México.- La Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en México (ONU-DH) presentó un diagnóstico sobre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, donde destacó falta de personal, medidas implementadas incorrectamente, ausencia de seguimiento a cambios en la situación de riesgo de los beneficiarios y discurso de odio por parte de funcionarios.

Presentación diagnóstico del Mecanismo.

Para presentar el informe, Jan Jarab, representante de la ONU-DH, señaló que como parte del diagnóstico se realizaron entrevistas a personas beneficiarias y desplazadas para conocer el panorama y las carencias del Mecanismo.

"Es un diagnóstico sobre el Mecanismo heredado y entre los aspectos positivos es que las personas beneficiarias dijeron que siguen vivas gracias a la protección del mecanismo; que no depende del fuero y que es una tendencia internacional de participación ciudadana".

Jan Jarab

Como parte de los desafíos, la ONU-DH dijo que debe haber reconocimiento suficiente de la labor de las personas defensoras y periodistas para toda la sociedad, así como que las autoridades condenen públicamente todas las agresiones.

Otro aspecto es la ausencia de recursos humanos y económicos, pues ante el aumento del 235% de beneficiarios desde el 2014, no ha habido contratación de más personal encargado de atender a a las víctimas

"Pocas personas que salen del mecanismo por disminución de riesgo porque el enfoque del mecanismo ha sido evitar la consumación de un daño, y no se está abordando las causas a través de acciones políticas, de prevención. Es prioritario abordar un enfoque preventivo".

Jan Jarab

Jan Jarab destacó que dentro del periodo estudiando, el 55% de los agresores eran servidores públicos por lo que se debe prevenir, investigar y sancionar estas agresiones para prevenir; y una campaña nacional de reconocimiento de defensores y periodistas liderada por la presidencia de la república.

Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dijo que además de exigir el cese de violencia contra personas defensoras y periodistas, es necesario que se garantice su labor social, mejorar el mecanismo, terminar con los discursos de odio y sensibilidad de los funcionarios.

De acuerdo con la presidenta Ramírez, antes de que los defensores y periodistas sean asesinados, las comisiones de derechos humanos reciben quejas de censura, violencia, amenazas, injerencia para impedir su labor, entre otros.

Por su parte, Aarón Mastache, director del Mecanismo aseguró que para el diagnóstico mencionado, se entregó toda la información disponible a la ONU-DH, pues refirió que querían una evaluación completa y que reflejara la realidad.

"Es necesario hacer mención de la lamentable ausencia de, al menos 15 periodistas y 24 defensores que han sido asesinados en el periodo de diciembre de 2018 a agosto de 2019".

Aarón Mastache

Entre otros esfuerzo que realizó el Mecanismo, de acuerdo con Mastache, se realizaron auditorías de los fondos del fideicomiso, un proceso de sustitución de escoltas privadas por el servicio de protección federal, alertas de riesgo focalizadas, cooperación internacional, ampliación de catálogo de medidas de protección y una campaña para reconocer su labor.

Modificar los discursos públicos

Finalmente, Rodrigo Santiago Juárez, director del Programa de Agravios a periodistas y Defensores Civiles de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), recordó las recomendaciones del relator de la ONU al referir que la seguridad a largo plazo no puede mejorar sino se aborda el tema global de los ataques contra defensores y periodistas.

"Hay razones sistémicas que mantienen estos problemas estructurales y ocasional que no se protegía a este grupo de la población. La situación grave en México está vinculada con prácticas de impunidad, corrupción y ausencia de un Estado de Derecho".

CNDH

Para terminar, explicó que la única manera de transitar hacia escenarios donde periodistas y defensores no requieran ser protegidos, es modificar con seriedad y diligencia la erradicación de la impunidad, dejar de criminalizar y modificar el discurso público de los funcionarios para reconocer su labor.