió.

Además de prisión de dos a seis años; la misma medida se aplicará cuando utilicen fondos provenientes de actividades ilícitas o recursos provenientes del extranjero, señaló.

Sin embargo, precisó que la disposición es más severa con los servidores públicos, ya que se prevé ser destituidos e inhabilitados hasta por ocho años del servicio público.

Estos, abundó, se harán acreedores de 200 a 400 días de multa y prisión de uno a nueve años, si condiciona el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas a la emisión del sufragio en favor de un partido político.

La misma sanción se aplicaría a quienes destinen fondos, bienes o servicios, tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un candidato.

Así como para quien o quienes proporcionen documentos falsos al Registro Federal de Electores se les impondrá de 100 a 500 días de multa y prisión de dos a seis años, estableció el legislador.

NTX/LCR/ARL/CONFE

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