Buenos Aires, 29 feb (EFE).- La presidenta argentina, Cristina Fernández, inaugurará mañana el nuevo curso parlamentario en un clima marcado por el aumento de la tensión con Reino Unido por Malvinas, la presión sobre las compañías petroleras y los reclamos por la última tragedia ferroviaria que sacudió al país.

Fernández abrirá la legislatura en el Parlamento y el Senado cuando todavía está viva la polémica sobre las responsabilidades políticas del accidente de tren que dejó medio centenar de muertos en Buenos Aires la pasada semana.

En medio de un aluvión de críticas por la negligencia de las autoridades, el Ejecutivo intervino el martes la empresa concesionaria de la red, Trenes de Buenos Aires (TBA), vinculada con exfuncionarios kirchneristas investigados por corrupción, como Ricardo Jaime, exsecretario de Transportes del expresidente Néstor Kirchner y de la propia Fernández.

Además, la presidenta acudirá al Congreso apenas un día después de que la Unión Europea anunciara pasos diplomáticos en respuesta a la "preocupación" de Reino Unido por el boicot comercial propuesto por el Gobierno argentino.

Buenos Aires propuso hoy que Unasur acompañe a la UE en el análisis del tema e insistió en denunciar los incumplimientos británicos de las resoluciones de Naciones Unidas sobre el conflicto de Malvinas.

La decisión de Bruselas es resultado de un aumento de la tensión entre Reino Unido y Argentina en vísperas del treinta aniversario de la guerra que enfrentó a ambos países por la soberanía de las islas y que dejó cerca de 900 muertos.

La presidenta tiene otro frente abierto con la poderosa Confederación General del Trabajo (CGT) y con su líder, Hugo Moyano, antiguo aliado del Gobierno y hoy dispuesto a presentar batalla para mantener el poder de la organización.

Frente a los llamamientos a la moderación salarial lanzados desde la Casa Rosada, Moyano marcó distancias con la mandataria y aprovechó su último acto multitudinario, anoche, para amenazar con huelga en caso de que no se atiendan sus demandas de incremento en las negociaciones de los convenios colectivos.

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En un país donde la inflación oficial se mantiene en un dígito y las estimaciones privadas hablan del 25 por ciento anual, el Gobierno pretende rebajar las pretensiones sindicales en un intento por controlar la escalada de precios.

Además, aumentan las voces críticas contra las últimas medidas económicas del Gabinete, como el control del cambio de dólares o la obligación impuesta a las empresas para equilibrar importaciones y exportaciones.

Mientras algunos expertos pronostican un deterioro de los indicadores macroeconómicos para el segundo semestre del año, el Gobierno presiona a las empresas petroleras para aumentar la producción y reducir la factura de la importación de hidrocarburos para el invierno austral.

En el ojo del huracán, el Gobierno ha situado a YPF, controlada por la española Repsol, en medio de fuertes rumores, nunca confirmados oficialmente, sobre supuestos planes de nacionalización o de intervención.

El último capítulo de la escalada sobre YPF se produjo el miércoles, cuando la Comisión Nacional de Valores de Argentina declaró "irregulares e ineficaces" las resoluciones adoptadas en una reciente reunión de directorio de la compañía a la que se impidió el ingreso de funcionarios del Gobierno.

A los frentes de conflicto abiertos se suma una caída en la confianza ciudadana en el Gobierno, según encuestadores privados.

La buena imagen del Ejecutivo cayó 7 puntos y se situó en un 49 por ciento en febrero, de acuerdo con una encuesta mensual de la Universidad Torcuato Di Tella que mide la percepción de la población sobre la gestión gubernamental.